El miércoles pasado (5 de abril) el Congreso de la República, con la retirada del recinto del Centro Democrático y de uno que otro parlamentario digno, formalizó el golpe de Estado en curso que se ha estado perpretando desde fines de noviembre de 2016 cuando se anunció el nuevo acuerdo definitivo de paz.
La Jurisdicción Especial de Paz será autónoma, no rendirá cuentas a nadie, tendrá varios magistrados extranjeros, estará por encima de las Cortes colombianas, dictará sentencias inapelables, condenará criminales de guerra para dejarlos libres y elegibles para desempeñar cargos públicos y de representación popular, podrá revisar todo lo actuado por jueces y tribunales en el pasado, igualará a terroristas con militares, y funcionará por doce o más años poniendo en ascuas no solo a las instituciones históricas y legítimas que nos hemos dado los colombianos por vía constitucional sino también a miles de ciudadanos que por un solo señalamiento o sospecha de haber colaborado o participado “directa o indirectamente” con los grupos paramilitares podrán ser investigados.
En el mismo acto legislativo se aprobó, bajo una farragosa retórica declaración de principios que ya figura en nuestros códigos, el reconocimiento de las víctimas y de sus derechos. Además, fue aprobada la llamada Comisión de la Verdad que estará integrada a partes iguales por elegidos del gobierno y de las Farc y el desempate, luego de un enredado método, probablemente favorable a esta guerrilla. Se pretende con ese instrumento establecer, como si ello fuese posible y válido, una “verdad”, única, inapelable, indiscutible, eterna, sobre el conflicto, para algunos una guerra, y he ahí una discusión que no se salda ni se saldará.
Todo apunta a que se produzca un texto acorde con la versión ideológica, pasada por académica, de la intelectualidad y la academia de izquierda y progre según la cual lo que ocurrió en Colombia “durante más de medio siglo de guerra civil” fue un “alzamiento en armas del campesinado en lucha por la tierra y contra la exclusión política y las injusticias sociales”. En tal situación, el Estado oligárquico habría apelado a la “guerra sucia”, habría implantado “un Régimen de terror y antidemocrático de persecución y represión contra el pueblo y sus luchadores”. Colombia, según dicha versión siguió el mismo camino de las dictaduras del Cono Sur.
Detrás de ese discurso que se ha inoculado con anestesia por vía intravenosa en los cerebros de los defensores e ideólogos de la paz que les entregaron a los derrotados la presea más valiosa de un conflicto bélico, la VERDAD, ha germinado un desestructurante y disolvente sentimiento de culpa que conduce, indefectiblemente, a entregarles todo para sanar la culpa y de contera, darles la razón para expiar el pecado.
Por parte alguna habrá referencias a la influencia de la revolución cubana, a la copia de proyectos guerrilleros continentales, eso, dirán, es pura imaginación de mentes complotistas que niegan la existencia de causas objetivas y materiales de la insurrección popular. Será marginal la alusión a la “guerra fría” a la ideología comunista, al rechazo masivo con que la inmensa mayoría del “pueblo” que dicen “representar”, recibió las promesas de redención de unas guerrillas que nunca fue convencido de sus supuestas bondades.
Esa Comisión que no es más que una descarada pretensión de torcerle el pescuezo a la realidad para lavar los crímenes de guerra y justificar lo injustificable, fracasará como les ha ocurrido a ese tipo de organismos en otras partes del mundo. Porque, entre otras cosas, algo bien diferente es que la justicia y los jueces establezcan la verdad de lo ocurrido en acciones y hechos delictivos puntuales e identifiquen los culpables y los condenen a que se nos diga que hay una verdad a la que debemos plegarnos.
Retomando el tema de la JEP, lo sucedido esta semana con el exministro del gobierno Uribe, Palacio y el gerente de la JEP, es algo que tenderá a generalizarse. Vendrán en búsqueda de la ansiada libertad, que no justicia, militares, políticos, funcionarios, empresarios, muchos de ellos condenados sin pruebas suficientes o con penas exageradas, sin derecho a segunda instancia, a tocar las puertas del frankestein creado por gobierno las Farc y el Congreso.
Porque esa es la lógica perversa que subyace en esa arma letal concedida por Santos, Jaramillo y de la Calle al grupo terrorista Farc, eximir de cárcel a criminales de guerra dejándolos habilitados políticamente y convocar a sus “enemigos” con el instrumento del chantaje: declárense culpables y se les dejará libres.
Esta será “la verdad definitiva del conflicto” que Santos les entregó a las Farc. Y a decir verdad, el instrumento es tenebroso y eficaz “o cantas o te pasas la vida en la cárcel”. El método usado por el senador del Polo Iván Cepeda consistente en recorrer prisiones buscando testigos contra Uribe a cambio de reducción de penas y exilios, es el mismo que emplean sin tapujos los señores Alvaro Leyva y el neocolonialista español Enrique Santiago que visitan guarniciones militares para pintarles pajaritos de oro a condenados sin esperanza.
La idea de Justicia que se puso en marcha está fundada en el chantaje contra hombres condenados a decenas de años que ya no tienen opción de libertad. Un método basado en la humillación y el aprovechamiento indigno de la debilidad extrema del otro.
Darío Acevedo Carmona, 10 de abril de 2017
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