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Breve reseña.

Las políticas de administración pública, constituyen un proceso de actividad orientada ideológicamente al modo de proceder y la toma de decisiones del gobierno, con el fin de organizar las actividades socioeconómicas de los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades mediante la negociación con organismos sectoriales y ramales del territorio.

De esta manera, la calidad presupone un sentido estructurador desde la cual tendrá que erigirse la administración pública cubana, por lo que la estrategia de desarrollo local está basada en la relación con el sector privado, que requerirá de un conocimiento de las características territoriales propias, así como de las necesidades y potencialidades de la población para un desarrollo sustentable con niveles de descentralización.

La nueva Constitución de la República de Cuba promueve utilizar distintos instrumentos para fortalecer la organización económica de los territorios, estos se escapan de la acción neutralizadora de la ideología dominante del Partido Comunista de Cuba (PCC), para que la ciudadanía comience a ser agente de su propio destino.

Es objetivo del presente artículo presentar un conjunto de indicadores que guíen la calidad de la gestión y propicien en la sociedad civil el reconocimiento de espacios para la incidencia en las políticas de administración pública en los territorios.


1. Las bases teóricas.

La efectividad de los órganos locales del Poder Popular está condicionada, por el nivel de solución de los problemas comunitarios en las esferas socioeconómica y cultural, la lucha contra el delito y el enriquecimiento en la comunidad, por el conocimiento adecuado de la ciudadanía acerca del funcionamiento y logros de dichos órganos.

Obsérvese la primaria concepción del individuo para el desarrollo socioeconómico en Cuba, donde las actividades económicas y comerciales fueron concebidas a nivel nacional, internacional y local como prácticas regidas por principios:

- Con su trabajo y dentro de una organización (administrativa, política o de masas), en la que participa en la creación de riquezas administradas por el Estado, encargado de su redistribución social.
- A nivel local, donde el individuo se integra de manera participativa en el desarrollo de su comunidad en jornadas colectivas de trabajo voluntario.

A la luz del 7º Congreso del PCC en abril de 2016, se aprobó la “Actualización de los Lineamientos para el periodo 2016-2021”, entre los que se proponía:

2. “Reconocer las cooperativas y la propiedad privada de personas naturales o jurídicas cubanas”.
75. “Establecer los mecanismos para canalizar las demandas de importación que surjan de las formas de propiedad y gestión no estatales, así como viabilizar la realización de potenciales fondos exportables”.
109. “Culminar el perfeccionamiento del sistema de normalización, metrología y aseguramiento de la calidad, en correspondencia con los objetivos priorizados del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, alcanzando a todos los actores económicos del país”.
141. “Ampliar el trabajo en el sector no estatal, como una alternativa más de empleo”.
249. “Se desarrollarán mercados de aprovisionamiento que vendan a precios mayoristas y brinden los servicios de alquiler de medios y equipos, sin subsidio, al sistema empresarial, al presupuestado y a las formas de gestión no estatales”.

Esta visión supera aquella anterior que implícitamente reconocía al cuentapropismo como autoempleo, al suponer la existencia de empresas privadas de titulares nacionales para los años venideros.

La conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, en sus lineamientos 91, 120, 173 al 186 y 197, reconoció la necesidad de establecer un orden legal y operativo para el reconocimiento de la pequeña empresa privada en Cuba.

2. El modo de proceder.

El Partido Comunista de Cuba (PCC), expresó la premura de establecer nuevas formas de participación social para el diseño de políticas públicas y evitar el distanciamiento de la realidad y de las masas.

Así, tras un intenso debate nacional la IX Legislatura de la ANPP en Diciembre de 2018, aprobó el “Proyecto de Constitución de la República”, que entre sus artículos encontramos:

22. Se reconoce como formas de propiedad las cooperativas, la privada, mixta, de instituciones y formas asociadas, personal.
61. Se reconoce el derecho de los ciudadanos a dirigir peticiones a la autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según lo establecido por la ley.
64. Se reconoce el derecho al trabajo en correspondencia con su elección y exigencias de la economía y la sociedad.
90. Se reconoce como deber ciudadano contribuir a la financiación del gasto público en la forma establecida por la ley.
167. El Gobierno Provincial, “tiene personalidad jurídica propia a todos los efectos legales y se organiza por la ley”.
168. El municipio es “sociedad local, que goza de autonomía y personalidad jurídica propia a todos los efectos legales (…) con el propósito de lograr la satisfacción de necesidades locales”.
169. La autonomía de los gobiernos municipales comprende decidir sobre la utilización de recursos en el territorio.
170. El Gobierno Provincial representa al Estado y tiene como misión fundamental el desarrollo económico y social de su territorio.
188. El Presidente de la AMPP es representante del Estado en su demarcación territorial.
189. “Las sesiones ordinarias y extraordinarias de la AMPP son públicas”.
191. A la AMPP, que le corresponde:
b) aprobar y controlar el plan de la economía, el presupuesto y el plan de desarrollo integral del municipio.
k) proponer al Consejo de Ministros o al Gobernador, la revocación de decisiones adoptadas por órganos y autoridades subordinados a estos.
194. Derechos del delegado a la AMPP:
c) recibir información de las entidades ubicadas en el territorio respecto a problemas que afecten a sus electores.
195. Deberes del delegado a la AMPP:
b) dar a conocer a la AMPP y a la administración de la localidad las necesidades de sus electores.
200. La AMPP a fin de garantizar los derechos de petición y participación ciudadana:

a) convoca a consulta popular asuntos de interés local.
b) garantiza la correcta atención a los planteamientos, quejas y peticiones de la población.

Nótese que se delimitó con mayor claridad las funciones de gobierno y administración en el país, con papel relevante en el nivel local, al que se le confiere mayor autoridad y autogestión, una visión de trabajo horizontal que pretende tender puentes de colaboración en las comunidades para la gestión de los recursos por parte de los Gobiernos Locales.

3. Las nuevas prácticas.

El aspecto novedoso para las cooperativas y el sector privado, mayores contribuyentes mediante sus impuestos a la gestión de los territorios, es que pueden comercializar sus productos y servicios al sector público.

Otro elemento es la asociación de las cooperativistas y privados a sindicatos según la actividad económica que realizan, donde confluyen empleados públicos y privados, por lo que su participación será meramente formal.

Es necesario considerar que aún las cooperativistas y los privados no participan en los procesos de discusión del plan de la economía y el presupuesto para la ejecución del gasto público:

- El proceso de discusión del plan de la economía se realiza por el sindicato de la actividad representado en cada empresa u organismo público donde se debate y exponen las partidas de gastos planificados.
- En cuanto a la evaluación de la ejecución del gasto del presupuesto público durante un año fiscal, la ciudadanía sólo interviene a nivel local en asambleas de rendición de cuentas del delegado a la AMPP.

Para entender este funcionamiento en los territorios hay que considerar: la utilización de la planificación y su manifestación, el vínculo con la descentralización, las formas de gestión económica, la utilización de fuerza de trabajo, la participación de los actores sociales y su vinculación con la toma de decisiones.

La autonomía para los territorios permite el desarrollo las fuerzas productivas y la lógica indica que los gastos del sector público en un territorio serán menores que los del privado.

Un papel central es lograr la autogestión de los gobiernos locales pero vinculado a la participación de las cooperativas y privados en la discusión del plan de la economía, de esta manera se estable la relación plan-mercado.

Asociado a lo anterior, es indispensable una articulación funcional que logre una comunidad que forme y desarrolle intereses para la transformación del interés individual en social.

La ciudadanía promoverá iniciativas ante los delegados a las AMPP, que dependerán de su aprobación en las localidades y transformarán las políticas de administración pública hacia:

1) La introducción de las TIC para acceder a bienes y servicios que permitan entrelazar la cadena de distribución entre el sector público y privado, ante la ausencia de mercados mayoristas en los territorios.
2) La participación de cooperativas y privados en el proceso de discusión del plan de la economía territorial con el sindicato de la actividad en sus instalaciones, donde se debata el plan del presupuesto para la ejecución del gasto público.
3) La orientación del gasto público hacia la contratación de productos y servicios provenientes de cooperativas y el sector privado local, lo que estimula el desarrollo comunitario y la reproducción económica.
4) La reducción del financiamiento al gasto público según el incremento del acceso de los ciudadanos a los productos y servicios de cooperativas y privados, para garantizar en los sectores más vulnerables el acceso a productos y servicios con calidad.

Si bien es cierto que no son medidas de disfrute de toda la población, tendrán un efecto político favorable y desde el punto de vista económico se obtendrán distintas experiencias, las que deben permitir su permanencia y reproducción en la economía de los territorios.

Conclusiones.

El estudio muestra que estamos frente a un cambio en la manera de solucionar los desajustes de la economía en Cuba, por lo que se requiere reflexionar sobre el desarrollo de las cooperativas y el sector privado.

El nuevo modelo está orientado a la territorialidad de las actividades socioeconómicas en el que el sector público y privado pueden contribuir a generar riqueza y empleos, mediante mecanismos locales de redistribución de la riqueza y el involucramiento de la comunidad, para traducir los objetivos de igualdad y equidad.

La autonomía y la descentralización pondrán a prueba la estrategia del Plan de Desarrollo Económico 2030, se decidirá el éxito de un modelo y la oportunidad de iniciar un proceso de transición a partir de políticas de administración pública.