Una y otra vez se ha demostrado de forma empírica, mediante estadísticas y análisis económicos y financieros, la verdad inmutable de que la libertad promueve la prosperidad y disminuye la pobreza. El aumento de libertad económica en todo el mundo (libre empresa, libre comercio, menor intervención estatal) ha disminuido significativamente la pobreza extrema en lo que va de siglo, pese a la desastrosa recesión que azotó el planeta hace pocos años.
La noticia de una disminución del 50% de extrema pobreza en los últimos 20 años –apenas revelada por una prensa que prefiere la noticia tremendista del desastre y la tragedia– ha sido reportada recientemente nada menos que por el Banco Mundial, con el pronóstico de que está realidad va en vías de mejorar la situación de los más pobres en los años venideros. No sólo 900 millones de personas se calcula que han escapado de las garras de la indigencia desde 1995, sino que el Banco Mundial publicó datos indicando que la pobreza absoluta (calculada como producto de un ingreso de menos de US$1,90 diarios) bajó otro 12.8% en 2015, reduciendo el total de indigentes a 702 millones personas o alrededor del 10% por ciento de la población mundial. En este caso, el Banco Mundial predice audazmente que siguiendo las políticas de mayor libertad económica se podría lograr su objetivo de erradicar toda la pobreza extrema del mundo en 2030. 
Estos notables logros no ocurren en un vacío. Según el 2015 Global Food Security Index, del Economist Intelligence Unit, hay una correlación directa entre la libertad económica y el acceso a los alimentos de un país. Por ejemplo, los países clasificados entre los últimos 15 de 109 países encuestados se encontraban también en los índices más bajos de libertades democráticas de la encuesta. Por el contrario, los 24 países identificados como democracias plenas (en términos relativos), todos recibieron altas calificaciones en el ámbito de la seguridad alimentaria.
Los países del mal llamado “tercer mundo”, son en su mayoría ajenos al sistema democrático y a las libertades y derechos fundamentales de sus ciudadanos, y la tolerancia rayana en permisividad de las políticas internacionales han alentado e impulsado un fuerte proteccionismo en los pocos de esos países que tienen políticas estructuradas de desarrollo, especialmente en lo que respecta a la producción y diversificación agropecuaria. La lógica del proteccionismo está destinada a defender la economía doméstica de la invasión de productos baratos importados de mercados lejanos, sin embargo, tiene fuertes implicaciones para el desarrollo económico de las comunidades desfavorecidas. Se debe tener en cuenta cómo, en la historia, no hay ningún país que haya logrado desarrollar un vigoroso sector industrial sin el apoyo indispensable de insumos agrícolas y la producción de excedentes para la exportación a precios competitivos. Desde la perspectiva del agricultor pobre, no hay incentivos para alejarse de una agricultura de subsistencia a menos que puedan anticipar una buena probabilidad de lograr beneficios sustanciales que justifiquen el sacrificio del ahorro y el riesgo de su inversión.
Hoy día, por seleccionar una región como ejemplo, los países africanos sufren todavía de muchos de los problemas coloniales y en la mayoría no se contempla progreso alguno para superar sus retos en la erradicación de la pobreza y la promoción de una política de desarrollo. La falta de agenda política, la sistematización de la desigualdad social, las cadenas de suministro insostenibles, la inestabilidad económica, el crimen, el terrorismo y la corrupción impiden la formación de una ciudadanía activa y el planteamiento adecuado de una política económica sana, provocando un círculo vicioso de miseria.
La alternativa es evidente. La libertad económica consagra la elección personal, el intercambio voluntario y la protección de la propiedad privada como condiciones básicas para el desarrollo. Se trata de que haya suficiente libertad para iniciar un negocio o contratar a un empleado sin más interferencia del Estado que su obligación de evitar los abusos y los fraudes, o para invertir y comerciar con quien esa relación sea más favorable. Se trata de fomentar el desarrollo desde abajo, promovido por la iniciativa individual, en lugar de asumir un sistema autoritario impuesto por el Estado de arriba hacia abajo.
Bajo estos parámetros, la libertad económica puede encapsularse en seis grandes categorías:
- Gobierno limitado – orientado a la protección, más que al control, de la ciudadanía;
- Fuerte estructura jurídica y derechos de propiedad seguros – orientado a un estado no interventor, salvo en casos de fraude o de tendencias monopólicas u oligopólicas;
- Moneda sólida – con respaldo tangible;
- Libertad de comercio – con acuerdos de reciprocidad;
- Escasa Reglamentación – sólo la orientada a la protección del ciudadano y del consumidor;
- Presupuestos equilibrados – orientados a dar prioridad a la infraestructura económica y a las obligaciones sociales.
Cumpliendo estas condiciones mediante políticas que se ajusten a las características y necesidades de cada Estado, se puede lograr la libertad económica indispensable para el progreso y el bienestar de un país.