Islandia cuenta con una población de cerca de 331 000 habitantes, en su mayoría de origen nórdico e irlandés según los estudios de evidencias literarias, genéticas y de tipos de sangre. Uno de estos estudios indica que la mayoría de los varones que se asentaron originalmente en el país eran de origen nórdico, mientras que la mayoría de las mujeres provenía de Irlanda. La isla principal cuenta con 101,826 km², pero la superficie total del país asciende a 103,000 km², de los cuales el 62,7% es tundra. A su alrededor se cuentan hasta 30 islas menores.
Islandia posee una sociedad desarrollada y tecnológicamente avanzada, predominando la herencia nórdica en su cultura. Es la democracia más antigua del mundo desde que en 930 se fundó un parlamento (Althing) que perdura con diversas modificaciones hasta nuestros días. El Presidente Ólafur Ragnar Grimsson actúa como Jefe de Estado en funciones principalmente ceremoniales y diplomáticas, aunque tiene poder para vetar leyes aprobadas por el Parlamento para someterlas a referendo. El Jefe de Gobierno es la Primera Ministro Jóhanna Sigurðardóttir, quien es responsable con su gabinete del Poder Ejecutivo.
Hasta el siglo XX, los islandeses dependían de la pesca y, en menor medida, de la agricultura, pero hoy día cuentan con una economía industrializada de mercado libre, con impuestos relativamente bajos comparados con otros miembros de la OCDE, de la que es miembro, manteniendo un estado de bienestar que provee asistencia sanitaria universal y educación superior gratuita a sus ciudadanos. En años recientes pareció convertirse en uno de los países más acaudalados, y en 2009 fue clasificado por las Naciones Unidas como el tercer país más desarrollado del mundo.
Esta clasificación se produjo cuando Islandia se precipitaba a la crisis financiera que ha asolado a tantos países industrializados desde 2008. El sistema financiero islandés sufrió también un colapso ese año, causando una fuerte contracción económica y desatando manifestaciones que llevaron a adelantar las elecciones parlamentarias, en las que Jóhanna Sigurðardóttir fue elegida Primer Ministro. Mientras tanto se desarrolló la llamada Revolución Islandesa, que provocó una serie de protestas y movimientos de acción ciudadana hasta que, en conjunto con el nuevo gobierno, provocaron el encausamiento del anterior Primer Ministro, Geir Haarde, quien había gobernado durante lo peor de la crisis.
Finalmente, la presión popular desembocó en la convocatoria a dos referéndums para decidir sobre el pago de la deuda externa contraída por los bancos nacionales y sobre la iniciativa de un proceso ciudadano que desembocó en cambios constitucionales mediante el borrador constitucional del 29 de julio de 2011, que todavía debe debatirse en el Parlamento. Este fue el resultado de la creación de una asamblea popular elegida por el pueblo para redactarlo. La asamblea constitucional constó de 25 ciudadanos sin filiación política electos entre 522 candidatos e inició sus trabajos en febrero de 2011.
En otras palabras, que el pueblo de Islandia logró mediante la resistencia cívica y la acción popular pacífica que dimitiera el gobierno, se nacionalizaran los principales bancos y se decidiera en consulta popular el repudio de la deuda que esos bancos habían provocado con Gran Bretaña y Holanda. El acuerdo inicial en 2008 había sido el justo pago de 3.500 millones de €uros, mediante las contribuciones mensuales de todas las familias islandesas durante los próximos 15 años, a un 5.5% de interés. No obstante, las protestas y la acción popular forzaron la convocatoria de un referéndum y en marzo de 2009 el 93% de los votantes optaron por el NO pago de la deuda.
En medio de esta revuelta pacífica, el gobierno inició una investigación sobre las responsabilidades de los banqueros y altos ejecutivos involucrados en la crisis. Esto dio lugar a la detención y encausamiento de muchos de ellos.
El repudio de la deuda por parte de los islandeses fue el resultado de todo este proceso y es una muestra palpable de democracia participativa en un país de larga tradición democrática. En Islandia se cometieron muchos de los errores, abusos y excesos financieros y presupuestarios que desembocaron en una considerable corrupción y en el enriquecimiento de especuladores que se aprovecharon de una excesiva permisividad bancaria. El pueblo intervino y tomó decisiones con su participación activa en el debate nacional.
No obstante, la responsabilidad de lo ocurrido en Islandia (y en otros países) no puede limitarse a los especuladores y a los gobernantes de turno cegados por la corrupción, sino a todo un pueblo que accedió a disfrutar de una espiral de créditos y gastos que los elevó artificialmente al nivel del “tercer país más desarrollado del mundo”. No cabe duda de que la población de Islandia se aprovechó de la inmensa deuda que asumió para vivir muy por encima de sus posibilidades reales y de su capacidad productiva. ¿Es justo entonces que no paguen siquiera una parte del dinero que dilapidaron? Es la misma pregunta que podríamos hacerles a los griegos, los italianos, los portugueses y otros pueblos donde impera la democracia y donde las decisiones democráticas son, por lo tanto, responsabilidad de todos.