Es notable cómo muchos católicos y otros cristianos se inclinan a favor de tesis que son producto de la ideología socialista, incluso de los preceptos más extremos del Marxismo y el Leninismo. En otras palabras, confunden la Justicia Social que formula la Iglesia con los esquemas del ultrasocialismo o del comunismo (también disfrazado como "socialismo real" o "progresivismo"). El Obispo Fulton J. Sheen ya estaba aclarando esta cuestión en pocas palabras y con notable precisión desde la década de 1960, subrayando que aunque las protestas del comunismo coinciden con algunos de los principios de la Iglesia:
«En realidad, hay una crítica mucho mejor del orden económico existente, basado en la supremacía del lucro, en dos encíclicas de León XIII y Pío XI que en todos los escritos de Marx. Pero las reformas del comunismo son erróneas, porque se inspiran en los mismos errores que combate. El comunismo comienza con el error liberal y capitalista de que el hombre es un ser económico y, en lugar de corregirlo, no hace más que intensificarlo hasta que el hombre acaba siendo un robot en una gigantesca máquina económica. Existe una relación más estrecha entre el comunismo y el capitalismo monopolista de lo que sospecha la mayoría de las personas. Ambos están de acuerdo en la base materialista de la civilización; sólo difieren en saber quién dominará esa base: los capitalistas o los burócratas».
El Obispo Sheen se refería en particular a las encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo Anno, que abundaron sobre este tema y salieron al paso de las tesis anarquistas de Miguel Bakunin, las socialistas de Saint-Simon, Rourier o Proudhon o las comunistas de Carlos Marx. En Quadragesimo Anno, Pío XI fue preciso al señalar que: "Socialismo religioso, socialismo cristiano, implican términos contradictorios: nadie puede ser a la vez buen católico y verdadero socialista" (QA, 120), porque cualquier ideología colectivista es enemiga del concepto cristiano que ensalza la dignidad y los derechos de la persona en un ambiente social justo y participativo de respeto mutuo y cordial y enriquecedor intercambio de ideas y proyectos.
Frente al colectivismo y dentro del sobresaliente concepto de Justicia Social que destaca la Doctrina Social de la Iglesia, ha quedado plasmada una teoría de Justicia Distributiva o “distributismo” que se remonta a principios normativos postulados por Aristóteles sobre lo que es justo en la asignación de bienes en una sociedad. Esta tesis "distributiva" no debe confundirse con los esquemas del Estado de bienestar implantado en muchos países con un aparente propósito de distribuir equitativamente la riqueza, sino que se funda en un esquema de proporcionalidad basado en los méritos y el esfuerzo individual. Mientras que el Estado de bienestar (welfare) estimula una cultura de dependencia, la justicia social del distributismo promueve la iniciativa individual y empresarial mediante una política en la que el Estado no es interventor ni gestor sino garante y patrocinador.
El humanismo de Jacques Maritain, que consiste en subrayar que la vida política aspira a un bien común superior a una mera colección de bienes individuales y que la obra común debe tender a mejorar la vida humana como propósito primordial y a hacer posible que todos vivan como hombres libres; y el personalismo de Emmanuel Mounier, que afirma el primado de la persona sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que sustentan su desarrollo; fueron dos corrientes filosóficas del siglo XX que contribuyeron notablemente a la Doctrina Social, hasta el punto que Pablo VI, en su encíclica Populorum Progressio (1967), citó dos obras de Maritain y, en particular, destacó "Humanismo Integral", declarando que ese "es un humanismo pleno que hay que promover" (PP, 42). De hecho, la Iglesia favorece las soluciones económicas del capitalismo en su defensa del derecho a la propiedad privada y de la libertad de empresa y reconoce la función del Estado en la aplicación de un sistema de justicia social. La diferencia consiste en que la distribución de la riqueza no se realice despojando al rico por la fuerza sino estableciendo normas que frenen el abuso y promuevan medidas que favorezcan a los que se encuentren en un estado precario, brindándoles amparo y asistencia, reglamentando las relaciones entre empresarios y trabajadores para establecer un ambiente de colaboración y beneficio mutuo, y respondiendo como garante y patrocinador de las iniciativas privadas y empresariales.
Como argumento posterior a la publicación (en 2005) del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Benedicto XVI afirma que: "la economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento; no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la persona" (CV, 45) y el Papa Francisco reconoce que: “La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada”.1 Pero lo hace sin caer en el populismo ni el clientelismo político: “Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia; lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro «considerándolo como uno consigo»”;2 en otras palabras, con un propósito de fraternal solidaridad y con una disposición a la colaboración en beneficio mutuo, porque “la dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política económica, pero a veces parecen sólo apéndices agregados desde fuera para completar un discurso político sin perspectivas ni programas de verdadero desarrollo integral”. 3
1 Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, párr. 189.
2 Ibid., párr. 199.
3 Ibid., párr. 203.