por Eduardo Fernández Luiña * 
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha sido desde sus orígenes, allá por el 2007, un organismo polémico, capaz de despertar el interés investigador de especialistas en la lucha contra la corrupción fuera y dentro del citado país centroamericano.
El pasado 1 de septiembre, el presidente Jimmy Morales señaló en un comunicado problemático y plagado de incertidumbres que la CICIG finalizaría su mandato en el año 2019. Todo porque el Estado de Guatemala ya no desea prorrogar su misión en el país durante dos años más. A día de hoy y si todo sigue igual, la CICIG finalizará su mandato después de diez años de bagaje y cinco prórrogas. Todas solicitadas, como señala el documento que da origen al organismo, por el Gobierno de Guatemala.
La decisión de Morales disfruta de validez jurídica. Obviamente, parece lógico que el presidente, la cabeza del poder ejecutivo de un Estado, pueda romper cuando considere necesario y con base en el acuerdo firmado un compromiso de naturaleza internacional. En política internacional parece evidente que el opting out es (y debe seguir siendo) una opción.
Sin embargo, en términos políticos la situación es muy diferente. El rechazo público a la figura del Comisionado por parte del poder ejecutivo, las amenazas en relación a la renovación de su visa de trabajo y la negativa a facilitar su entrada en el país –el Comisionado Iván Velásquez ha viajado a los Estados Unidos– arguyendo razones de orden y seguridad pública han enrarecido terriblemente el ambiente político que existe en el país, polarizando a la sociedad de manera peligrosa.
La CICIG ha sido duramente criticada por los opositores que la organización posee tanto en el interior como en el exterior de Guatemala. En América Latina existen infinidad de actores individuales y colectivos dedicados a rechazar a este tipo de organizaciones ‘híbridas’. Los Estados de la región no desean instituciones fuertes, con músculo político y que disfruten de financiación exógena al sistema político que pretenden ayudar. Sin embargo, podemos advertir tres tipos de críticos. Aquellos que académica y técnicamente reprueban el desempeño de la CICIG. Otros que, sencillamente y resultado de un nacionalismo burdo y poco reflexivo, deslegitiman la tarea que este organismo internacional –no guatemalteco– ha desempeñado durante sus años de vida. Y por último, algunas de las víctimas de la CICIG. Existen individuos que están sufriendo penas injustas –muchas veces superiores al delito del que se les acusa– resultado de un abuso obsceno de la figura de la prisión preventiva.
Es evidente que la CICIG no es perfecta. Es obvio que en el diseño de la institución –como en el de cualquier otra organización– existen incentivos perversos ...
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* Analista de Relaciones Internacionales