Los furibundos separatistas catalanes están dispuestos a atropellar la Constitución y la propia Democracia de España, con tal de declarar unilateralmente la independencia. Han convocado un referéndum ilegal el 1 de octubre con el que pretenden decidir no sólo su futuro sino el de todos los españoles. Romper la unidad territorial. La paz. Y cuentan para ello con la ayuda de fuerzas radicales, desde la extrema izquierda de Podemos y sus grupos satélites hasta Rusia, que ve en la posible fragmentación de España una pieza más para desestabilizar la Unión Europea.
Es la historia de un chantaje. Sustentado en falsedades y propaganda burda para manipular los más primitivos sentimientos nacionalistas. Incluso han llegado a decir que el referéndum “por fin enterrará a Franco”. Como si Cataluña no hubiera prosperado –extraordinariamente– con un gobierno autónomo y su propia lengua y cultura dentro de la España democrática, que arrancó en 1978 con la Constitución (elaborada en gran parte por juristas catalanes), y votada favorablemente por el 90% de los catalanes. La misma Constitución que ahora violan y ultrajan.
No en vano el expresidente Felipe González afirma que “España vive una dramática crisis de Estado”, la “más preocupante en los últimos 40 años”. Muchos pensamos como González. De hecho la práctica totalidad de los españoles –incluidos más de la mitad de los catalanes– está en contra de esta bravata autoritaria, instigada por la cúpula de la Generalitat (gobierno autonómico de Cataluña). Y digo “autoritaria” porque la Ley de Ruptura con España, que aprobaron fraudulentamente el pasado 7 de septiembre (intimidando a opositores y violando su propia normativa) eliminaría la división de poderes en una Cataluña independiente.
Es también la historia de un secuestro, orquestado por una minoría irracional contra la mayoría sensata. Irraccional y cargada del mismo odio antiespañol con que el separatismo militante ha adoctrinado a dos generaciones de catalanes, que han acabado creyéndose la propaganda secesionista: “España nos roba”, “España es un estado autoritario”, “Solos seremos más ricos”, “Podremos seguir dentro de la Unión Europea”, “Tenemos derecho a separarnos”, etc.
Todos falsos argumentos, desmontados repetidamente por juristas, economistas y otros expertos. Nada menos que 400 académicos de derecho internacional han desmontado los supuestos fundamentos del referéndum, firmando un manifiesto en el que señalan que “según la doctrina de Naciones Unidas y la jurisprudencia internacional sobre el derecho de autodeterminación, la posibilidad de independizarse sólo se reconoce en el caso de ‘pueblos de territorios coloniales o sometidos a subyugación’ ”.
Además, la Constitución española no contempla –como ninguna otra de Europa– el derecho de un territorio a separarse. Una reforma constitucional requeriría dos tercios del Congreso y Senado y la posterior aprobación en las urnas por todos los españoles. De ahí que el Tribunal Constitucional haya declarado ilegal la convocatoria del referéndum secesionista.
Tampoco es cierto que puedan permanecer en la Unión Europea o puedan seguir usando el Euro como moneda, ni mucho menos que la independencia les haría más ricos. Muy al contrario, la secesión reduciría el Producto Interior Bruto (PIB) entre un 19% y un 30%; y eso sin contar las previsibles fugas de capitales y empresas, amén del inmenso costo de establecer un nuevo país. Sin olvidar que ya desde 2010 el gobierno de la Generalitat perdió el acceso a los mercados internacionales de capital. ¿Cómo van a financiar las deudas?
Quizá la mayor de las patrañas es la queja de que “España nos roba”. No es Cataluña la Comunidad Autónoma que más contribuye al Estado central –9,892 millones de euros que representan un 5% de su PIB– sino Madrid, que aporta 19,205 millones, un 9.8% de su PIB. Muy lejos de la cifra inventada que dan los independentistas de 16,000 millones.
Pero la verdad no cuenta. El independentismo catalán navega en la posverdad y trafica con la sedición. Amenazan con tomar las calles y el Parlament para declarar a las bravas la independencia en caso de que fallen los planes de referéndum, dado que el gobierno de Mariano Rajoy y los órganos de justicia han mutilado la logística (incautando papeletas, precintando centros de votación y disolviendo la Sindicatura Electoral mediante cuantiosas multas a sus miembros por desobedecer al Tribunal Constitucional).
A medida que se acerca la hora cero este domingo, está claro que los independentistas, encabezados por el líder de la Generalitat, Carles Puigdemont (que pretende pasar a la historia como presidente o mártir), no buscan negociación ni legitimidad, quieren pelea. La provocación a toda autoridad legal y la agitación social como sucedáneos de democracia. Así de bajo han caído. Así están intentando sumir a España en una crisis de Estado. Nada les haría más felices a los secesionistas y a sus socios radicales (Podemos etc.) que derribar al gobierno de Rajoy y sustituirlo por una coalición de extrema izquierda que pudiera también destronar a la monarquía.
Parece como si el túnel del tiempo nos estuviera devolviendo al 6 de octubre de 1934, la última intentona del independentismo catalán, y uno de los focos de rebelión que contribuyó a la Guerra Civil. Esta vez, por mucho caos que provoquen, el Estado Español es lo suficientemente fuerte como para resistir el envite. Con el respaldo de la Unión Europea.
No obstante sería iluso creer que el cáncer del independentismo y la sedición desaparecerá el 2 de octubre. Habrá tensión e incertidumbre en España para rato. Y peligro.
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