Reply: Se extiende a Ecuador el debate sobre los derechos de los padres y el respeto debido a la ética familiar

En Ecuador se produjo una batalla legal en la Corte Superior de Pichincha, iniciada contra un grupo de obispos y pastores a raíz del estallido de una acción de rechazo por parte de un amplísimo sector de la ciudadanía el pasado mes de octubre como reacción a lo que fue calificado como "el adoctrinamiento LGTB" en las escuelas, instigado por grupos de acción política que intentaban introducir textos y enseñanzas en las instituciones primarias que a juicio de la inmensa mayoría de los padres sus hijos no contaban con la madurez suficiente para entender y constituían un verdadero adoctrinamiento sobre las ventajas de la libertad sexual, según es interpretada por los grupos LGTB a espaldas de los intereses y decisiones familiares.

Esto dio lugar a lo que se conoció como la "Gran Marcha por la Familia", celebrada el pasado 14 de octubre de 2017 con la presencia de alrededor de un millón de personas en todo Ecuador, la cual se ha replicado en diversas fechas en otros países, como Panamá, México, etc. Esta "Gran Marcha" se realizó a lo largo de la Avenida 9 de octubre en Guayaquil. El lema que portaban los manifestantes en grandes cartelones decía: "Con mis hijos no te metas".
Esta manifestación fue organizada por el "Frente por la Familia", un grupo de ciudadanos que aseguraban que los textos del proyecto educativo incluían términos y definiciones que ellos no aprobaban para sus hijos. Aunque a la marcha se sumó el arzobispo de Guayaquil Luis Cabrera, el cual exhortó a un "diálogo serio, profundo, no movido por ciertas pasiones", la Iglesia Católica aclaró que no había intervenido en la organización de la marcha ni le había hecho promoción alguna.

Esta defensa se debió a que organizaciones internacionales feministas y LGTB iniciaron acción legal contra obispos y pastores cristianos para tratar de obstaculizar la marcha. ¿Por qué pretendían meterles presos? Les acusaron de organizar la marcha de #ConMisHijosNoTeMetas, como si se tratara de una ofensa a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ecuatorianos. Entre otras cosas, se les acusó de homofóbicos.

El tribunal accedió a recibir y considerar, como correspondía, las acusaciones de esas organizaciones internacionales que, además, interpusieron un recurso de protección a los ciudadanos gay y una acción cautelar contra la Marcha. En otras palabras, pretendían suprimir la libertad de expresión, la libertad religiosa y la participación democrática en un debate nacional por parte de los padres de los niños afectados por las medidas propuestas.

Finalmente el tribunal resolvió que no había motivo para la acción de protección reclamada ni para la cautelar. Entonces, los colectivos LGTB anunciaron que recurrirían la decisión y así fue lo que efectivamente hicieron.
En consecuencia, la Corte Superior de Pichincha convocó a audiencia a obispos y pastores el pasado 17 de enero. Exactamente en la Sala 12, piso 4 del edificio de la Corte.

La semana pasada se supo el fallo: Causa Archivada. El asunto se archivó porque no había causa. Pero apostaría a que también influyeron los miles de personas que reclamaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante más de 36.000 firmas que velara por los derechos de reunión, manifestación, expresión y libertad religiosa que la minoría LGTB/feminista pretendían pisotear en Ecuador.

Tanto feministas como personas identificadas con el movimiento LGTB merecen todo respeto. Son seres humanos como somos todos y sus derechos y libertades están garantizados en muchos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la misma medida en que se nos debe respetar a todos. Sus derechos no son distintos a los derechos de todos los demás. No es justo ni jurídicamente defendible que pretendan tener derechos particulares para suprimir los derechos de los demás mediante la imposición de sus aspiraciones y opiniones sobre las decisiones que los padres tienen derecho y potestad de tomar en la educación de sus hijos.