El continente ha observado como la cámara baja del Congreso brasileño aprobó con una mayoría superior a los dos tercios necesario el juicio político a la presidente Dilma Rousseff.
La razón fundamental para su enjuiciamiento es que ella violó las reglas fiscales al ocultar el déficit presupuestario mediante el uso ilegal de dinero proveniente de bancos de propiedad estatal . Tal acción tomo lugar durante su campana electoral que llevo a su reelección en el 2014.
La solicitud para impugnar a la presidente fue firmada por tres jueces, uno de los cuales es uno de los fundadores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Curiosamente, este tipo de acusaciones, aunque significativos en términos de dinero, parecen menores en comparación con los grandes escándalos de corrupción en la que el PT) se ha visto involucrado.
Aun así lo que es claro es que el público pide la dimisión del gobierno a quien consideran responsable por la corrupción generalizada, si bien dicha corrupción incluyo cruzó líneas partidarias.
Los escándalos de corrupción implican un complejo esquema expuesto el mayor crimen de la corrupción pública en la historia de Brasil.
El caso involucra a diversas empresas, mayormente constructoras que aseguraron contratos con la empresa petrolera estatal Petrobras por precios inflados. La sobrecarga o la diferencia entre el precio pagado por Petrobras y el precio real fue embolsado por políticos, ejecutivos y funcionarios sin escrúpulos.
Los fiscales alegan que una gran parte de este dinero se utilizó para financiar campañas políticas del PT. Estas incriminaciones llegan hasta el mismo fundador del PT y expresidentes Brasileño José Inazio “Lula” Da Silva, quien se sospecha desvió dinero de éstos negocios de Petrobras para financiar campañas electorales y otros beneficios personales que se consideran ilegales. Para enlodar aún más la pobre imagen del partido gobernante, Rousseff le otorgó a Lula una posición en el gabinete con el fin de conferirle inmunidad política y protegerlo así de la justicia.
Esta actitud es típica de regímenes populistas que creen que su popularidad los haría inmune a juicio de la opinión pública. La popularidad de Lula fue utilizada por Rousseff como escudo de protección contra el procesamiento de una conducta claramente ilegal. En varios países de América Latina la razón populista se ha elevado frente a la razón legal. (Al igual que la “justicia social” y la redistribución económica se han elevado por encima de la democracia).
Pero esta lógica ha tocado fondo ya. El papel independiente y asertivo desempeñado por la justicia brasileña ha sido notable.
Sin embargo, incluso si Rousseff es destituida (que sería el escenario más probable), el día después no sería menos problemático.
Con la salida de Rousseff, la persona para asumir el poder es el vicepresidente, Michel Temer del Partido Movimiento Democrático Brasileño. (PMDB) El PMDB, en sí, está involucrado en estos actos de corrupción y hay acusaciones contra Temer sospechas de que él también, al igual que Rousseff, habría autorizado informes fiscales falsos.
Paradójicamente, el presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, quien ha dirigido la campaña de destitución contra Rousseff, se le acusa de haber lavado el dinero que recibió en sobornos, que se estima en unos 40 millones de dólares.
De acuerdo con Transparencia Brasil, una organización que monitoriza corrupción, de los 513 miembros de la cámara baja, 303 se enfrentan a algún tipo de cargo o acusación. Del mismo modo, en la cámara alta, 49 de 81senators también tienen cargos o acusaciones por alguna violación. En otras palabras, el 60% del mismo Congreso que impugna a Rousseff ha estado involucrado en actividades ilegales.
Por lo tanto, si el proceso se detiene con la destitución de Rousseff, Brasil tendrá que vivir en una permanente crisis de legitimidad del estado y de todo el sistema político. Habrá caos y una mayor polarización. Del mismo modo los sucesores de Rousseff en el gobierno no tendrán credibilidad alguna.
Ciertamente, Rousseff como jefe del Partido de los Trabajadores y como ex ministro de Energía, y como miembro del directorio de Petrobras sin duda, debe asumir responsabilidad. Esta acusación no es meramente un golpe político como Rousseff y sus amigos nacionales e internacionales han señalado sino que fue inspirada por la autoridad judicial que lo recomendó.
Sin embargo, aun así, queda claro que la crisis continuaría si el sistema judicial no logra someter a la justicia a todos los que violaron la ley, tanto a miembros del gobierno como de la oposición.
La única fórmula para la estabilidad es elegir a un presidente legítimo y un Congreso legítimo Esto significa que todos los implicados en la corrupción deben renunciar, o ser obligados a renunciar. La lucha en Brasil no debe terminar con la sustitución de un conjunto de políticos corruptos por otro.
La tendencia debe ser que el poder judicial continúe consolidando su independencia. Es así como los estados de derecho se construyen y es así como los estados proveen seguridad a sus ciudadanos, ricos y pobres.
El movimiento contra la corrupción se está desencadenando en América Latina. Brasil es el epicentro de este terremoto y esperemos que se expanda.
En algunos países, la corrupción está causando la ira pública como en Guatemala, donde el presidente Otto Perez Molina fue obligado a renunciar por un esquema de corrupción donde el restaba completamente involucrado. En Argentina, el sistema de justicia ha actuado contra aquellos que cometieron actos de corrupción bajo el gobierno de la ex presidente Cristina Kirchner.
En recientemente inaugurado presidente argentino Mauricio Macri tiene ahora una oportunidad para promover el cambio institucional, política y cultural en Argentina. Se debe fortalecer el poder judicial, evitar politizar sus decisiones 'y asegurándose de que los que ocupan posiciones en el poder judicial reciban el entrenamiento adecuado y que su lealtad sea a la constitución y al imperio de la ley, no hacia el dedo político, una extendida y lamentable practica en el continente.
El año pasado Argentina experimentó manifestaciones organizadas por los fiscales argentinos un mes después de la misteriosa e irresuelta muerte del fiscal Alberto Nisman, demandando justicia para su ex colega. Obviamente, si ser parte del sistema judicial y cumplir con el deber profesional les puede costar la vida, esto significa que no habrá justicia para nadie, sean para los de derecha, para los de izquierda o de centro. Por eso el ejemplo Argentino es positivo ya que también son los mismos jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales que deben exigir un cambio de práctica y no acoplarse a una mal conducta de corrupción solamente porque es la norma.
La situación en México se encuentra fuera de control como lo prueba el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en la ciudad de Iguala donde aparentemente el aparato municipal y policial de la ciudad entregó a estos estudiantes a un cartel de la droga. Este fenómeno es común en Méjico y América Central.
Del mismo modo en Honduras, dos zares antidrogas fueron asesinados por un grupo de altos oficiales de policía conectados a los carteles de la droga.
El caso Brasil movilizó a una indignada sociedad civil. La lucha por el reforzamiento de las instituciones nacionales requiere un arduo trabajo que incluiría entrenamiento y profesionalización de funcionarios judiciales, capacitación y educación del aparato policial y de seguridad con fines a asegurar su lealtad a la ley y al estado; una educación destinada a transformar el sentido de responsabilidad de la clase política, funcionarios y judiciales y la población en general; y el reforzamiento de una sociedad civil que sepa demandar transparencia y hacer que el gobierno sirva a sus ciudadanos de la mejor manera posible.
Esta tarea no es fácil. Se trata de construir un estado, no perfecto pero decente. El futuro de América Latina no se puede medir solo en términos económicos como muchos todavía creen. Un marco legal y constitucional fuerte también provee un orden, un orden que las sociedades de América Latina tanto anhelan.
El problema de gran parte de América Latina es su ilegalidad, que causa disfuncionalidad y que a la vez sin duda tiene también consecuencias económicas nefastas.