Al final de su más reciente novela, su decimoquinta («Victory City», la ciudad de la victoria), el muy perseguido y amenazado escritor británico de origen indio, Salman Rushdie, a través de un personaje afirma con convicción: «mientras los regímenes caen, las historias sobreviven. Las palabras son las vencedoras».
En el caso venezolano las palabras ya vencieron; son 23 años en los cuales se ha desnudado ante el mundo un régimen oprobioso y falto de todo respeto mínimo a la dignidad humana. Ya no hay nada más que probar al respecto. Entre muchas injusticias -enmarcadas en una sistemática destrucción de las instituciones de la democracia- una que» clama al cielo» es la voz de protesta generalizada, el clamor que se siente y crece en la calle, es la de los reclamos por un salario digno.
Conviene recordar entonces a Hannah Arendt, quien afirmó en varias ocasiones que «la palabra es acción». Máxime cuando la palabra es una protesta por el respeto de derechos ciudadanos, como es un salario justo.
El salario digno no es solo una obvia necesidad humana –sin ella no hay planes de crecimiento material y espiritual posibles-; forma parte de la arquitectura sobre la que se construyen los presupuestos esenciales de una vida humana digna, del llamado a la defensa de las reivindicaciones necesarias para millones de trabajadores en todo el mundo, tal y como se señaló en la encíclica «Rerum Novarum» (de las cosas nuevas), del Papa León XIII, en 1891, y en sucesivas encíclicas y documentos eclesiásticos.
| Al momento de escribir estas líneas, el tipo de cambio del dólar oficial, según el Banco Central, está en 24.4 bolívares por dólar. Ello se traduce en que el monto en dólares que recibimos los pensionados en Venezuela (calculado a lo que se obtiene en bolívares, magros 130 de la moneda nacional), es de $ 5.3 AL MES. Solo para comer, se necesitan 50 veces ese monto. |
Uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a una remuneración justa que permita una existencia digna. El preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo identifica la garantía de un salario vital como una de las condiciones para la paz universal y permanente basada en la justicia social.
Si tomamos en cuenta que en las economías avanzadas, donde el salario promedio es mucho más alto que en las regiones subdesarrolladas, la aspiración de un salario adecuado no siempre se hace realidad, ¿qué podemos decir de aquellos países como el nuestro (o Cuba y Nicaragua) sometidos a regímenes autoritarios donde los detentadores del poder simplemente se burlan de sus ciudadanos y desprecian sus llamados a unos ingresos justos?
Sobre la situación venezolana hoy se debaten dos narrativas, sin duda contrapuestas. La primera, claramente tomando como verdades absolutas las afirmaciones gubernamentales, afirma que no están dadas las condiciones para un aumento razonable de los salarios de los trabajadores. Incluso, algunos beben de las aguas contaminadas gubernamentales, y aceptan como causa para todos los males del país "el bloqueo gringo", "las sanciones del imperio". Cualquier problema o dificultad -los problemas del agua, o incluso que se vaya la luz no solo en ciudades enteras, sino en el recientemente estrenado estadio de béisbol Monumental en La Rinconada, es "por culpa de las sanciones". Causaría risa ello si no fuera dicho con la convicción de quienes han aceptado beneficiarse de la situación, resignarse ante ella, o incluso "cohabitar" con el régimen.
Pero hay otra versión, en la que destaca el economista, profesor universitario y parlamentario democrático venezolano José Guerra, que da una versión opuesta de lo posible, lo que podría hacerse (pueden leerse sus muy válidos argumentos en nota aparecida en este número de Encuentro Humanista). Para Guerra sí hay dinero para un aumento razonable, entre US$ 100 y US$ 150 mensuales. Sus argumentos, en forma resumida, son los siguientes:
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«Con relación al tema salarial, no parece haber discusión acerca de la necesidad de hacer justicia con los asalariados. Tal vez la discusión es cómo hacerlo y el monto del ajuste. Conviene destacar, primero que nada, que no se está solicitando un aumento, sino una compensación por el deterioro acumulado del poder adquisitivo. El actual salario mínimo en Venezuela es inferior a US$ 6 mensuales y, si se suman los bonos que otorga el gobierno, la remuneración alcanza a US$ 12 mensuales, apenas el 3% del costo de las cualquiera de las canastas alimentarias que se estiman en Venezuela, en ausencia de cifras oficiales. Ese salario mínimo fue decretado en marzo de 2022 y desde allí no lo han incrementado; sin embargo entre ese mes y diciembre de 2022 la inflación acumulada fue 244%. Ello sugiere que los salarios no causaron la inflación al menos en ese lapso, sino que más bien se rezagaron considerablemente. La narrativa del gobierno es que no hay dinero para aumentar los salarios. Mis cuentas, basadas en cálculos razonables en medio de las tinieblas informativas de Venezuela, es que sí hay dinero para un aumento razonable, entre US$ 100 y US$150 mensuales.» |
Acá las cifras de lo que en 2023 recibiría el gobierno:
– Exportaciones petroleras netas, incluyendo las que comenzó hacer Chevron: US$12.000 millones.
– IVA: US$ 3.200 millones.
– Venta de gasolina: US$ 1.700 millones.
– IGTF: US$ 1.500 millones.
– Aduanas y otras contribuciones a las importaciones: US$ 800 millones.
– Otros impuestos y contribuciones parafiscales: US$ 1.000 millones.
– Exportaciones de oro y otros minerales: US$ 1.500 millones.
– Impuesto sobre la renta no petrolero: US$ 2.000 millones.
A estos ingresos hay que agregar aproximadamente US$ 5.000 millones en cuentas mantenidas en el exterior, para un total de US$ 28.700 millones.
Sobre la base de una nómina de 4.200.000 pensionados del Seguro Social y aproximadamente 1.200.000 empleados públicos activos, el costo laboral con un salario mínimo de US$ 150 mensuales sería un estimado de US$ 9.300 millones anuales, los cuales serían factibles de ser pagados, dado los ingresos esperados».
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La realidad es que tales argumentos no impactan en lo más mínimo la conducta gubernamental porque la misma deriva, desde el primer día en que llegara al poder Hugo Chávez, de una cuarteta diabólica, formada por tres íes y una ce: INDIFERENCIA, INCOMPETENCIA, e INHUMANIDAD. A las cuales se suma una CORRUPCIÓN que ha hecho de las huestes oficiales las más ricas no solo de la historia venezolana, sino que incluso algunos la señalan como entre las más voluminosas de la historia del mundo.
Por ello, miles de trabajadores -y el número crece semana tras semana- cuya diversidad incluye profesionales, obreros y técnicos, profesores, personal sanitario, así como empleados de sectores siderúrgicos y metalmecánico, de la administración pública, de las universidades y otros sectores educativos, e incluso pensionistas y jubilados, se han manifestado simultáneamente en todo el país para demandar una mejora de sus condiciones salariales y de trabajo.
Mientras, con cinismo, el régimen exige que se salga a protestar, pero en contra de las sanciones…
Las Naciones Unidas han destacado siempre, entre otros, “los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos y el derecho al desarrollo”. Un salario justo está en el corazón de estas aspiraciones.