Desbloquear la energía renovable en tierras federales de EE.UU. abre las puertas hacia nuevos ingresos estatales y condales

Un aspecto crucial, pero a menudo pasado por alto, de la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA—Gran Proyecto de Ley Hermoso) es la oportunidad única que ofrece a los Estados del Oeste del país para que generen ingresos estables. Sin embargo, las políticas de la Administración Trump habían socavado inicialmente este potencial. 

La Oficina de Ingresos por los Recursos Naturales (ONNR, por sus siglas en inglés) del Departamento del Interior de los Estados Unidos y el Bureau of Land Management (BLM) están lidiando con graves lagunas en los datos que impiden identificar proyectos eólicos y solares que ya se encuentran en funcionamiento en tierras federales. Si bien la ONNR efectivamente recopila datos para petróleo, gas y carbón, no proporciona información esencial sobre ofertas, alquileres y tarifas relacionadas con la energía renovable, a pesar de que muchos de estos proyectos han estado en vigencia durante décadas y hacen pagos que se asemejan a regalías (Royalties) al gobierno federal. 

La implementación de la Ley OBBBA, junto con algunas dañinas medidas anti-renovables de la Administración Trump, plantea una amenaza significativa al crecimiento de la energía solar. Al desmantelar los incentivos fiscales vitales, las subvenciones y los préstamos que se habían establecido en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación, el impulso para proyectos solares a escala de servicios públicos en tierras federales se ha paralizado. La combinación de esta pérdida de apoyo financiero y el clima anti-renovables prevaleciente dentro de las agencias federales plantea preocupaciones urgentes sobre el futuro del desarrollo de energías renovables en tierras federales, poniendo en duda la fiabilidad de los permisos y las revisiones de las agencias. Ahora, más que nunca, debemos abogar por políticas que fomenten la energía renovable y estabilicen nuestras economías.

Los ataques a las principales fuentes de energía nuevas están ocurriendo en un momento crucial, con una demanda de electricidad en EE.UU. que se espera aumente entre 15% y 45% en la próxima década y se anticipa que llegue al 78% para 2050. Si no logramos satisfacer esta demanda con energía limpia, corremos el riesgo de profundizar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, lo que exacerbará el cambio climático, expondrá a los consumidores a precios impredecibles y amenazará el adecuado suministro de energía.

No obstante, si bien se están haciendo esfuerzos para frenar el crecimiento de la energía renovable a nivel nacional, la OBBBA ha establecido, por primera vez, un sistema de reparto de ingresos para proyectos eólicos y solares ubicados en tierras federales. Esta nueva estructura despierta renovado optimismo y se asemeja al sistema de regalías (Royalties) utilizado para la exploración de petróleo y gas en las propiedades federales. Como resultado, las iniciativas solares y eólicas en tierras públicas federales están creando un flujo de ingresos predecible para los gobiernos federal, estatal y local (condal), todo mientras mejoran y diversifican las fuentes de energía de EE.UU.

Sin embargo, la pregunta apremiante sigue siendo: ¿cuántos proyectos se han desarrollado realmente y cuál es su producción de energía?

Para colmar esta brecha de información, el Natural Resources Defense Council (NRDC) ha realizado esfuerzos para compilar y compartir estos datos esenciales con las partes interesadas. En sus páginas de la WEB ha presentado un análisis preliminar de proyectos solares a escala de servicios públicos. Esta visión de conjunto incluye una pequeña parte de la lista de "proyectos permitidos" compilada por el BLM, que actualmente se presenta en un documento de oferta con detalles limitados. Utilizando los registros disponibles, han identificado 39 proyectos solares en funcionamiento en cuatro estados: 24 en California, 13 en Nevada, uno en Wyoming y uno en Arizona.

La producción neta anual de energía de estos 39 proyectos asciende a un impresionante 15,3 teravatios-hora. Según la Administración de Información Energética de los EE.UU., esta producción satisface las necesidades eléctricas de aproximadamente 1,44 millones de hogares, lo que representa, por ejemplo, más de 1,5 veces el consumo anual de energía de Washington, DC, mediante el análisis de los datos de capacidad de placas nominativas y un factor de capacidad regional promedio del 26% de S&P, junto con un conservador precio regional promedio de acuerdo de compra de energía (PPA) de $25 por megavatio-hora (MWh) del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (ajustado por inflación para reflejar los dólares actuales a partir de julio de 2026).

Se estima que estos proyectos generaron $381 millones en ingresos brutos de energía en 2025. Gracias a la OBBBA, una parte de estos ingresos pronto se redistribuirá de nuevo a los Estados y condados en forma de tarifas de capacidad.

A medida que estos proyectos comiencen sus operaciones, la estructura de pagos al gobierno federal pasará de los alquileres anuales pagados por adelantado a las tarifas de capacidad evaluadas anualmente, con pagos vencidos en el primer trimestre del año siguiente. Este ingreso se dividirá como sigue: el 50% irá al gobierno federal, mientras que el 25% Estado y el otro 25% al condado que acoja el proyecto.

Es importante señalar que a pesar de la aprobación de la OBBBA en julio de 2025, sigue habiendo ambigüedad sobre cuándo ocurrirán las distribuciones iniciales de ingresos a los Estados y condados. Bajo la orientación del BLM, los operadores de energía renovable se vieron obligados a presentar el ingreso bruto total al BLM antes del 13 de marzo de 2026, para asegurar el pago de las tarifas de capacidad y la posterior distribución a Estados y condados.

Sin embargo, la Asociación Nacional de Condados ha expresado su preocupación de que estas distribuciones iniciales puedan posponerse hasta marzo de 2027, momento en el cual se habrían acumulado atrasos por dos años de pagos.

Es crucial priorizar las distribuciones oportunas para asegurar que los Estados y condados puedan beneficiarse efectivamente de los recursos generados por estas fuentes de energía removable.

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