Las torturas en prisión son generalizadas entre los presos políticos, que languidecen mientras el régimen mortifica a sus familiares desde hace meses con rumores de una falsa liberación.
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Cuba posee al menos 1.066 prisioneros políticos verificados por Prisoners Defenders a fecha 31 de marzo de 2023. Todos ellos son torturados como lo demostró el estudio pormenorizado de 101 casos aleatorios denunciado por Prisoners Defenders ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) y los reproches públicos de este organismo por ello, que se materializaron en su informe posterior de mayo pasado sobre la situación de la tortura en Cuba. El informe del Comité de los Derechos del Niño, este pasado junio, también confirmó que decenas de niñas y niños siguen condenados a durísimas penas por ejercer su libertad de manifestación y “asociación” acusándolos de sedición, entre otras barbaridades.
Hemos ampliado dicho informe con las denuncias de otro centenar de presos, que haremos público en breve. Los resultados confirman lo que ha venido sucediéndole a todos y cada uno de los presos políticos que hemos podido monitorizar en nuestra lista: todos sufren diferentes episodios de tortura.
Familias torturadas
Si los prisioneros políticos en Cuba son torturados, las familias también lo son. En primer lugar, todas tienen asignadas agentes de la Seguridad del Estado que les vigilan y amenazan, muchas veces apostados en sus puertas, y siempre controlando sus comunicaciones por teléfono, así como sus redes sociales. Los familiares son citados constantemente en cuanto realizan cualquier denuncia. Algunas madres incluso son detenidas y llevadas a prisión también. El acceso al mercado laboral estatal está vetado para aquellos que defienden con fuerza la inocencia de sus seres queridos, y la Universidad se convierte en un imposible para los menores de muchas de estas familias.
A las presas que denuncian sus torturas, las amenazan con arrebatarles la patria potestad de los hijos, gracias a las enormes facilidades represivas que ofrece el nuevo Código de Familia para tal fin. El caso más reciente es el de Lizandra Góngora Espinosa, que tiene 5 hijos y está amenazada con perder la patria potestad de todos sus hijos para que se someta y deje de denunciar las torturas en prisión. Además de esto, como forma de castigo por no someterse a las torturas y violaciones de derechos, Lizandra ha sido trasladada hace unas semanas a una prisión de la Isla de la Juventud, a cientos de kilómetros de su casa y con mar de por medio, donde sus hijos ya no podrán verla jamás. Una tragedia criminal, otra más. Es una de entre tantas torturas que cometen contra las familias, como ya hicieron durante muchos años con Aymara Nieto, Dama de Blanco declarada detenida arbitrariamente y presa de conciencia por Naciones Unidas.
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