Perspectiva económica: Castañeda

Venezuela comenzó el año 2014 con los bancos comerciales internacionales estimando diferentes tasas de devaluación para inicios del año y las agencias crediticias reduciendo la calificación de la deuda externa por los marcados desequilibrios fiscal y externo que el país experimenta y la total ausencia de políticas correctivas de ajuste (monetarias, fiscales y cambiarias) convincentes.  Es de amplio conocimiento la ralentización del PIB, el aumento de la inflación a un ritmo mayor al 56% anual, la caída de los salarios reales, la expansión del endeudamiento público y de PDVSA, y la pérdida de las reservas internacionales en 2013.  (Ver p. ej. el balance preliminar del año 2013 de la CEPAL).  A esto hay que añadir que el Banco Central de Venezuela demoró mucho la información sobre la inflación y señaló un cambio metodológico, lo que ha acentuado aún más su falta de independencia y credibilidad.

Si bien el precio del barril de petróleo venezolano se mantuvo elevado, ligeramente mayor a US$100 durante el año 2013, hay varios factores que contribuyen a la situación de desequilibrios interno y externo que deberán ajustarse porque determinan una situación evidentemente insostenible.  Algunos de ellos son legados de las nefastas políticas económicas de Hugo Chávez,quien descuidó el crecimiento sostenible con marcados efectos negativos sobre la inversión y la productividad.  Además están los torpes manejos de Nicolás Maduro durante 2013que han debilitado aún más las políticas e instituciones económico-financieras básicas y la integración de la economía venezolana al mundo, lo que augura que la crisis continuará, así como el creciente debilitamiento para sortear fuerte cualquier shock.

Entre los legados de Chávez destacan:  Venezuela brinda ayuda externa a los países de Petrocaribe y el Alba con lo cual sus ingresos externos disponibles se merman.  Se ha incurrido en una creciente deuda externa, particularmente con China que le ha brindado préstamos garantizados con envíos de petróleo por lo que la producción exportable está parcialmente comprometida. La CEPAL estimó que los ingresos efectivos solo son aproximadamente de dos tercios del total de las exportaciones del petróleo.  El gobierno ha desarrollado ambiciosos programas sociales especiales (las misiones) orientados a los grupos de menor ingreso en las áreas de educación, salud, transferencias, vivienda, etc. que han aumentado considerablemente el gasto público y que se financian crecientemente con emisión monetaria.  El gobierno estatizó las grandes empresas privadas y de servicios públicos que le dio a gestionar a dirigentes políticos afines (clientelismo político) y han determinado la contracción de la producción de la mayoría de ellas, incluso la de servicios públicos como la electricidad y el agua potable, con lo que no solo no hacen aportes de recursos al erario público sino que los requieren para mantener sus mermadas actividades.  Se impusieron controles generalizados cambiarios y de precios y se ha intentado determinar márgenes “razonables” de ganancias por lo que las empresas privadas enfrentan severas restricciones y obstáculos para operar eficientemente.   También el gobierno de Venezuela decidió mantener gran parte (más del 80% en la actualidad) de sus reservas internacionales en oro monetario, el cual disminuyó  significativamente su valor de aproximadamente US$I.650 a US$1.212 la onza, o sea una reducción del  27%, en 2013.

El pasado lunes 18 de noviembre las bolsas de valores de EEUU entraron en territorio record (16000 en el Dow Jones y 1300 en el S&P) en parte determinado por las noticias que el gobierno chino fue más específico sobre las reformas socioeconómicas estructurales que contempla implantar en el periodo 2013-2020; asimismo, hizo algunos anuncios inesperados.

El martes 12 de noviembre después que concluyera la Tercer Sesión Plenaria de la XVIII Reunión del Comité Central del Partido Comunista hubo un desalentador y lacónico anuncio sobre las reformas.  Esto condujo al desaliento sobre las reformas planeadas y a establecer dudas sobre la capacidad del nuevo dirigente Xi Jinping para realizar las reformas estructurales requeridas; sin embargo, el comunicado más amplio y específico del viernes 15 fue bien recibido a nivel internacional dada la influencia de China como segunda economía mundial y su primordial importancia en el comercio global.

El comunicado se refiere a 60 puntos sobre la ampliación y profundización de las reformas socioeconómicas, así que solo comentaré algunos temas que podrían tener una mayor trascendencia para el ajuste orientado a mantener un elevado crecimiento económico mejorando algunos aspectos sociales clave.  Se pretende modificar el modelo de crecimiento orientado a las exportaciones y dependiente de las empresas estatales (EE) y de la planificación central por otro más dependiente del consumo interno con un papel más importante (“decisivo”) del mercado y las empresas privadas en la asignación y utilización de los recursos.  Algunos cambios críticos que determinanla naturaleza del cambio de modelo son la política demográfica, el sistema de seguridad social, los derechos de los agricultores sobre la tierra, el sector financiero y las EE.

Todo indica que el nuevo presidente chino Xi Jinping se apresta a iniciar un nuevo ciclo de reformas económicas para atender algunos cambios fundamentales necesarios para que China mantenga un elevado crecimiento económico y ajuste su patrón de crecimiento para depender proporcionalmente más del consumo interno y menos de las exportaciones y las inversiones.  XI Jinping se ha rodeado de académicos de prestigio y  funcionarios reformistas, algunos que tienen una trayectoria en posiciones clave, especialmente en campañas contra la corrupción.

 China ha desarrollado tensiones (riesgos y vulnerabilidades) en el área rural, el sector financiero y las finanzas de los gobiernos locales en el contexto de una población envejecida.  Estas tensiones se originan en una estrategia de desarrollo que ha mantenido las tierras rurales como propiedad estatal, ha sido muy dependiente de la inversión en infraestructura y la relocalización del exceso de mano de obra rural hacia las fábricas urbanas.   El modelo de crecimiento vigente logró resultados extraordinarios en las décadas recientes y convirtió a China en el primer país manufacturero y exportador mundial y la segunda economía, pero que cada vez se considera más insostenible.

La transición hacia un crecimiento sostenible en el futuro, con base en un uso más eficiente de los recursos, mayor inclusión social y orientación hacia los consumidores, requiere que se adopten reformas estructurales y en las áreas financieras y fiscal.

En área rural todavía reside un 49% de la población y los agricultores solo tienen derecho al uso de la tierra pero no tienen su propiedad, lo que impide hipotecarla y solo pueden vender sus viviendas a otros agricultores, lo que ahoga el mercado de tierras, tanto rural como urbano.  Otra reforma crucial es privatizar algunas empresas estatales que generalmente operan ineficientemente y dependen mucho de los recursos del sistema financiero.  Se planea utilizar el valor de estas empresas para financiar la mejora de las pensiones.  El sistema financiero a su vez está debilitado por los préstamos que ha hecho tradicionalmente a las empresas estatales.

El 26 de julio de 2007 Raúl Castro anunció que Cuba requería reformas estructurales y conceptuales, así como  la eliminación de prohibiciones absurdas para superar el entorno de baja productividad que determina que los salarios de los trabajadores sean insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

Posteriormente en 2010 el gobierno anunció que las empresas estatales y la administración pública tenían nóminas infladas o trabajadores redundantes que es imprescindible eliminar.  Su número se estimó en 1.8 millones de trabajadores o aproximadamente el 38% de la fuerza laboral.  Dicha eliminación es fundamental para que las empresas estatales sean rentables, tengan mayores niveles de inversión para actualizar su acervo de capital y sus niveles tecnológicos, puedan hacer una mayor contribución al estado y pagar mayores salarios reales para incentivar a los trabajadores.  Menores nóminas les permitirán pagar mayores  impuestos al estado y que este a su vez disminuya o elimine los subsidios por pérdidas y dedique los recursos públicos a la inversión pública y al gasto social cuya calidad se ha deteriorado en los últimos años.  También tendería a mejorar la situación del sector bancario que se ve obligado a brindar recursos a empresas no rentables contaminando su cartera y haciéndola más frágil y vulnerable.

El problema estratégico es que la reducción de empleados redundantes y la consecuente restructuración de las empresas estatales depende inexorablemente de la expansión del sector privado o no estatal como ha ocurrido en todas las antiguas economías del socialismo real estalinista.  El gobierno cubano durante la autoridad de Raúl Castro ha adoptado algunas medidas para expandir las actividades del cuentapropismo y dar tierras ociosas en usufructo a agricultores privados para que aumenten la capacidad de absorción de trabajadores.  Sin embargo, las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes para lograr las metas establecidas de reducción de las nóminas infladas.

Después de la caída del muro de Berlín los antiguos países socialistas de Europa y la Unión Soviética, que tenían una estructura productiva más parecida a la de Cuba que China y Viet Nam con menor proporción del PIB y empleo en la agricultura, comenzaron a privatizar las empresas estatales y alentar nuevas empresas privadas para aumentar su productividad y eficiencia competitiva y así superar su situación de pobreza y atraso.  Algunos economistas propusieron que había que transformar esas antiguas economías socialistas para que aumentaran el sector privado de menos del 20% en la generación del PIB y el empleo a aproximadamente el 80%.

Nicolás Maduro confronta tres crisis simultaneas que se refuerzan mutuamente, se han acentuando recientemente y constituyen un complicado circulo vicioso que recuerda la ley del economista Rudiger Dornbusch.  Dicha ley establece que los economistas, pero también otros estudiosos sociales, suelen tener la oportunidad de equivocarse por partida doble respecto a la dinámica propia de las crisis.  Tardan más en llegar de lo que se piensa, pero entonces suceden mucho más rápido de lo que se piensa.

Venezuela sufre de una situación económica insostenible, heredada de las patéticas políticas de Chávez, quien estimulaba mucho la demanda agregada mediante políticas populistas expansivas del gasto público, mientras que, a la vez, restringía la oferta agregada con expropiaciones de empresas, rigidices e inflexibilidades laborales, y con controles de precios.  Estos hacen que muchos bienes tengan precios por debajo de su costo de producción, lo que desalienta la inversión privada extranjera y alienta la fuga de capitales.  Como secuela de las políticas públicas, así como del estancamiento de la producción y del precio del petróleo, en Venezuela se ha desatado una elevada inflación y un creciente desabastecimiento, con un producto en contracción, escasez de divisas a pesar de la devaluación de 47%, una deuda externa no inferior al 55% del PIB a la tasa de cambio sobrevaluada de Bs6.3 por US$1 y una elevada tasa de riesgo país de alrededor de 800 puntos.