Ya no hay el más mínimo espacio para un acercamiento en torno al espinoso asunto del acuerdo definitivo de paz y su implementación. El gobierno nacional y el presidente Santos impusieron, como se les dio la gana, su criterio haciendo añicos instituciones y tradiciones que se consideraban intocables.
El escenario de la gran contienda electoral que se avecina tendrá como contendientes dos grandes bloques conformados en torno al tema de los acuerdos de paz. El gobierno Santos ha convocado a los tradicionales, a las izquierdas y a los progres a unirse en “defensa de la paz”.
Como para que no nos quepa duda del peligro de avance franco de las fuerzas castrochavistas ahí están Petro, Clara López, Piedad Córdoba, Robledo, las Farc, el Polo, el partido Comunista, la Unión Patriótica, la Marcha Patriótica, que con matices se han solidarizado con el dictador Maduro, y los progres como Claudia López, Mockus, Navarro, Fajardo y la elite del periodismo. Estos últimos y los políticos tradicionales como Roy Barreras, Benedetti, Velasco, Lizcano, De la Calle, Vargas Lleras, Juan Manuel Galán, Simón Gaviria y uno que otro paniaguado y enmermelado repentista, se supone, serían los encargados de contener a la izquierda para que no se desborde y quieren convencernos de que ellos sí son capaces de evitar el avance del castrochavismo.
De otro lado, están las fuerzas políticas y sectores de opinión que nos opusimos con valentía y en condiciones bastante inferiores triunfamos en el plebiscito, sin otra opción que ganar las elecciones legislativas y las presidencial del 2018 en primera vuelta si se quiere cumplir el objetivo de retomar el rumbo.
Los expresidentes Uribe y Pastrana forjaron un acuerdo al que pueden entrar todos aquellos que se sientan llamados a participar en esta campaña con sabor a cruzada.
Es fundamental para la cohesión interna que se defina, lo más rápido posible, cual ha de ser el candidato y si el objetivo de esta alianza republicana es el de “hacer trizas” el acuerdo y su implementación o hacer “modificaciones” en algunos puntos específicos. Se aprecia una mayor tendencia hacia este último ante hechos cumplidos que no hay porqué desconocer. Un solo ejemplo, si ya hay de más de seis mil guerrilleros desmovilizados habrá que sostenerles las seguridades y garantías.
¿Qué es, entonces, lo que se debe modificar para retomar el rumbo que traía el país y que se perdió en la mesa de negociación de La Habana? Pienso que lo ideal y antes de entrar en la letra menuda se debe aplicar un criterio transversal a todo aquello que se quiera modificar o reversar que se puede resumir en que todo lo que haya sido acordado por encima o en contra de la Constitución debe ser modificado.
Habría dos vías para concretar este propósito, la primera consiste en presentar el mismo siete de agosto del 2018 al Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional que contenga, entre otros, los siguientes puntos: 1. Desconocer la calidad de contraparte de las Farc frente al Estado en el acuerdo para una paz estable y duradera. De esta manera se desactiva la presunción de que lo firmado es un tratado internacional inmodificable. 2. Derogar la ley que estableció la creación y normas de funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), para restablecer la soberanía e integridad de nuestro poder judicial y conjurar el peligro de un poder dual o paralelo con integrantes extranjeros. 3. Derogar todos aquellos organismos de control y seguimiento de los acuerdos como el Csivi que tengan delegados de Estados o gobiernos extranjeros. 4. Aplicar en sentido estricto los compromisos del Estado colombiano en materia de delitos internacionales, en particular los relativos a la Corte Penal Internacional en el marco de la reducción de penas de la justicia transicional de su Estatuto. 5. Revisar en profundidad todos los decretos expedidos en el marco inconstitucional del fast track. 6. Ordenar al Ejecutivo la conformación de una Comisión de Alto Nivel para finiquitar las modificaciones a que haya lugar en aplicación del principio expuesto al comienzo del proyecto.
La segunda vía es convocar un referendo derogatorio de todas aquellas leyes y decretos que hayan alterado o sustituido la Constitución y deformado las funciones de los poderes públicos.
Coda 1: la consolidación de la dictadura en Venezuela debe tener consecuencias en Colombia. El presidente Santos a última hora, como los oportunistas, les dio la espalda a sus mejores amiguis. Debería, en concordancia con sus “contundentes” declaraciones, excluir de la CSIVI al delegado del Estado dictatorial de Venezuela. La CSIVI es una especie de suprapoder integrado por tres delegados del gobierno nacional, tres de la guerrilla, un delegado por cada país: Noruega, Chile, Cuba y Venezuela, que tiene la función de garantizar el cumplimiento de lo acordado y dirimir los conflictos de interpretación que puedan surgir en su proceso de implementación. Cuando se presente un empate ante una diferencia intervendrán los delegados de esos países de los cuales dos son dictaduras comunistas y uno es vecino nuestro.
Coda 2: Conteo regresivo para el presidente más impopular de las últimas décadas. Si hay justicia y se demuestra que Odebrecht financió parte de su campaña, su salida debe producirse antes del 7 de agosto de 2018.
Darío Acevedo Carmona, 7 de agosto de 2017
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