Es largo y tortuoso el recorrido que ha hecho la humanidad para aceptar como referentes éticos y jurídicos de alcance universal los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La Organización de Naciones Unidas conformada por países y gobiernos de todas las latitudes, culturas y regímenes ha consagrado la universalidad de normas y principios que llevan a reconocer que los pueblos de la tierra, sin distinción, los asumen a la manera de una Constitución Mundial. 
Nunca antes como en las últimas décadas su aprobación, vigencia, validez, promoción, defensa y cobertura había obtenido tan elevado reconocimiento y tan notable difusión. Por muchos años se depositó en los estados miembros la responsabilidad de asegurar su aplicación y realización. En un mundo plagado de guerras civiles e internacionales, de regímenes dictatoriales y de legislaciones discriminatorias, la bandera de los DDHH y del DIH ha sido enarbolada para que se respete el principio de igualdad ante la ley, a la población civil y se evite la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad y para buscar el restablecimiento de la paz.
Hoy en día la ONU ha trascendido la esfera de responsabilidad exclusiva de los estados en la responsabilidad de su vigencia y aseguramiento y a través de organismos como el Consejo Económico y Social y la Corte Penal Internacional (CPI) ha extendido a los individuos imbuidos de algún poder, a los gobernantes y a organizaciones armadas no estatales que protestan fines políticos, los mismos deberes que a los estados.
De manera que cuando hablamos de los DDHH y del derecho DIH estamos usando un lenguaje internacional común y reconociéndonos en valores y principios vinculantes, cuya violación conlleva a una condena en cualquier lugar de la tierra donde ello ocurra.
La CPI, por ejemplo, constituida en el año 2000, va más allá de la exigencia diplomática y simbólica. Se rige por un estatuto riguroso discutido en numerosas reuniones y acogido en la actualidad por más de 120 países, que supone su intervención subsidiaria en aquellos conflictos bélicos y situaciones en donde se hayan cometido o se estén cometiendo delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de genocidio entre otros. Colombia hace parte de ella desde mayo de 2002 e hizo una reserva frente a crímenes de guerra hasta noviembre de 2009, desde entonces está en calidad plena.
El Estatuto de la CPI no consiste en un listado de valores y principios como los consagrados en otro tipo de declaraciones que no rebasan la aceptación voluntaria con consecuencias solamente morales ante su incumplimiento. Se trata de un organismo judicial dotado de poderes para intervenir allí donde los gobiernos establecidos no pueden asegurar el castigo de los crímenes estipulados.
Los fiscales que la integran pueden investigar, enjuiciar y condenar a individuos, miembros de gobiernos o de organizaciones armadas no estatales. Esto quiere decir, si hacemos analogía, que con los sujetos que comparecen ante ella sucede lo mismo que a cualquier reo ante la justicia interna: son declarados inocentes o culpables y en el último caso, castigados con penas privativas de la libertad y con prisión efectiva en cárceles si se trata de delitos graves. Ningún juzgado en el mundo castiga a un delincuente doloso en materia grave con la libertad o con simples restricciones, puesto que se puede desfigurar la validez del castigo, en cambio, significa que el culpable responda ante la sociedad con pena de cárcel, es decir, con castigo real, como parte del resarcimiento y en proporción a la gravedad del daño causado.
En Colombia el próximo acuerdo entre el gobierno y las Farc, que se da a conocer de a pocos, dejan mucho que desear en la materia que estamos tratando en este escrito y constituye, como lo han señalado organizaciones reconocidas en la defensa de los DDHH como HRW la propia CPI, Amnisty International y sectores numerosos de la sociedad colombiana, una clara violación de los mismos.
Para entender la gravedad de la situación a la que nos abocamos inexorablemente, debemos recordar que todos los compromisos asumidos por Colombia en estos temas hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico y del llamado “bloque de constitucionalidad” y por tanto, deberían hacerse valer y ser aplicados, con todas sus consecuencias en las conversaciones de La Habana.
El Acuerdo en mención estipula que no habrá cárcel para delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, es decir, que los responsables de secuestros extorsivos de corta y larga duración, del asesinato de los diputados del Valle, de los concejales de Rivera (Tolima), de los campesinos de Bojayá (Chocó), del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y del exministro de defensa Echeverri Mejía, de la voladura del Club El Nogal, del reclutamiento de menores, de los violadores de mujeres en las filas, etc., no tendrán un castigo real y efectivo. De contera, se les concede a criminales de guerra elegibilidad política y la posibilidad de acceder a altos cargos en el Estado.
El gobierno Santos, buena parte de ONGs colombianas defensoras de DDHH y un número apreciable de juristas e intelectuales liberales, de izquierda y progres, avalan el acuerdo que arroja al vacío los compromisos humanitarios internacionales consagrados en su Constitución. Al elevar la figura de la paz como principio y valor superior, abren una tronera por la que caen al precipicio de la impunidad aquellos delitos y sus autores. De tal forma que los cánones humanitarios que nos hacen sentir semejantes a los habitantes de este planeta al darnos un sedimento moral común, quedarán destrozados.
¿Dónde y en qué quedan, los alegatos y las causas de meses y años atrás sobre la imprescriptibilidad de las violaciones de derechos humanos? O ¿solo eran válidas en cuanto tenían al estado colombiano y a sus agentes en la mira?
Duele ver que altos dignatarios del mundo se dejen seducir por la palabra paz y apoyen la impunidad para criminales de guerra. ¿Acaso el mensaje para los líderes de Al Qaeda, Isis, Boko Haram y demás terroristas es que al final no irán a la cárcel en caso de una negociación?