Diseccionando la acusación por los documentos retenidos por Trump

Pocos de los que creen en una sociedad libre pueden cuestionar la noción de que el imperio de la ley y la uniformidad en su aplicación son elementos sistémicos básicos de una democracia. “Nadie está por encima de la ley” es una frase que alguna vez tuvo profundidad en los EE. UU. Se ha convertido en un cliché poco convincente. Hay un adagio que está cobrando fuerza entre los observadores de la democracia estadounidense. “Nadie debería estar tampoco por debajo de la ley”. Este añadido a la afirmación popular refleja el clima legal que se vive hoy en Estados Unidos. La reciente imputación del expresidente Donald J. Trump por 37 cargos ejemplifica la crisis de la jurisprudencia estadounidense. Este hecho supone una amenaza global para el modelo republicano de gobierno.

La percepción de que actualmente existe un sistema judicial de dos niveles en Estados Unidos se está convirtiendo rápidamente en algo evidente. El terreno jurídico es ahora un frente de guerra. Los enclaves ideológicos del izquierdismo estadounidense ofrecen a los activistas de extrema izquierda el forraje humano adecuado para conseguir validaciones de procesamiento a través de esquemas de gran jurado que no obtendrían en la mayoría de las demás localidades judiciales del país. Son la versión estadounidense de los “tribunales revolucionarios”. Los distritos judiciales de lugares como Washington, D.C., Nueva York y San Francisco, por ejemplo, están siendo explotados para socavar el principio de un juicio justo y la tradición del common law (ley común), que se basa en el precedente.

Los cargos contra Trump contienen 31 acusaciones de supuesta retención intencionada de información de defensa nacional. Los demás son cargos únicos por supuesta conspiración para obstruir la justicia, ocultar documentos, ocultar y conspirar para ocultar documentos, ocultar un documento en una investigación federal y hacer declaraciones falsas. La premisa subyacente de la acción del Departamento de Justicia (DOJ) de la administración Biden contra Trump, tiene que ver con el manejo de los registros presidenciales, a quién pertenecen y si hubo intención maliciosa por parte del expresidente, que resulta ser el principal líder de la oposición y candidato presidencial para 2024.

Desde 1978, la Ley de Archivos Presidenciales ha servido de guía para delimitar lo que es propiedad del Gobierno estadounidense y lo que son archivos personales de un expresidente. Se trata de memorandos, cartas, notas, correos electrónicos y otras comunicaciones escritas durante el mandato de un presidente como jefe del ejecutivo y el de su personal. La ley trata de establecer normas y es aplicada por la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA).

Cuando existe una discrepancia entre un expresidente y la NARA, el caso puede llegar a juicio, y un juez federal resolvería el asunto. Así es como, históricamente, se han gestionado las discrepancias de propiedad relativas a objetos presidenciales. La Casa Blanca de Biden ha manejado este asunto bajo la premisa de que Trump es un enemigo de la república estadounidense. Después de todo, Trump es una parte instrumental del movimiento conservador MAGA, una coalición conceptual etiquetada por Biden como “extremistas” y categorizada, en consecuencia, a nivel fiscal, por su DOJ y FBI.  

El seguimiento del precedente legal, la roca seminal de la jurisprudencia estadounidense, ha sido abandonado por exploraciones novedosas y posmodernas de la ley. El mentor de Barack Obama en Harvard y fundador de la variante marxista de la Teoría Legal Crítica, Derrick Bell, estaría encantado. El Departamento de Justicia de Biden, sin embargo, está insistiendo en su caso sin apenas mencionar la Ley de Archivos Presidenciales (PRA). Esto se debe probablemente a que la PRA no tiene un estatuto penal. En otras palabras, no podría producir los resultados de encarcelar potencialmente a Trump. En el peor de los casos, la PRA solamente podría imponer una sanción civil, normalmente una multa. Los fiscales, en cambio, se han basado en la Ley de Espionaje de 1917, que sí penaliza los delitos.

La Ley de Espionaje se aprobó dos meses después de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Prohíbe obtener información, grabar imágenes o copiar descripciones de datos de defensa nacional con la intención o la creencia de que la información podría utilizarse para perjudicar a Estados Unidos o beneficiar a una nación extranjera. Además de implicar que Trump cometió traición y tuvo un deseo premeditado de dañar al país que representaba como presidente, también presupone criminalidad cuando el jefe del Ejecutivo de la nación tiene problemas con reclamaciones de propiedad de documentos durante su mandato.

Siguiendo los principios del common law, el modelo legal en EE. UU. (excepto parcialmente en Luisiana), hay suficientes comparaciones empíricas, lo que hace que el caso de los documentos contra Trump sea surrealista. Entre las muchas cosas que Bill Clinton se llevó de la Casa Blanca cuando dejó la presidencia había más de 79 grabaciones de audio. Se alegó que esas copias de audio eran conversaciones telefónicas grabadas con líderes mundiales que contenían información clasificada. En 2012, Judicial Watch, una organización sin ánimo de lucro que investiga la mala conducta del gobierno, presentó una demanda solicitando que las cintas de audio de Clinton se transfirieran a la NARA para su adecuada investigación. La jueza Amy Berman Jackson, nombrada por Obama, dictaminó que la autoridad exclusiva para clasificar archivos, según la PRA, recae exclusivamente en el presidente. En otras palabras, la NARA no puede determinar la clasificación, ni puede llevarse por la fuerza los archivos presidenciales.

Los tristemente célebres 30.000 correos electrónicos en los que la secretaria de Estado de Obama, Hillary Clinton, eludió los protocolos de seguridad gubernamentales, poniendo en peligro la seguridad nacional estadounidense, son otro ejemplo de ello. El entonces director del FBI, James Comey, concluyó, tras investigar a Clinton, que había 110 correos electrónicos que contenían información clasificada y que otros 2.000 habían sido “subidos” a la categoría de clasificados. Además de esta enorme cantidad de información privilegiada, se encontraron otros 49.000 correos electrónicos con información clasificada en un ordenador portátil privado y no seguro perteneciente a Huma Abedin, una de las principales asesoras de Clinton. El delincuente caído en desgracia y exdiputado demócrata por Nueva York, Anthony Weiner, utilizaba habitualmente el ordenador de Abedin mientras estaba casado con ella y solicitaba sexo con mujeres, incluida una menor de 15 años. Clinton fue reprendida, pero no procesada. La justificación de Comey para no recomendar cargos penales incluía que Clinton era candidata presidencial en unas elecciones.

Antes de la promulgación de la PRA en 1978, los expresidentes eran propietarios de todos los documentos de sus presidencias. Esto incluía información de la que hoy se acusa a Trump de poseer y de enfrentarse a posibles penas de prisión de larga duración. Sería inconcebible imaginar a cualquier expresidente estadounidense enfrentándose a cargos de traición por poseer potencialmente documentos que cada uno de ellos, antes de 1978, tenía la discreción de conservar. El precedente histórico y la importancia de la continuidad en la tradición de gobierno democrático están siendo hechos añicos por el activismo fanático de ultraizquierda de la actual administración.

La obliteración del privilegio abogado-cliente, un sacrosanto principio del Estado de derecho, es otra bárbara parodia legal que está cometiendo el gobierno de Biden. Parte de las “pruebas” para procesar a Trump se obtuvieron mediante la declaración forzosa de facto de información, por lo demás privilegiada, dada por Evan Corcoran, antiguo abogado del 45° presidente, que reveló conversaciones abogado-cliente que tuvieron lugar. Rara vez un juez o un fiscal se aventuran en el territorio de anular la privacidad que se concede a un acusado y a su abogado. Este mecanismo suele ser una garantía férrea para dar cabida al debido proceso y a un juicio justo.

La jueza federal de Washington DC Amy Berman Jackson, la misma jueza de distrito que se mostró excesivamente altiva en su sentencia de 2012 a favor de Bill Clinton, muestra una disposición legal totalmente distinta cuando el acusado es un conservador. Jackson es una activista judicial radical de izquierdas. Cada decisión importante dictada contra cualquier persona asociada con Trump, MAGA, o remotamente sesgada como parte de la Derecha ha sufrido su ira fundamentalista. No contento con fallar a favor de las causas que ayudan a la "marcha a través de las instituciones", Jackson ha añadido discursos vitriólicos que se hacen eco del sentimiento de lo peor de la izquierda extremista. El estrado, para la designada judicial de Obama, es un púlpito, un medio para hacer proselitismo de la religión política jacobina de la que es devota.   

Paul Manfort, Roger Stone, Rick Gates y los acusados del 6 de enero han sufrido la ira y la injusticia de Jackson. El juez federal de DC, que ha supervisado los casos de más alto perfil, nunca se ha echado atrás a la hora de sostener narrativas que desde entonces han sido refutadas, como el engaño Trump-Rusia y el prurito de las elecciones de 2020. No debería sorprender a nadie que Jackson asestara un golpe brutal al debido proceso al hacer una carnicería con el privilegio abogado-cliente.

Conceder la admisibilidad en juicio de las comunicaciones entre Trump y su abogado fue una flagrante violación del privilegio abogado-cliente. Esto perjudicó al jurado a favor del fiscal. La “excepción de delito-fraude”, la base para anular el factor de confidencialidad entre abogado y cliente, es difícil de probar en un caso penal. Ya que su umbral requiere que se esté ocultando o fomentando un delito. Sin embargo, esa es una presuposición que constituye un veredicto de facto en sí mismo. En otras palabras, los acusados y sus abogados defensores deben contar con garantías procesales que aseguren la imparcialidad. Jackson emitió un veredicto de culpabilidad incluso antes de que Trump tuviera el juicio.

Joe Biden guardaba documentos ilegalmente desde los años setenta. Los senadores no tienen la facultad discrecional de llevarse documentos a casa. Como vicepresidente, Biden se llevó documentos, los cambió de lugar y los dejó al alcance de potenciales enemigos de EE. UU. El 12 de enero, Robert Hur fue nombrado fiscal especial para investigar al actual presidente. El público no sabe nada sobre la situación de esta investigación. Probablemente, seguirá el curso de Hunter, su hijo. No irá a ninguna parte.

El hecho de que la acusación de Trump se anunciara el mismo día en que se supo que Mykola Zlochevsky, ejecutivo de Burisma y exfuncionario del gobierno ucraniano, tiene 17 grabaciones (FD-1023) que implican a los Biden en una millonaria estafa de sobornos, es un insulto al pueblo estadounidense. Según Zlochevsky, dos de las grabaciones son del actual presidente y citan un pago de 5 millones de dólares.

No cabe duda de que el sistema legal de doble rasero en los EE. UU. hoy en día, se ha normalizado. Uno solo puede esperar aterrizar en un distrito donde los jurados y los jueces no estén ideológicamente contaminados. Los demócratas son expertos en elegir sus sedes. Esta grave injusticia solamente cesará el día en que los republicanos tengan los medios para llevar a juicio, exigir responsabilidades y encarcelar a muchos de los que han abusado del poder y cometido crímenes atroces contra la república estadounidense.