La prisa de Biden por rescatar el castrismo
- Julio M. Shiling
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La prisa de Biden por rescatar el castrismo
21 Jan 2023 23:51
El comunismo cubano (sí, una cleptocracia también puede ser comunista) sigue ejerciendo fielmente el pragmatismo dictatorial, una política institucionalizada en 1959. El espionaje agudo y la promoción de la desinformación estratégica, el terror implacable en casa y una amplia gama de colaboradores, a nivel estatal, institucional e individual de élite, han sido componentes básicos del modus operandi del régimen de sesenta y cuatro años. El castrismo ha aumentado la presión sobre Estados Unidos en busca de alivio. Joe Biden se apresura a complacerles.
Barack Obama, un verdadero creyente del socialismo fabiano, dio a la dictadura cubana lo que había estado persiguiendo activamente durante décadas: la coexistencia incondicional con prebendas estadounidenses. La estratocracia cleptocrática gobernante en La Habana, revisionistas constantes de las directrices marxistas-leninistas, pretendía que se ignorara su robo al por mayor de propiedades estadounidenses, su refugio para terroristas, sus crímenes contra la humanidad y su implicación en el tráfico de drogas. Por decreto ejecutivo, Obama obligó al castrocomunismo tanto como pudo. Se esperaba que Hillary Clinton profundizara este camino inmoral en 2016. Donald Trump y los votantes estadounidenses frustraron esos planes.
La victoria de Trump, no solo puso fin a la iniciativa de distensión entre la democracia más exitosa del mundo y el tercer régimen totalitario más antiguo del globo (después de China y Corea del Norte), sino que revirtió aspectos clave del pacto Obama-Castro. El sueño de la dictadura marxista de una capitulación moral incondicional por parte de Estados Unidos acompañada de dólares quedó castrado, al menos por el momento. El ascenso de Biden a la Casa Blanca prometía días mejores para el comunismo cubano.
Pensando que las cosas discurrieran en Estados Unidos como en la Cuba no democrática, las autoridades comunistas esperaban un retorno inmediato al punto en que quedó la política de apaciguamiento de Obama el 20 de enero de 2017. Después de todo, esta fue una promesa clara de campaña de Biden. El problema para el régimen castrista era que los manipuladores del Partido Demócrata, un pequeño grupo de ideólogos de izquierda (Obama incluido) que pastorean a Biden, tenían otras prioridades.
Recortar la producción de petróleo estadounidense para el socialismo verde era una de ellas. Promover los principios marxistas en la sociedad de Estados Unidos a través del adoctrinamiento de la Teoría Crítica de la Raza, la Ideología de Género y la Teoría Crítica Queer en las escuelas, el mundo académico, el ejército y los lugares de trabajo era otra. Todo esto debía hacerse utilizando instituciones estatales como el FBI, el Departamento de Justicia y otras burocracias estatales. Mantener el control del Congreso era fundamental para esta hazaña. Las elecciones de mitad de mandato de 2022 y la importancia de estados como Florida, donde los votantes podrían ser influenciados para fustigar un acercamiento a un régimen brutal y costarles a los demócratas la Cámara y potencialmente el Senado, era el calendario establecido en espera.
El levantamiento popular cubano del 11 de julio de 2021 (11J) lo cambió todo. El hecho de que cientos de miles de cubanos en más de 72 localidades de toda la isla salieran a las calles para exigir libertad y el fin del régimen despótico, amenazó el control del castrocomunismo sobre la sociedad. Tras arrestar a miles de personas y purgar misteriosamente a altos cargos del poder dentro de las estructuras militares y de inteligencia cubanas, la dictadura marxista oligárquica no estaba dispuesta a esperar a que pasaran las elecciones estadounidenses de mitad de mandato. Se volvieron hiperproactivos.
La despiadada represión terrorista estatal que previsiblemente siguió al 11J, fue testigo de otras maniobras rigurosas para recuperar el control de la población. Las protestas anunciadas para el 15 de noviembre fueron socavadas y replegadas por operativos de inteligencia y contrainteligencia del régimen que, tristemente, desconcertaron el impulso. El anuncio por parte de los gobernantes comunistas de que la emigración era, de nuevo, juego libre y Nicaragua junto con un paso seguro a través de México hasta la frontera sur de Estados Unidos era la salida. La construcción del éxodo, una estrategia probada y comprobada del castrocomunismo contra los Estados Unidos, fue empleada una vez más. En menos de un año se batieron todos los récords anteriores.
La dictadura cubana contó con suficientes aliados en la Casa Blanca de Biden, en su mayoría exfuncionarios de la administración Obama responsables del reproche de 2014, como el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para tragarse la narrativa falsa de que el 11J se debía a las sanciones estadounidenses y no al modelo represivo y caduco del país. Así siguió una guerra relámpago de relaciones públicas y política exterior del régimen castrista llevada a cabo con la ayuda de políticos simpatizantes de Washington, intereses comerciales amorales y organizaciones de fachada para devolver el dinero estadounidense a Cuba. Con miles de cubanos cruzando la frontera sur como telón de fondo, el argumento de la crisis “económica” que esgrimía la dictadura marxista, por desgracia, dio sus frutos.
Durante 2022, se celebraron dos reuniones de alto nivel entre el gobierno estadounidense y el régimen castrista. El 10 de mayo de ese mismo año, la administración Biden concedió legalidad a un fondo de inversión, el primero desde 1960, que permitía a los estadounidenses “invertir” en una empresa cubana. En otras palabras, una entidad comercial aprobada por la dictadura y vinculada (directa o indirectamente) puede, supuestamente, recibir dinero de inversión estadounidense. La premisa impulsada por la dictadura comunista y otros partidarios de este plan es que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) pueden existir de forma autónoma en Cuba y que, de alguna manera, esto podría ayudar a aliviar la “crisis”. Esta interpretación es fatalmente errónea.
En Cuba comunista, no existe actualmente ninguna posibilidad de llevar a cabo un negocio de MIPYME sin tener y mantener un nexo con las autoridades dictatoriales. El autoempleo unipersonal (cuentapropismo) y los trabajos por encargo a pequeña escala no han salido bien parados bajo el comunismo cubano. La relación que el sector no estatal tiene en la economía cubana es irrelevante, considerada en términos de PIB. Son los emporios militares del régimen castrista los que cosechan los beneficios de la política de “acercamiento” con Estados Unidos.
Carlos Fernández de Cossío, oficial de inteligencia y viceministro de Relaciones Exteriores de la dictadura cubana, se quejó abiertamente en diciembre de 2022 de que la inversión extranjera directa autorizada por Biden en mayo aún no había reportado ni un centavo al régimen castrista. La preocupación del gruñón funcionario comunista por el paradero de los dólares, según informó el 20 de diciembre el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, una organización dedicada a promover los negocios y estrechar los lazos entre el Estado marxista y Estados Unidos, era el asunto que La Habana quería que se resolviera.
Al parecer, Biden reaccionó a los lloriqueos de La Habana enviando al senador Ronald Wyden como una especie de negociador por el canal trasero. El demócrata de Oregón partió hacia Cuba en secreto el 29 de diciembre y regresó el 1 de enero. La primera declaración pública sobre la escapada de Wyden se produjo tres días después de la conclusión del viaje. El comunicado de prensa de la oficina del senador citaba al demócrata diciendo: “Durante mi visita a Cuba los empresarios me dijeron que el vibrante sector privado cubano se beneficiaría de pequeños cambios en la concesión de licencias y otras normas estadounidenses”. El apologista del régimen castrista añadió: “Me dijeron que esperaban que estos cambios condujeran a la creación de miles de nuevas empresas.”
Senador de EE. UU. Ronald Wyden ► realiza una visita no publicitada (básicamente secreta) a Cuba
Este truco publicitario cuidadosamente elaborado, seguramente urdido por los mejores ingenieros de propaganda del castrocomunismo y repetido como loros por cómplices estadounidenses dispuestos, pretende preparar el camino para lo que ha sucedido y continuará sucediendo. Western Union ha vuelto al negocio de las transferencias de dinero con Cuba. El castrismo llevaba tiempo esperando este momento.
En febrero de 2022, la dictadura cubana presentó Orbit S.A, una nueva entidad comercial diseñada para manejar esta transferencia de riqueza de USA a Cuba. GAESA era demasiado conocida y muy fácilmente identificable con la estructura político-militar represiva. Con el aumento de las remesas permitidas a 2.000 dólares al día, resulta factible para un individuo canalizar la suma de 730.000 dólares anuales a la isla. Un grupo de individuos podría combinarse y realizar entradas considerables de dólares estadounidenses a Cuba, de las que el régimen castrista cosecharía una cantidad considerable. Pero más aún, permitiría “legalmente” la entrada de una valiosa cantidad de capital de inversión en Cuba, aunque el embargo esté en vigor, y debe hacerse de forma no convencional.
Quizás lo que la administración Biden está buscando es un desafío legal a su autorización de un fondo de inversión de capital estadounidense a Cuba comunista, así como el resultado práctico de elevar el umbral de remesas a niveles que se ajusten más a los inversores corporativos que a los cubanoamericanos como individuos. El sistema jurídico estadounidense se basa, en su mayor parte, en el precedente de casos. Un veredicto favorable en un tribunal ideológicamente amistoso podría, a efectos prácticos, neutralizar lo que queda del embargo. Biden y el castrocomunismo saben que tienen hasta 2024 para sellar los acuerdos que impidan la libertad de Cuba. Podrán ralentizar el reloj, pero no evitarán lo inevitable.
Barack Obama, un verdadero creyente del socialismo fabiano, dio a la dictadura cubana lo que había estado persiguiendo activamente durante décadas: la coexistencia incondicional con prebendas estadounidenses. La estratocracia cleptocrática gobernante en La Habana, revisionistas constantes de las directrices marxistas-leninistas, pretendía que se ignorara su robo al por mayor de propiedades estadounidenses, su refugio para terroristas, sus crímenes contra la humanidad y su implicación en el tráfico de drogas. Por decreto ejecutivo, Obama obligó al castrocomunismo tanto como pudo. Se esperaba que Hillary Clinton profundizara este camino inmoral en 2016. Donald Trump y los votantes estadounidenses frustraron esos planes.
La victoria de Trump, no solo puso fin a la iniciativa de distensión entre la democracia más exitosa del mundo y el tercer régimen totalitario más antiguo del globo (después de China y Corea del Norte), sino que revirtió aspectos clave del pacto Obama-Castro. El sueño de la dictadura marxista de una capitulación moral incondicional por parte de Estados Unidos acompañada de dólares quedó castrado, al menos por el momento. El ascenso de Biden a la Casa Blanca prometía días mejores para el comunismo cubano.
Pensando que las cosas discurrieran en Estados Unidos como en la Cuba no democrática, las autoridades comunistas esperaban un retorno inmediato al punto en que quedó la política de apaciguamiento de Obama el 20 de enero de 2017. Después de todo, esta fue una promesa clara de campaña de Biden. El problema para el régimen castrista era que los manipuladores del Partido Demócrata, un pequeño grupo de ideólogos de izquierda (Obama incluido) que pastorean a Biden, tenían otras prioridades.
Recortar la producción de petróleo estadounidense para el socialismo verde era una de ellas. Promover los principios marxistas en la sociedad de Estados Unidos a través del adoctrinamiento de la Teoría Crítica de la Raza, la Ideología de Género y la Teoría Crítica Queer en las escuelas, el mundo académico, el ejército y los lugares de trabajo era otra. Todo esto debía hacerse utilizando instituciones estatales como el FBI, el Departamento de Justicia y otras burocracias estatales. Mantener el control del Congreso era fundamental para esta hazaña. Las elecciones de mitad de mandato de 2022 y la importancia de estados como Florida, donde los votantes podrían ser influenciados para fustigar un acercamiento a un régimen brutal y costarles a los demócratas la Cámara y potencialmente el Senado, era el calendario establecido en espera.
El levantamiento popular cubano del 11 de julio de 2021 (11J) lo cambió todo. El hecho de que cientos de miles de cubanos en más de 72 localidades de toda la isla salieran a las calles para exigir libertad y el fin del régimen despótico, amenazó el control del castrocomunismo sobre la sociedad. Tras arrestar a miles de personas y purgar misteriosamente a altos cargos del poder dentro de las estructuras militares y de inteligencia cubanas, la dictadura marxista oligárquica no estaba dispuesta a esperar a que pasaran las elecciones estadounidenses de mitad de mandato. Se volvieron hiperproactivos.
La despiadada represión terrorista estatal que previsiblemente siguió al 11J, fue testigo de otras maniobras rigurosas para recuperar el control de la población. Las protestas anunciadas para el 15 de noviembre fueron socavadas y replegadas por operativos de inteligencia y contrainteligencia del régimen que, tristemente, desconcertaron el impulso. El anuncio por parte de los gobernantes comunistas de que la emigración era, de nuevo, juego libre y Nicaragua junto con un paso seguro a través de México hasta la frontera sur de Estados Unidos era la salida. La construcción del éxodo, una estrategia probada y comprobada del castrocomunismo contra los Estados Unidos, fue empleada una vez más. En menos de un año se batieron todos los récords anteriores.
La dictadura cubana contó con suficientes aliados en la Casa Blanca de Biden, en su mayoría exfuncionarios de la administración Obama responsables del reproche de 2014, como el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para tragarse la narrativa falsa de que el 11J se debía a las sanciones estadounidenses y no al modelo represivo y caduco del país. Así siguió una guerra relámpago de relaciones públicas y política exterior del régimen castrista llevada a cabo con la ayuda de políticos simpatizantes de Washington, intereses comerciales amorales y organizaciones de fachada para devolver el dinero estadounidense a Cuba. Con miles de cubanos cruzando la frontera sur como telón de fondo, el argumento de la crisis “económica” que esgrimía la dictadura marxista, por desgracia, dio sus frutos.
Durante 2022, se celebraron dos reuniones de alto nivel entre el gobierno estadounidense y el régimen castrista. El 10 de mayo de ese mismo año, la administración Biden concedió legalidad a un fondo de inversión, el primero desde 1960, que permitía a los estadounidenses “invertir” en una empresa cubana. En otras palabras, una entidad comercial aprobada por la dictadura y vinculada (directa o indirectamente) puede, supuestamente, recibir dinero de inversión estadounidense. La premisa impulsada por la dictadura comunista y otros partidarios de este plan es que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) pueden existir de forma autónoma en Cuba y que, de alguna manera, esto podría ayudar a aliviar la “crisis”. Esta interpretación es fatalmente errónea.
En Cuba comunista, no existe actualmente ninguna posibilidad de llevar a cabo un negocio de MIPYME sin tener y mantener un nexo con las autoridades dictatoriales. El autoempleo unipersonal (cuentapropismo) y los trabajos por encargo a pequeña escala no han salido bien parados bajo el comunismo cubano. La relación que el sector no estatal tiene en la economía cubana es irrelevante, considerada en términos de PIB. Son los emporios militares del régimen castrista los que cosechan los beneficios de la política de “acercamiento” con Estados Unidos.
Carlos Fernández de Cossío, oficial de inteligencia y viceministro de Relaciones Exteriores de la dictadura cubana, se quejó abiertamente en diciembre de 2022 de que la inversión extranjera directa autorizada por Biden en mayo aún no había reportado ni un centavo al régimen castrista. La preocupación del gruñón funcionario comunista por el paradero de los dólares, según informó el 20 de diciembre el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, una organización dedicada a promover los negocios y estrechar los lazos entre el Estado marxista y Estados Unidos, era el asunto que La Habana quería que se resolviera.
Al parecer, Biden reaccionó a los lloriqueos de La Habana enviando al senador Ronald Wyden como una especie de negociador por el canal trasero. El demócrata de Oregón partió hacia Cuba en secreto el 29 de diciembre y regresó el 1 de enero. La primera declaración pública sobre la escapada de Wyden se produjo tres días después de la conclusión del viaje. El comunicado de prensa de la oficina del senador citaba al demócrata diciendo: “Durante mi visita a Cuba los empresarios me dijeron que el vibrante sector privado cubano se beneficiaría de pequeños cambios en la concesión de licencias y otras normas estadounidenses”. El apologista del régimen castrista añadió: “Me dijeron que esperaban que estos cambios condujeran a la creación de miles de nuevas empresas.”
Senador de EE. UU. Ronald Wyden ► realiza una visita no publicitada (básicamente secreta) a Cuba
Este truco publicitario cuidadosamente elaborado, seguramente urdido por los mejores ingenieros de propaganda del castrocomunismo y repetido como loros por cómplices estadounidenses dispuestos, pretende preparar el camino para lo que ha sucedido y continuará sucediendo. Western Union ha vuelto al negocio de las transferencias de dinero con Cuba. El castrismo llevaba tiempo esperando este momento.
En febrero de 2022, la dictadura cubana presentó Orbit S.A, una nueva entidad comercial diseñada para manejar esta transferencia de riqueza de USA a Cuba. GAESA era demasiado conocida y muy fácilmente identificable con la estructura político-militar represiva. Con el aumento de las remesas permitidas a 2.000 dólares al día, resulta factible para un individuo canalizar la suma de 730.000 dólares anuales a la isla. Un grupo de individuos podría combinarse y realizar entradas considerables de dólares estadounidenses a Cuba, de las que el régimen castrista cosecharía una cantidad considerable. Pero más aún, permitiría “legalmente” la entrada de una valiosa cantidad de capital de inversión en Cuba, aunque el embargo esté en vigor, y debe hacerse de forma no convencional.
Quizás lo que la administración Biden está buscando es un desafío legal a su autorización de un fondo de inversión de capital estadounidense a Cuba comunista, así como el resultado práctico de elevar el umbral de remesas a niveles que se ajusten más a los inversores corporativos que a los cubanoamericanos como individuos. El sistema jurídico estadounidense se basa, en su mayor parte, en el precedente de casos. Un veredicto favorable en un tribunal ideológicamente amistoso podría, a efectos prácticos, neutralizar lo que queda del embargo. Biden y el castrocomunismo saben que tienen hasta 2024 para sellar los acuerdos que impidan la libertad de Cuba. Podrán ralentizar el reloj, pero no evitarán lo inevitable.
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