Muchas universidades están ejerciendo una notable presión ideológica de tendencias socialistas sobre su profesorado en Estados Unidos y en otras partes, hasta el punto de bloquear la carrera académica de muchos que se atreven a expresar ideas distintas de las que son consideradas "políticamente correctas" y también sobre los estudiantes amenazados con reprobar por manifestar posturas críticas al discurso oficial.
Es un hecho comprobado que la libertad académica ha disminuido en más de 22 países en los últimos 10 años, según figura en un estudio del Academic Freedom Index: Update 2023 (AFI), elaborado por investigadores del Instituto Friedrich-Alexander-Universität de Ciencias Políticas (FAUIPS, Erlangen-Nuremberg), Alemania, y el Instituto V-Dem en Gotemburgo, Suecia. Estos 22 países representan más de la mitad de la población mundial. Entre estos, el deterioro de la libertad académica ha sido más agudo en India, China, México, Gran Bretaña y Estados Unidos, según este estudio.
Sólo el 0,7% de la población mundial vive en los cinco pequeños países en los que la libertad académica ha aumentado y parece sólidamente establecida. Estos son Chequia (también conocida como República Checa), Luxemburgo, Suecia, Perú, Portugal y Canadá. Para la mayoría de los 152 países restantes, muestra la AFI, la libertad académica está estancada en un bajo nivel.
Entre 2011 y 2021 se han reportado en Estados Unidos más de 700 incidentes contra algún académico por algún tipo de sanción profesional por haberse expresado de forma no aprobada por los regidores de la institución, aunque su derecho a discrepar está protegido constitucionalmente. Casi dos tercios de estos incidentes de discriminación ideológica han resultado en una sanción, y poco más de una quinta parte han resultado en el despido de un académico. Sólo en 2021 un total de 111 académicos sufrieron esta violación a la libertad académica (ver "Scholars under Fire: 2021 Year in Review", publicado por la Foundation for Individual Rights in Education).
Esta lamentable realidad está sucediendo pese a que al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por 171 Estados Miembros de las Naciones Unidas, los firmantes se han comprometido a proteger la libertad indispensable para la investigación científica y la libre expresión y divulgación de opiniones opuestas o divergentes. Por tanto, las violaciones de la libertad académica violan derechos humanos codificados internacionalmente. 
La Scholars at Risk Network (SAR) ha pedido a la comunidad internacional, los gobiernos y las instituciones de educación superior que denuncien los múltiples casos de controles ideológicos a la educación superior y las amenazas a la libertad académica que están sucediendo. En su último informe anual “Free to Think” sobre los ataques a la educación superior y la libertad académica, publicado en noviembre de 2022, sus investigadores informaron de un total de 391 ataques contra comunidades de educación superior en 65 países y territorios entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022.
"Libertad académica" originalmente significaba que una escuela tenía el derecho de "determinar por sí misma por razones académicas quién puede enseñar, qué se puede enseñar, cómo se enseñará y quién puede ser admitido para estudiar". Este derecho se remonta al siglo X, cuando se estableció la primera universidad europea en Salerno, posteriormente afianzado por la Iglesia Católica a partir de la fundación de la Universidad de París (la Sorbonne), concediendo fueros y defendiendo la autonomía de las universidades que iba fundando con el privilegio denominado ius ubique docendi, de modo que la norma se extendió para reconocer en todo el planeta la autonomía universitaria en cuestiones académicas y proteger así a la educación superior de la injerencia política por parte de las autoridades del Estado. El problema es que esto ha derivado a que muchas universidades asuman en nuestros días un "derecho a emplear y cesantear" al gusto de sus autoridades por motivos ideológicos o políticos, una tendencia que es una grave desviación del propósito original.
Por el contrario, el corazón y el alma de la libertad académica es la noción elemental de que las ideas no pueden ser censuradas; cuando más, pueden ser discutidas y rebatidas en un ambiente de plena libertad de expresión. En otras palabras, significa que se puede esperar con razón que aquellos que se unen a una comunidad universitaria expresen sus ideas, cualesquiera que sean, de una manera consistente con las más altas tradiciones de las comunidades científicas y culturales. En realidad, equilibrar la tensión entre los derechos de las instituciones y los individuos no es tarea fácil: Las universidades deben mantener su credibilidad y mensaje, mientras que la facultad necesita la libertad de asumir riesgos intelectuales.
Las universidades deben formar un mercado libre de las ideas y deben alentar a estudiantes y profesores a tomar riesgos académicos y a expresar sus críticas y discrepancias sin temor. Esto facilita una misión educativa más amplia y progresista de las instituciones de educación superior.
La libertad académica protege el derecho de profesores, estudiantes y conferencistas a desarrollar y manifestar sus propias ideas y puntos de vista, aunque los educadores deben dar siempre un ejemplo de estricta objetividad, distinguiendo claramente sus opiniones personales del contexto del material de enseñanza que están utilizando en sus cursos. Por consiguiente, la libertad académica debe proteger también a los estudiantes cuando no están de acuerdo con su instructor u otros estudiantes en el contexto de las discusiones y tareas en clase. Y proteger a los conferencistas y profesores de que se organicen violentos actos de repudio para acallarlos. En otras palabras, debe fomentarse siempre un amplio y libre intercambio de ideas, conceptos e hipótesis.
Esto concierne a los estudiantes porque la libertad académica debidamente aplicada les brinda tres protecciones específicas:
- La protección de la libertad de expresión en el aula. Los estudiantes son libres de tomar "excepción razonada" a los conceptos y teorías presentados en sus clases y de estar en desacuerdo con las opiniones que escuchan de sus instructores, incluso cuando continúan siendo responsables de aprender el contenido asignado del curso.
- La protección contra la evaluación académica inadecuada. Los estudiantes están protegidos de la evaluación "prejuiciosa o caprichosa" de su rendimiento académico por parte de los instructores.
- La protección contra la divulgación indebida. Los puntos de vista, creencias y opiniones políticas de un estudiante compartidos con un profesor durante las interacciones profesionales deben mantenerse confidenciales y no deben ser compartidos por el profesor con otros.
Por otra parte, en las áreas públicas del campus y en sus salones de conferencias debe estar permitido que las opiniones divergentes estén abiertas a todas las personas con el propósito de ejercer la libertad de expresión y reunión. Esto significa que la comunidad de los centros de educación superior tiene el derecho de expresar sus puntos de vista, sin importar cuán controversiales sean, en esas áreas y salones públicos, a menos que esa expresión sea perjudicial o instigue a una situación de peligroso desorden.
Cualquier limitación de estas libertades y derechos es un peligroso primer paso hacia el totalitarismo.
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