El pasado 26 de enero, trece ex ministros de la Concertación de Partidos por la Democracia de Chile, coalición de centroizquierda gobernante en ese país, en un acto de dignidad cívica latinoamericana solicitaron al gobierno de Venezuela la liberación del líder político opositor Leopoldo López, que permanece detenido injustamente desde febrero de 2014. Asimismo, de los alcaldes Daniel Ceballos y Vicenzo Scarano (liberado el 5 de febrero) y de estudiantes universitarios que permanecen injustamente detenidos por las protestas pacíficas contra el gobierno. Señalaron que a los detenidos se les desconoce el derecho a un proceso justo, la presunción de inocencia y su derecho a la libertad provisional; puntualizaron que las acusaciones que pesan en su contra son jurídicamente improcedentes. Además, denotaron que reprochar a Leopoldo López la autoría de un llamamiento implícito a subvertir violentamente el orden institucional, es un cargo que no se concilia con la realidad y que contraviene los principios del derecho penal moderno democrático.
Esta significativa denuncia se suma a la de destacados dirigentes iberoamericanos que también han solicitado al gobierno de Venezuela la liberación inmediata de Leopoldo López y han criticado características crecientemente autoritarias del gobierno de Nicolás Maduro. Entre otros los ex presidentes Oscar Arias, Felipe Calderón, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, Andrés Pastrana, Sebastián Piñera, José María Aznar y Felipe González.
Un gobierno democrático requiere de un conjunto de instituciones básicas, que actualmente no existen en Venezuela. El estado no presta una serie de servicios esenciales a la ciudadanía, entre ellos el de la seguridad personal y social; actualmente, hay un elevado índice de homicidios resultado del conflictivo clima social imperante. Según Human Rights Watch, las fuerzas de seguridad pública que no cuidan el orden, son responsables de represión y homicidios contra los opositores y los ciudadanos que protestan contra el gobierno, mayormente en forma pacífica. Asimismo, en meses recientes se está experimentando la angustiosa carencia de acceso a bienes y servicios básicos mínimos que permita a los ciudadanos atender sus necesidades elementales.
Tampoco hay un estado de derecho en Venezuela que garantice las libertades fundamentales de los ciudadanos y de la prensa establecidas en la constitución política ante las acciones arbitrarias del poder ejecutivo debido a la ausencia de un poder judicial independiente que las impida. Por el contrario, el poder judicial existente ha sancionado a los que denuncian que el ejecutivo viola las leyes y normas vigentes, lo que ha creado un clima de impunidad generalizado.
No hay rendición de cuentas de las autoridades ante la ciudadanía. El gobierno ha dilapidado la extraordinaria bonanza petrolera, ha endeudado externamente el país, ha promovido la corrupción clientelista y ha intentado cambiar la naturaleza del sistema socioeconómico después de sufrir una derrota en un plebiscito sobre el tema. El ejecutivo ha adoptado leyes ignorando las normas parlamentarios vigentes. El parlamento carece de independencia e ignora la labor de supervisar al ejecutivo para impedir las nefastas prácticas vigentes.
El gobierno de Maduro alegando conspiraciones e intentos de golpes de estado de la oposición, del cada vez más reducido sector privado y los EEUU ha fortalecido los elementos autoritarios y mermado las instituciones democráticas de Venezuela enfocado el país a una inminente confrontación sociopolítica. Ahora el ex presidente Ernesto Samper, secretario general de UNASUR, trata de desvirtuar que el problema de Maduro es internacional con los EEUU y no interno con su ciudadanía. EEUU hace bien no permitir la entrada de Samper a su territorio, prohibición que está vigente desde hace unos 20 años por su vinculación con el narcotráfico.