Cuando el tigre no es el único en acumular rayas

MIAMI, Estados Unidos.- El informe de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en 2016 puso en evidencia el deterioro casi generalizado en que se encuentran las libertades y la justicia en el mundo. La lista, en la que muy pocos quedaron exentos de irregularidades en lo que a respeto de derechos se refiere, la encabeza Turquía. El gobierno de Erdogan, aspirante a ingresar en la UE e importante miembro de la OTAN, ganó ese triste privilegio con más de cien periodistas detenidos y 184 medios cerrados, entre otras arbitrariedades.

En el caso de América el documento valora como deplorable el fracaso de numerosos estados del área en el cumplimiento de valores que no deberían ser una asignatura pendiente para una mayoría de gobiernos integrados en el sistema democrático que impera en el continente.

La lectura de los principales señalamientos hechos por el organismo internacional refrescó en la memoria ciertas palabras pronunciadas por un viejo conocido en relación con el tema de los derechos humanos en Cuba. Respondiendo a críticas sobre el comportamiento represivo de los órganos de seguridad en la Isla, la persona argumentaba con aquello de que una raya más en la piel del tigre no hace que el felino sea más “tigre”. Una forma de aceptar las censuras sobre actos violatorios cometidos por la policía política cubana, sin expresar por ello un sentimiento de culpa o necesidad de excusas. Corrían los años en que 75 activistas de la sociedad civil sufrían las penosas condenas del 2003.

Cuba, eterno presente en estos informes de Amnistía, fue señalada una vez más. En esta ocasión por no permitir la entrada a los relatores de la ONU y otros representantes de organismos que velan por el respeto de los derechos humanos. En específico se significa su reiterada negativa a firmar los pactos internacionales sobre derechos y las nuevas formas de presión ejercidas contra disidentes y activistas cívicos, sometidos a arrestos abusivos durante breves períodos de tiempo, lo que se traduce como acoso a las libertades de expresión, asociación y reunión. Una cifra de más de 800 detenciones sirven de base argumental a estas acusaciones.

Pero mirando el panorama que se ofrece en los países vecinos de la Isla las cosas dejan al gobierno dictatorial muy a la saga, considerando la situación de estados que sí son firmantes de pactos, con elecciones libres y un aparente ejercicio de libertades y derechos garantizados por sus leyes y constituciones. El que peor nota saca, según el informe, es México.

Criticada por no reconocer la crisis de derechos humanos que ha dejado 30 000 desaparecidos, la nación azteca contabiliza miles de muertos e incontables desplazados. El escenario en 2016 ofrece un cúmulo preocupante de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o malos tratos, en medio de un aumento de la violencia de la que las mujeres volvieron a sufrir las peores consecuencias. A lo anterior se suma la impunidad de los que cometieron las injusticias y crímenes. Destaca el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, aún por esclarecer.

Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Brasil, Jamaica, Belice, Colombia y Paraguay aparecen detrás de México. La coincidencia en el tipo de violaciones y el grupo de víctimas se repiten en la mayoría de los sumarios.

Los pueblos indígenas, las mujeres y las personas inscritas en el arcoíris del colectivo LGBTI resultan los grupos más sensibles. Amenazas, ataques, intimidación, violencia sexual. La falta de defensa adecuada y anomalías en la aplicación de la justicia en los hechos denunciados denotan problemas de racismo, discriminación e intereses económicos. En este contexto resulta llamativa la petición de la ONU hecha a Costa Rica para que las próximas elecciones no se gestionen mediante un clima xenofóbico y racista.

Honduras capta la atención por un ligero aumento en el número de asesinatos (3 438 frente a 3 335 en el 2015) donde los grupos con mayor grado de vulnerabilidad están compuestos por mujeres, migrantes, desplazados internos y defensores de los derechos humanos.

Corren especial peligro los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Sobre todo cuando se oponen a proyectos de gran escala en los que se involucran grandes empresas y multinacionales. Es lo que ocurre con misquitos nicaragüenses, lencas hondureños y varios pueblos indígenas de Sudamérica.

En la misma situación se encuentran los periodistas, que sufren amenazas, agresiones y homicidios. Once profesionales de la información fueron asesinados. Una realidad que hace extremadamente peligroso el trabajo de activistas e informadores.

Algunos nombres recogidos por el informe establecen el perfil de los que resultan el blanco de los homicidas y las razones de que la orden mortal haya sido dictada en su contra. El campesino colombiano Gilberto de Jesús Quintero, oriundo de Antioquia, a quien ―tras ser asesinado― se le hizo pasar como un guerrillero del ELN muerto en combate, ejemplifica más de mil ejecuciones llevadas a cabo por la fuerza pública bajo la figura criminal de los llamados “falsos positivos”. Se cita el asesinato de Berta Cáceres, líder y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), los defensores de los derechos humanos José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y el de René Martínez, presidente de la Comunidad Gay Sampedrana en San Pedro Sula.

“Las oleadas de represión se tornaron cada vez más visibles y violentas; con frecuencia, los Estados hicieron un uso indebido de los sistemas judiciales y de los aparatos de seguridad para responder a la disidencia y al creciente descontento de la ciudadanía, y aplastarlos de modo implacable”, denuncia AI. Ilustrativo el proceso investigativo sobre la matanza de Curuguatay, que costó la renuncia al presidente paraguayo Fernando Lugo. A cuatro años de aquellos hechos se desconoce investigación sobre la muerte de once campesinos en el enfrentamiento con la policía. Situación contrastante con la de los lugareños acusados de la muerte de uniformados que sí fueron condenados.

No deja de mencionar el informe de Amnistía el impacto de las recientes elecciones en Estados Unidos y el ambiente enrarecido que el discurso del presidente Donald Trump ha puesto como condimento a lo que ya resalta como una situación alarmante. Sobre esto AI apunta la existencia de “una retórica contraria a los derechos, racista y discriminatoria” en la región y una muestra de ello fue la elección de Donald Trump como presidente de EEUU, lo que “suscitó honda preocupación” por el futuro compromiso estadounidense con los derechos humanos. Inquietud mayor si se toma en cuenta el criterio del nuevo inquilino de la Casa Blanca sobre la prensa.

Un panorama en el que aquella reflexión sobre las franjas en la piel del tigre cobra sentido particular, si aquellos que por su comportamiento deben servir de ejemplo para que la fiera se amanse terminan por parecérsele y hasta le superen en la cuestión de llevar mayor número de rayas sobre la piel.