La apertura económica hacia Cuba que hoy tiene lugar en diversos países no puede ser edificada sobre la base de la complicidad de las empresas extranjeras con el gobierno cubano para perpetuar las graves violaciones laborales y de derechos humanos básicos que fomenta la legislación vigente en la Isla. Urgimos a las entidades extranjeras, corporaciones y gobiernos, que exijan al gobierno cubano ejercer su derecho a contratar los empleados cubanos de manera libre, directa, justa y no discriminatoria.
Las leyes y procedimientos existentes -que se exige respetar a las inversiones extranjeras en Cuba- imponen la violación de derechos humanos y laborales internacionalmente aceptados. Las “empresas mixtas” en Cuba no seleccionan, contratan, ni pagan a los trabajadores directamente; ello se realiza a través de otra empresa estatal, que actúa como intermediaria recibiendo los pagos del inversionista extranjero en moneda convertible y pagando al trabajador una fracción infinitamente menor en pesos cubanos no convertibles. Se estima que, con base a este arreglo, la empresa estatal confisca alrededor de un 80 a un 96 por ciento de lo que el inversionista extranjero paga por el trabajador. Un sistema de explotación similar se le impone a los profesionales cubanos (médicos, maestros, deportistas, etc.) que prestan servicios en otros países.