El carácter coactivo y antilibertario de la Constitución cubana es paradigma de un sistema social donde se flagela criminalmente la libertad de las personas, en contraposición a toda ley y principio natural de la máxima aspiración de la existencia humana.
La coacción o violencia privada no es más que la imposición de condiciones para obligar a un individuo a realizar u omitir una determinada conducta, incluyendo la libre expresión, como modus operandi de los Estados para establecer y perpetuar su enfermizo poder.
Y no podría ser de otra manera, pues el Estado es una creación diabólica que contradice la esencia de la naturaleza humana, por lo que la coacción y la amenaza son su condición sine qua non por excelencia. Aunque pueda parecer exagerado, en Cuba, ya antes del nacimiento, los individuos tienen preconcebida la ideología que deberán adoptar obligatoriamente en el transcurso de su vida.
Esta cruel falta de libertad, que lacera salvajemente el libre albedrío del ser humano, se encuentra muy bien definida en varios preceptos constitucionales.
Por ejemplo, el inciso a) de su artículo 39 estipula de una manera clara y concisa que el Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus manifestaciones, pero "sobre la base del ideario marxista y martiano". ¡Qué fatalidad para la diversidad y los librepensadores de la actualidad!
Por su parte, el inciso c) del precitado artículo establece que el Estado promueve la formación comunista de las nuevas generaciones.
Como vemos, el ciudadano cubano está condenado, desde el mismo instante de su nacimiento, a renunciar a esa libertad que le viene concedida por la naturaleza, que no es otra que la de ser dueño y señor de sí mismo, de dirigir y gobernar su vida según su propio discernimiento.
Pero hay más. Y es que el arte no podía escapar de las extraordinarias garras asesinas del Estado, y en este sentido, el inciso ch) del propio artículo constitucional expresa que es libre la creación artística, siempre que su contenido no sea contrario a la revolución, o lo que es lo mismo, a los intereses de esa élite minoritaria del gobierno a la que llaman Estado.
¿Y qué sucede con la libertad de expresión? ¿Qué sucede con asumir otra postura? Pues nada, el artículo 53 de la Ley de Leyes deja también en claro algo muy oscuro, y es que hay libertad de palabra y de prensa, siempre y cuando estén en armonía con los fines del socialismo.
Finalmente, y para que no quepa ninguna duda de la arrogancia del burocrático Estado cubano, en su única disposición especial se estipula que el carácter socialista del sistema político y social impuesto es irrevocable, o lo que es lo mismo, ETERNO.
Según la Constitución, el cubano no tiene más opción que doblegar sus pensamientos, que es lo mismo que autodestruirse, o vivir eternamente bajo una disonancia cognitiva que indudablemente provoca daños fisiológicos irreparables. La coacción del Estado cubano contra sus gobernados constituye la máxima expresión de todas las coacciones, toda vez que obliga a renunciar al individuo a su patrimonio más legítimo: su propio yo.
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Just as with Economic policy initiatives, the CDU rejects a state which regulates every aspect of human life. The CDU objects to over regulation through laws and statutory instruments and excessive bureaucracy in administration. Just as Classic Liberalism of the 19th Century, the Christian Democratic Union beliefs in a small as necessary limited government that is capable of keeping within its budgetary allowances. Civic freedom and social market economy should not get drowned in a flood of governmental regulations that restrict the free market. Existing laws and regulations have to be regularly examined with respect to their raison d’etre. The necessity for making new laws and regulations must be proved by the lawmaker and documented that it is none repetitive and duplicitous in nature with existing laws and conflictions do not arise. This principle may be followed: ”If it is not necessary to pass a law, then it is necessary not to pass a law”. In future, simple legal settlements and regulations should in principle be enforced only for limited periods. Meaning all non-laws must have built-in expirations.