EL DECRETO-LEY No. 35 DE LAS TELECOMUNICACIONES, LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, en Gaceta Oficial de la República desde este martes 17 de agosto, es una normativa que va contra la libertad de expresión que encuentra en Internet una vía eficaz para potencializar su alcance con base a las características propias de la red.
La libertad de expresión en Internet facilita el desarrollo, el buen gobierno y la implementación de garantías democráticas.
Se criminaliza en ese Decreto Ley la libertad de expresión, estableciendo sanciones y penas administrativas, independientemente a que se pueden considerar las personas penalmente responsables, cuando violen algunas de las regulaciones que constituyen acciones de censura previa.
No hay equívocos, el sistema político de la isla ataca una vez más el derecho a la libertad de expresión, viola su propia Constitución que garantiza en el artículo 54 ese derecho y se mofa del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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La sombra de la disolución se cierne sobre nuestra nación cada vez con más intensidad. Numerosas y muy profundas son las señales de un proceso de desintegración que compromete la viabilidad misma de Venezuela. La educación de nuestros ciudadanos, como elemento central para abrir oportunidades de crecimiento individual y social, está también severamente comprometida. Por doquier se evidencia la acción devastadora del “Socialismo del Siglo XXI”, que ha hecho retroceder al país a los niveles de oprobio de la época gomecista, cuando el analfabetismo, el paludismo, la fiebre amarilla y el hambre reinaban sin control.