A finales de 2017 están previstos los comicios para elegir Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. Si existiera en Cuba un régimen democrático, estas elecciones renovarían un sistema legislativo que, de hecho, fuera la base del gobierno en representación del pueblo. Basta con examinar las disposiciones de la Constitución de 1992, enmendada en 2002, para comprobar que la ley máxima de la nación le concede potestad para ello y que bastaría un impulso de voluntad política para poner en marcha una transición democrática.
En consideración al Artículo 3 de la Constitución de la República de Cuba, que estipula, según la Reforma Constitucional de 2002, que: “En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan”, y a que, además, el Artículo 68 b) establece que: “las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales”, y a que el Artículo 69 determina que: “La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado”, el pueblo cubano podría incluso fomentar una iniciativa popular, con la autoridad que le conceden al pueblo los Artículos 63 y 88 g), para dirigirse a ese órgano supremo del Poder del Estado con la petición de que asuma la responsabilidad que le corresponde en representación de su pueblo para tomar en sus manos las riendas de los cambios que fueran necesarios para impulsar el desarrollo y el bienestar de los cubanos.
Según la Constitución cubana, la Asamblea Nacional tiene, además, potestad para determinar quienes son los miembros del Consejo de Estado y también para destituirlos. No sólo no ha sucedido nunca que algún miembro del Consejo de Estado sea destituido sino que ni siquiera ha habido intento de hacerlo en alguna oportunidad. Pero podría suceder.
Lamentablemente, la Asamblea Nacional suele reunirse apenas dos o tres días dos veces al año para aprobar prácticamente sin debates decenas de leyes y decretos que logran una constante unanimidad. Esta unanimidad se debe en gran medida, por una parte a la forma selectiva de las candidaturas de los Diputados electos y, por la otra, a que las votaciones se hacen a mano alzada bajo la mirada inquisidora de los que detentan el poder. Su poder como órgano supremo del Estado se lo confiere la Constitución, pero las circunstancias y el sistema dictatorial han impedido cualquier intento de asumir sus funciones como tal.
La forma selectiva de presentar las candidaturas que permiten llegar a estas posiciones "legislativas" está determinada por la Ley Electoral de 1992. Esta Ley estipula que las Comisiones integradas por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Central de Trabajadores Cubanos (CTC) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), cuyos miembros están a su vez afiliados al Partido Comunista de Cuba (PCC), son las que seleccionan un candidato único por cada circunscripción para ser "elegidos" a las Asamblea Provinciales y a la Asamblea Nacional. Además, estas Comisiones de Candidaturas deben estar siempre presididas por un representante de la CTC.
Esta selección se hace en Asamblea mediante votación a mano alzada que elimina a cualquier aspirante potencial que no esté favorecido por las organizaciones de masas. De hecho, las campañas electorales están prohibidas y la Ley Electoral no reconoce otro partido político que no sea el PCC. Por tanto, aunque el PCC como tal "no propone", como lo señala la Ley Electoral, son activistas del PCC en esas organizaciones de masas quienes seleccionan a los candidatos.
La única opción del votante es NO votar por un candidato determinado. Si en el conteo el que fuera seleccionado como candidato no obtuviera al menos el 50% de los votos, dejaría vacante el escaño y el Consejo de Estado convocaría a nuevos comicios con el mismo candidato u otro nuevo seleccionado.
Para lograr aun mayor control de este proceso "electoral", la Comisión Electoral Nacional (CEN) está integrada por mandato del Consejo de Estado, que es el que selecciona a sus miembros. Sus miembros están en dependencia del Consejo de Estado. A su vez, el Registro de Electores está a cargo del Ministerio del Interior y, por tanto, los encargados del Registro no son independientes ni imparciales.
Además de que no son diputados electos sino selectos por el régimen quienes desempeñan estas funciones, en estas condiciones el Poder Legislativo en Cuba ha sido hasta ahora una farsa que no representa al pueblo cubano sino que actúa supeditado al Poder Ejecutivo con el único propósito de legitimar (al menos en apariencia) sus leyes y decretos. Las leyes así redactadas y aprobadas corresponden a los intereses creados alrededor de la cúpula del poder.
Este proceso monolítico será puesto a prueba en las próximas elecciones de 2017 cuando tres cubanos ajenos a este mecanismo se disponen a aspirar a tres escaños de la Asamblea Nacional aprovechando el mecanismo que les permitiría llegar a esas candidaturas por intermedio de las Asambleas Municipales, desde las cuales podrían presentarse como candidatos de la Comisión Electoral Municipal correspondiente. No obstante, la actividad de estos aspirantes para que avance semejante proyecto ya ha chocado con la represión gubernamental. Uno de estos es Francisco Alfaro Diéguez, quien ha estado participando en la Asamblea y el Consejo popular de su municipio con este propósito, quien reporta que los tres aspirantes a candidatos se han viso involucrados ya en cinco incidentes represivos. En el caso de Alfaro, sucedió algo sin precedentes: "Me vi involucrado en uno de ellos", aclara Alfaro. "Como consecuencia de mis agudas intervenciones, el delegado de la circunscripción llamó el patrullero para que me detuvieran, y la población se interpuso entre las autoridades y yo. Luego los vecinos me custodiaron hasta la puerta de mi casa."
Si el pueblo cubano perdiera el miedo, este antecedente pudiera multiplicarse en 2017 y, en ese caso, brillaría un destello de esperanza.
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