Denuncias / Reports

Empleados de organizaciones de Naciones Unidas retenían ayuda humanitaria a cambio de sexo. Así lo han denunciado tanto adolescentes sirias como Danielle Spencer, consejera de una ONG, a la cadena BBC.  

Teherán, Feb.27.– El escándalo por una cadena de episodios de violencia sexual con trabajadores humanitarios involucrados llega a Siria e implica a la misma ONU. La corporación mediática británica BBC informó ayer de una serie de casos de abusos sobre refugiadas y desplazadas internas perpetrados, en ocasiones, por empleados de organizaciones dependientes de Naciones Unidas. Según la BBC, la ONU fue informada en 2015 de estas explotaciones, que llegaron a obstaculizar el acceso regular de las mujeres a la ayuda humanitaria, pero hoy persisten.

"Oímos acerca de mujeres que sufrieron chantaje cuando el distribuidor [de ayuda] les pidió favores a cambio de servicios - como pasar una noche con ellos". Esta declaración procede de una adolescente de Homs, una de las provincias sirias escenario de sangrientas batallas durante la guerra, que dieron paso a la destrucción y a la vida precaria. Está recogida en el informe 'Voces de Siria 2018', editado por el Fondo de Población de la ONU y que dedica un capítulo entero a los casos de explotación y acoso sexual de víctimas del conflicto.

La asesora jurídica de la organización fue amenazada con ir a la cárcel y ser desaparecida. Todo tras informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Cuatro integrantes de la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP), fueron citados en fechas recientes a estaciones policiales, después que fuera enviado a Ginebra el informe sobre la libertad de prensa y expresión en Cuba con vista al Examen Periódico Universal (EPU) que debe realizarse en el próximo mes de mayo.

Amarilis Cortina Rey, Manuel Morejón, Miriam Herrera Calvo y la abogada Odalina Guerrero Lara, fueron “entrevistados” por los agentes de la policía política que se identifican como Jorge Luis y Ernesto, quienes censuraron la labor comunicativa de APLP con el órgano internacional de derechos humanos, y la presencia en los últimos días de diciembre en el Palacio de las Naciones, Suiza, de José Antonio Fornaris, presidente de APLP y Guerrero Lara, asesora legal, de quienes sentenciaron, no viajarían a otros eventos de EPU.

Testimonio de Sara Morales y exhortación del Papa Francisco 

El pasado domingo 21 de enero la periodista Nena Arrázola presentó en el programa Los Informantes, del canal Caracol Televisión de Colombia, el testimonio de Sara Morales, una joven natural de Barrancabermeja, que denunció haber sido violada más de cincuenta veces por los guerrilleros terroristas de las FARC, reclutada a la fuerza desde los 11 años para las filas del guerrillero y narcotraficante conocido como "Pastor Alape", maltratada en todas las formas concebibles, copartícipe forzosa en masacres, secuestros, ataques terroristas y otras acciones criminales.

Félix Antonio Muñoz Lascarro alias "Pastor Alape" o "José Lisandro Lascarro" es un ex-guerrillero colombiano y reconocido narcotraficante por el que Estados Unidos ofrece US$2.5 millones por su captura y que desde agosto de 2017 es miembro de la Dirección Nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC en su nueva versión de identidad). Fue el reemplazo del "Mono Jojoy" desde el 27 de septiembre de 2010.

Los lectores interesados en la defensa de los derechos humanos pueden ver el conmovedor reportaje completo en este vídeo de 14 minutos y 40 segundos. 

Mediante una nota de prensa difundida en España, el Observatorio Cubano de derechos Humanos (OCDH) ha denunciado que el régimen cubano agudiza su “dinámica represiva”.

El OCDH hizo pública la cifra de detenciones arbitrarias que han tenido lugar en la Isla, desde enero 1º  hasta el 1º de diciembre de 2017, alcanzando la cifra record de 4.665 arrestos, 306 de ellos en el mes de noviembre. En la mayoría de los casos se ha reprimido también a las mujeres, entre las cuales se registraron 211 detenciones.

La OCDH señaló las detenciones arbitrarias de corta y larga duración, el decomiso o robo de bienes personales o de medios de trabajo, la prohibición de salida del país a disidentes invitados a eventos internacionales, así como la retención y asedio a activistas en sus propias casas.

En nombre de la oposición cubana subraya el “amplio alcance” de esa estrategia represiva del Gobierno castrista, “que llega a escudriñar los resquicios de la incipiente sociedad civil cubana”, principalmente entre periodistas, artistas y líderes juveniles.