El 3 de enero pasado se dio un paso fundamental para la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela. La cabeza del régimen de oprobio, que había violentado la voluntad soberana del pueblo venezolano al usurpar la presidencia de la República, ahora enfrenta cargos judiciales en un tribunal del estado de Nueva York, en un proceso que seguramente hará justicia y originará importantes revelaciones en distintos órdenes.

Nuestras organizaciones apoyaron sin reservas desde la diáspora, bajo el liderazgo de María Corina Machado, el proceso pacífico y electoral que dio como ganador en las elecciones de julio de 2024 a Edmundo González Urrutia. La usurpación de Maduro clausuró en la práctica la ruta electoral e indujo al liderazgo legítimo de la nación a pensar que no era posible superar el secuestro de nuestro país, sin recurrir al apoyo explícito de los Estados Unidos y de otras democracias occidentales. El resultado de esta alianza fue la operación de extracción de Maduro y su esposa, que no puede ser vista como una acción militar contra Venezuela, sino como una operación dirigida a hacer justicia y debilitar el control sobre nuestro país del narco régimen criminal, en asociación con potencias enemigas de las democracias occidentales, un hecho que creaba y crea una seria inestabilidad geopolítica.

La captura de Maduro no significa el fin del narco régimen, si bien es un comienzo altamente esperanzador. Venezuela ha entrado en una encrucijada de transición, cargada de esa mezcla rara de ilusión e incertidumbre; se abre al mismo tiempo una ventana de esperanza y oportunidades, que estamos obligados a promover desde la diáspora, motivando el apoyo y la armonía entre los responsables de tan delicada misión, comenzando por reconocer el liderazgo legítimo de la nación, encabezado por Edmundo González y María Corina Machado, y la palabra de los Estados Unidos de no arriesgar el manejo de la transición de manera violenta y caótica, que se pueda traducir en eventos que no favorezcan el objetivo final.

Los procesos políticos de numerosos países a nivel global se identifican en la historia contemporánea, en el calendario gregoriano vigente desde finales del siglo XVI al establecerse los meses de enero a diciembre para la distribución del tiempo en un año. En ese contexto el mes de julio representa para Francia el mes de su revolución primigenia y la unidad nacional, para EEUU su independencia presto a celebrar este año su 250 aniversario, incluso para Venezuela se celebra el día de la Independencia.

En el caso venezolano debemos agregar otro mes emblemático como es el mes de enero, en cuyo período han ocurrido verdaderos terremotos políticos que han signado nuestra historia contemporánea. Comenzamos por 1936 cuando el flamante presidente interino General Eleazar López Contreras designado luego de la muerte del dictador Juan V. Gómez en diciembre de 1935, trazó las grandes líneas de su Programa de Febrero, caracterizando una transición marcada por la liberación de presos políticos, el restablecimiento de garantías constitucionales tras las protestas populares y la creación de un nuevo gabinete modernizador, sentando bases para el Estado moderno con la creación de ministerios, instituciones y leyes sociales, impulsando una apertura democrática inicial y modernización institucional.

De allí conocimos el emblemático 23 de enero de 1958 cuyo significado fue el fin de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, marcando el inicio de la democracia y la libertad tras casi una década de represión, censura y violación de derechos humanos y la liberación de miles de presos políticos de manos de la Seguridad Nacional, mediante un levantamiento cívico-militar que llevó al exilio al dictador y abrió paso a un gobierno de transición y la construcción de un sistema democrático. Es conocido como el "Día Nacional de la Democracia" en Venezuela, simbolizando la lucha popular contra la opresión.