Protestas antiaborto, condenas excesivas y desinformaciones aclaradas

En octubre del 2022 una decena de activistas provida protagonizaron en Washington DC una manifestación frente a una clínica donde se practica abortos. Tras ser detenidos, los autores de la protesta fueron acusados de interferir el paso a las personas que entraban al recinto médico. Un acto penalizado por la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE) de 1994, aplicada contra estos manifestantes. En noviembre del 2023 se notificaron las condenas que finalmente han sido ratificadas el pasado 31 de mayo con penas que oscilan entre 57 y 34 meses de prisión. Destacan tres nombres entre los procesados: Lauren Handy, líder del grupo, quien recibió la mayor cantidad de tiempo tras las rejas (57 meses), Josh Darnel (34 meses) y Paulette Harlow (24 meses de cárcel y 36 meses con libertad supervisada). Todos encausados bajo la figura “delictiva” de mantener “conductas violentas, amenazantes, dañinas y obstructivas destinadas a herir, intimidar o interferir con el derecho a buscar, obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva”. En el caso de la señora Harlow está el detalle de sus 75 años y en el de Darnel su desempeño como divulgador de la “ conspiración ”, una diligencia que terminó pesando en su condena.   

La noticia apenas ha trascendido en los medios de prensa de mayor circulación. Aparece más bien en titulares de publicaciones locales, algunas de ellas vinculadas a instituciones cristianas. Vale citar a mundo cristiano , gaceta.es, Missouri Catholic Conference, el Debate, Zenit, Religión en Libertad, El Tiempo y Massachusetts Citizens, entre otras. Casi todas coinciden en exponer los hechos a manera de denuncia. El contraste con esa intensión la ofrece un artículo publicado en la versión inglesa de la agencia AP, bajo la firma de Melissa Goldin. Se trata de un texto dedicado a explicar la “desinformación” generada en torno a ese suceso. Un esclarecimiento que aparece como sentencia inexorable en el título que encabeza el escrito: “Anti-abortion activist convicted for blockading a reproductive health clinic, not for praying there”. Lo que se traduce como “Activista antiaborto condenada por bloquear una clínica de salud reproductiva, no por rezar allí”. La columnista se remite a los datos de archivo del 2022 con denuncias hechas por usuarios de redes sociales afirmando “falsamente” que una activista antiaborto fue condenada a prisión por rezar frente a una clínica de salud. El trabajo incluye la constatación hecha por fuentes noticiosas sobre la condena de dos años de prisión contra una mujer de 75 años “llamada Paulette Harlow” cuyos “crímenes” han tergiversado los usuarios de las redes sociales y finalmente expone la evaluación de AP sobre estas declaraciones que destaca con el subrayado de Falso y la explicación sobre los delitos federales incurridos que justifican la condena. De manera escueta la señora Goldin presenta a sus lectores la evidencia de que las acciones emprendidas por los manifestantes no fueron pacíficas y merecen por tanto el peso de la ley. Sin embargo, no puede eludir el problema que plantea la dura condena impuesta a la activista Harlow, a pesar de su avanzada edad. 

Que esta noticia, divulgada por las redes sociales haya trascendido a la opinión pública norteamericana para ser tomada como referencia por Donald Trump en algún mitin de su campaña presidencial, parecería razón suficiente para poner la etiqueta desinformativa sobre el asunto, restándole fuerza argumental a los que pudieran esgrimirlo para mostrar el deterioro del estado de derechos y libertades existente bajo el mandato demócrata del presidente Biden. Y para hacerlo nada mejor que apelar a una fórmula muy recurrida por estos días en el contexto global. Así se presenta la alteración de una realidad para manipular o desviar la verdad tras un acto en particular. En esta ocasión se trata de justificar la aplicación de un castigo consecuente con la conducta ilegal de los que han sido condenados. Y si bien puede ser cierta la inexactitud referida sobre la protesta, que no consistió en una simple cadena de oración, tampoco es irreal ni falsa la edad de la enjuiciada, ni la fuerte sanción aplicada. Ocurre otro tanto con la labor divulgativa de Josh Darnel, sin entrar en el análisis de que tenga que pasar tres años recluido por ejercer el derecho de informar. O al menos hasta hace poco así se consideraba una acción de ese tipo, defendida para diversos escenarios del planeta, donde los informadores independientes eran reprimidos por practicar esa facultad. Algo similar si se analiza la dureza del castigo aplicado contra una anciana que pudiera pasar dos años tras las rejas, además de otros tres de libertad controlada, por los actos que se le atribuyen contra una clínica de abortos, o salud reproductiva, eufemismo con el que ahora se describe esta praxis. El caso de la señora Harlow lleva a reflexionar sobre la doblez de estos mecanismos para los que hechos similares reciben consideraciones diferentes de acuerdo con el sitio y circunstancia en que se produzcan. Una protesta antiabortista de similares connotaciones a la que ha recibido estas condenas, ocurrida en terrenos ajenos, abonados por confrontaciones ideológicas o políticas, seguro contará con el apoyo de organismos que se erigirán en garantes de ese activismo cívico frente a autoritarismos que reprimen libertades, niegan conceptos inspirados en principios religiosos y se oponen a la libre manifestación del pensamiento. Los abanderados de estas causas seguramente recibirán el beneplácito del reconocimiento institucional mediante apoyos, premios, financiamientos y el despliegue mediático necesario para colocar a los protagonistas en la órbita noticiosa. Si llegara el momento en que alguno de los temas se hiciera controversial o inadecuado, como ocurre ahora con el aborto, será sustituido a por otro objetivo acorde al libreto de los encargados del tutelaje. 

Más allá de que el método empleado de protesta en el caso de los antiabortistas de Washington DC no haya sido el de la oración pasiva, cabe preguntarse sobre la potencialidad peligrosa que representa ese pequeño grupo de apenas una decena de personas, una de ellas en silla de ruedas y otros del grupo más o menos rondando la tercera edad, como para impedir el buen funcionamiento de la clínica dedicada a menesteres reproductivos. ¿Acaso no hubiera sido más plausible la aplicación de una multa? ¿O es que el objetivo punible buscaba la aplicación de un castigo ejemplarizante para un escenario geopolítico donde estas demostraciones no pueden permitirse? Tal vez ayude a explicarlo la reciente reunión del G7 verificada en Roma donde el tema del aborto estuvo sobre la mesa de la cumbre, como uno de los puntos principales en la agenda de las grandes potencias allí reunidas. La defensa del presidente Macron a mantener la palabra “aborto” en el texto de la declaración final y la presión del mandatario norteamericano Joe Biden para que esto fuera posible, se vieron frustradas por la oposición de la presidenta italiana. Justo cuando el Papa Francisco sumaba su presencia de manera inédita en este evento. En la edición anterior, que tuvo por sede Japón, los lideres participantes firmaron un texto que expresaba claramente su compromiso de “lograr una salud y derechos sexuales reproductivos (SRHR) integral para todos, abordando además el acceso al aborto legal y seguro y a la atención postaborto". En Italia esta referencia quedó fuera ante los lamentos del liberal Macron que se ufana de haber incluido este aspecto como un derecho en la Constitución de su país. Las lamentaciones del mandatario galo encontraron eco en las opiniones de la prensa corporativa destacando que desde octubre de 2022 Italia es gobernada por la ultraderecha, otra palabra muy utilizada por estos días para calificar posturas indóciles y contestarias. 

Y es que el desencuentro entre el presidente francés Macron y Georgia Meloni, anfitriona de la reciente cumbre del G7 , resalta la atención sobre un objetivo de importancia relativa si se pone en perspectiva con otros asuntos de mayor envergadura como para ser tenidos en cuenta por dignatarios de grandes potencias. No escapa que el aborto sea una cuestión a debate en la campaña por la presidencia en Estados Unidos, como lo fuera igualmente en las recientes elecciones al Parlamento Europeo. Acaso el dato puede ser demostrativo de la relación directa de este asunto con uno de los propósitos de un proyecto globalista que busca reducir la población mundial, como denuncian muchas voces tildadas de conspiranóicas, sobre los propósitos de élites mundiales que dominan gobiernos y economías.  Un panorama que pudiera explicar las condenas aplicas a diez activistas provida en Washington, el silenciamiento de los medios sobre este suceso y las explicaciones que se apresuran en dar algunos para mostrar la justeza de las sanciones frente a la naturaleza violenta y “delictiva” de los sancionados.