La confrontación del siglo XXI en las Américas de dictadura contra democracia no es una disputa ideológica ni política, es existencial. Las dictaduras con Cuba como jefe y modelo -que convirtió el castrismo del siglo XX en castrochavismo del siglo XXI- están regidas por un grupo estructurado trasnacional que actúa concertadamente cometiendo delitos para detentar indefinidamente el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, obteniendo directa e indirectamente beneficios económicos, políticos e impunidad. Por su naturaleza y elementos esenciales, en democracia el crimen organizado no tiene condición ideológica ni política.
Desde el 11 de Septiembre de 2001 por la Carta Democrática Interamericana “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. La democracia está definida por sus elementos esenciales que son “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Las protestas pacíficas del pueblo cubano iniciadas el 11 de Julio 2021 y la respuesta de la dictadura de Cuba con delitos infraganti de terrorismo de estado y de lesa humanidad, han mostrado al mundo la naturaleza de un régimen que por 62 años manejó la falacia revolucionaria. Han caído los mitos de la revolución cubana, de la liberación de los pueblos, del antiimperialismo, del bloqueo, de los éxitos de la revolución, ha caído el disfraz de la política para encubrir el crimen. La realidad objetiva muestra un grupo estructurado de delincuencia organizada trasnacional, Castro-Díaz Canel, que ordena y ejecuta todo tipo de crímenes para continuar en el poder.
La situación de Venezuela convertida en la principal colonia y plataforma de Cuba presenta a Nicolás Maduro -requerido por la justicia internacional con premio de 15 millones de dólares por su captura- manipulando su reinserción en la política con un diálogo para producir “elecciones en dictadura” o “elecciones con crímenes de lesa humanidad”. Poner a los lideres y la organización de delincuencia organizada como actores políticos y de esa manera continuar detentando el poder, mientras cerca de 6 millones de venezolanos han sido forzados a dejar su país por la mas grande crisis humanitaria, violación de derechos humanos y narcoestado.
En Bolivia, para tapar el colosal fraude electoral de 20 de Octubre de 2020 el régimen falsifica la narrativa de que el fraude electoral de Octubre 2019 -certificado por la OEA y la Unión Europea- que motivó la resistencia civil y la renuncia de Evo Morales, fue “golpe de estado”, y con ese nuevo conjunto de delitos, lesa humanidad y terrorismo de Estado hay cerca de 45 presos políticos, mas de 1.800 exiliados y es “rehén” su “oposición funcional”. La suplantación de la “República de Bolivia” con similares crímenes, instalación del narcoestado, control absoluto de todos los poderes del Estado, represión judicializada, son características de la dictadura que aún algunos llaman “democracia con crisis”.
Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua siguen imponiendo al mundo la narrativa de elecciones para el 7 de Noviembre 2021, luego de que han apresado ilegalmente a todos los candidatos de oposición, inhabilitado partidos políticos y montado un escenario falsificado para ser candidatos únicos. El mundo presencia en tiempo real los delitos infraganti que Ortega y su grupo estructurado cometen y repiten, que han llevado a tener cerca de 436 presos políticos, mas de 150 mil exiliados. La cadena de delitos para reemplazar el respaldo popular por el fraude, incluye crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, mientras se siguen repitiendo falazmente las palabras “elecciones y democracia”.
Pedro Castillo en Perú ha iniciado un gobierno integrado por elementos criminales y terroristas y proclamado la ruptura del orden democrático como su objetivo. Alberto Fernández y Cristina de Kirchner de Argentina y Andrés Manuel López Obrador de México están al servicio de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua para sostenerlas y expandir el sistema castrochavista con el Foro de Sao Paolo y Grupo de Puebla como instrumentos del sistema de delincuencia organizada trasnacional, al que se han integrado.
La observación de la realidad objetiva -hechos- demuestra que la democracia no puede aceptar al crimen organizado como cuestión ideológica ni política. Hacerlo es destruirse.
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