Los demócratas tienen el plan de ampliar la Corte Suprema, lo que significaría un enorme peligro para la República y la libertad de EE.UU.
Publio Valerio Publícola, uno de los cuatro militares romanos que derrocó la monarquía y forjó la República Romana, tiene la distinción adicional de haber sido el pseudónimo (“Publius”) que emplearon los tres arquitectos del modelo de gobierno en EE.UU. Al escribir El federalista (o Los ensayos federalistas), una serie de 85 ensayos redactados entre 1787 y 1788, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay se propusieron la tarea de tratar de persuadir a los ciudadanos de Nueva York a que ratificaran la Constitución nueva que reemplazaría los Artículos de la Confederación, un esquema débil que no logró preservar la cohesión nacional.
La estrategia para concretar esa hazaña requería lograr que los neoyorquinos le perdieran el miedo a la materialización de un gobierno federal absolutista. Hamilton, Madison y Jay ingeniaron un arquetipo cuyas funciones de gobernar se extendería entre las instituciones del poder político. El afán de este trío dotado intelectualmente, tuvo repercusiones mucho más allá de Nueva York, ya que estableció las bases conceptuales y filosóficas para el ensayo político sistémico en EE.UU.
Después del fracaso de los Artículos de la Confederación, la Carta Magna original (1777-1789), los fundadores estadounidenses tenían claro que el poder político había que dividirlo y establecer un mecanismo de balance y monitoreo mutuo entre las tres ramas (ejecutiva, legislativa y judicial) para evitar un leviatán federal o que una rama adquiriera la supremacía sobre las otras. Hamilton argumentó, convincentemente, que el poder judicial era el más débil, ya que «no tenía influencia sobre la espada o la billetera…» (El federalista No. 78). Al considerar que ésta no podía recaudar o dispensar fondos ni comandar ejércitos, la rama judicial había que despolitizarla lo más posible.
Las recomendaciones hamiltonianas incluían: la tenencia permanente de los jueces federales, la independencia absoluta de las cortes y la capacitación para declarar una ley inconstitucional. Esta última facultad, el control de la constitucionalidad (“judicial review”), sería el arma más potente para resguardar los derechos del soberano, el pueblo, si el congreso emitiese una ley o el presidente una orden ejecutiva, que excediera los límites constitucionales.
El caso emblemático de Marbury vs Madison (1803) fundamentó el control de la constitucionalidad. Esto estableció el precedente histórico que ningún congreso o presidente podría sobrepasar la Constitución, aunque fuera con legalidad procesal y contara con la legitimidad del apoyo del soberano (los gobernados). Esto es la base de un Estado de derecho.
Tribunal Supremo 
Ruth Bader Ginsburg, el pilar izquierdo del Tribunal Supremo, desató el pánico dentro de las filas del Partido Demócrata al morir recientemente.
Pese a lo que sentenció Hamilton de que la rama judicial era la más débil, la evidencia empírica a demostrado que una decisión jurídica puede tener enormes consecuencias. En cuanto a la protección de libertades básicas, el Tribunal Supremo se puede convertir en la autoridad de último recurso para resguardar los derechos preeminentes (Ley Natural). Una rama judicial activista que legisla en vez de interpretar la ley, sin embargo, es un peligro olímpico. La estabilidad del número de jueces que componen la corte más poderosa de la nación, debe ser un constante y no un mecanismo para maniobrar ajustes en los escaños con propósitos ideológicos.
Demócratas en pánico
Ruth Bader Ginsburg, el pilar izquierdo del Tribunal Supremo, desató el pánico dentro de las filas del Partido Demócrata al morir recientemente. Entendiendo la oportunidad que le concede su autoridad como presidente, Trump nominó y logró la aprobación con la mayoría republicana en el Senado, de Amy Coney Barrett. Esta jueza y miembro recién aprobada del Tribunal Supremo es creyente, conservadora y partidaria de la teoría legal “originalista” que considera la letra de la Constitución como inamovible en su significado.
Para Coney Barret el papel del juez es interpretar la Carta Magna, estrictamente y de acuerdo con su entendimiento en el momento que se redactó. Esto es opuesto, diametralmente, a la noción de la izquierda de un juez activista que está legislando.
Para la izquierda radical política, en otras palabras, el Partido Demócrata de hoy, el arribo del tercer juez nombrado al Tribunal Supremo por Trump, pone en riesgo mucho más que la aclamada Ley de la Reforma Sanitaria (“Affordable Care Act” u obamacare) u otras leyes que nunca debieron de haber salido de la jurisdicción de los estados. El curso de acción anunciado por este partido obamista-sanderista es abultar el Tribunal Supremo con más jueces, de izquierda por supuesto, para así contrabalancear la mayoría conservadora, neutralizar la prudencia jurídica y descabezar el control de la constitucionalidad que impediría, con certeza total, cualquier intento de 1. concluir con el Colegio Electoral; 2. añadir a Puerto Rico, el Distrito de Columbia como estados y si hace falta, las Islas Vírgenes y Guam también; y 3. anular el “filibusterismo”.
Con una rama judicial cuasilegislativa, la programación del desmantelamiento de la democracia estadounidense podría llevarse a cabo sin la intromisión de la rama judicial. Sería más bien, con su complicidad. Este escenario tiene una semejanza con los procesos salidos del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, como por ejemplo, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
La Constitución de EE.UU. es cierto que no proporciona una directriz en cuanto al número de jueces que pueden presidir en la corte más importante del país. Es más, también es verídico que es el congreso quién decide en el número de jueces. La estabilidad que ha caracterizado a las democracias anglosajonas, sin embargo, ha sido el papel tan predominante que tiene el ejercicio de la prudencia para la reforma y la dependencia legal en el principio del precedente. Desde 1869, han sido nueve los jueces que han presidido el Tribunal Supremo. Por buena razón eso ha sido el caso.
El ensayo democrático más exitoso en la historia ha sido el estadounidense. Eso no ha ocurrido por casualidad, sino por causalidad. El mejor complemento a un modelo de autogobierno con soberanía popular es ese que logra edificar una sociedad virtuosa y para eso se necesitan parámetros morales y prácticos que limiten las imperfecciones humanas. Madison en El federalista No. 51, aludió a ese entendimiento al decir «Si los hombres fueran ángeles, no haría falta un gobierno. Si ángeles fueran a gobernar a los hombres, no sería necesario controles sobre el gobierno, ni externos, ni internos»
En dicho ensayo abogó por un sistema de frenos y contrapesos (“checks and balances”) para atenuar los vicios de la sociedad, pero más importante aún, de los que gobiernan. Una rama judicial independiente y el ejercicio del control de la constitucionalidad es fundamental para minimizar lo malo y estimular lo bueno en la conducta humana.
En 1937, con el Acto de Reforma de Procedimientos Judiciales, Franklin D. Roosevelt intento romper con el precedente de la independencia judicial y ampliar los escaños en el Tribunal Supremo. Sus razones para semejante idea delirante eran sencillas: la corte estaba torpedeando su agenda de estatizar a EE.UU. Con más jueces dóciles, el Tribunal Supremo adquiriría una semejanza al cuerpo legislativo. Sería una mera extensión para validar la inconstitucionalidad de sus acciones. Pese a la crítica enorme que tuvo, incluso dentro de su propio partido, Roosevelt no necesitó la ley. La intimidación que produjo la noción de ampliar la corte (“court-packing”), quebró parte del Tribunal Supremo y a partir de ahí, los jueces se ablandaron.
Hoy escuchamos a los socialistas del Partido Demócrata, abiertamente, pedir la guillotina sistémica y empaquetar la corte. Lo que están solicitando es matar la autonomía de la rama judicial. Esto sería el fin del imperio de la ley, la desaparición de un Estado de derecho. En su lugar, habría un “gobierno por la ley”. El comunismo soviético, el maoísta y el castrista, todos tuvieron y tienen una legalidad que dictaminó o rige su despotismo. Ese fue el caso también con Alemania nazi. El proceso al holocausto fue “legal” y seguía al pie de la letra la legalidad aprobada por la rama legislativa y validada por las cortes cómplices.
Separando los grados de perversión que diferentes modelos absolutistas apliquen, lo invariable es que cualquier sistema político sin una rama judicial independiente y una separación de las instituciones del poder real, no puede permanecer siendo una sociedad libre. Cuando Hamilton nos dijo que la rama judicial era la más “débil”, puede ser que lo que quiso fue alertarnos a la urgencia de defenderla en todo momento de liberticidas que vendrían con propuestas siniestras.