Menudo problema tenemos los venezolanos al mantenerse un régimen usurpador que sostiene el poder y actúa en nombre de la nación y compromete nuestro destino, aun cuando ha sido calificado de narcoestado y a sus voceros le han asignado recompensas por su captura; incluso quien era presidente mora en una cárcel de Nueva York.
Su credibilidad es nula ante la población y ante la comunidad internacional cuando manifestaban a lo largo del siglo XXI su repudio al odiado imperio norteamericano, como excusa para socavar la riqueza nacional, mantener como rehén a una población aterrada por la represión, para convertirse desde el 3 de enero en los procónsules de la Oficina Oval.
De la noche a la mañana lanzaron al cesto de la basura sus libros de otrora, "El Imperialismo fase superior del capitalismo de Lenin, El Manifiesto Comunista de Marx y Engels", para asumir a la perfección el oscuro personaje de la obra "El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde" del escritor escocés Robert Louis Stevenson, aun cuando el lado malvado viene de sus entrañas.
Por ello ante el anuncio de un “acuerdo histórico” a 25 o a 100 años por el petróleo venezolano, este parte de una inconsistencia extrema ante la inconstitucionalidad de su contenido, que violaría el artículo 12 sobre la inalienabilidad de los bienes públicos, el 150 sobre la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, el articulado 302 sobre la reserva del petróleo en manos del Estado, determinando que cualquier convenio celebrado exclusivamente con el régimen de Delcy Rodríguez, sin participación de un poder ejecutivo legítimo, de una Asamblea Nacional legalmente elegida, podría ser revisado, impugnado y anulado por un futuro gobierno constitucional.
Por ahí debería empezar el debate ante la batahola que se ha levantado en medios nacionales e internacionales, al poseer Venezuela una cultura acumulada de más de un siglo en el tratamiento del tema petrolero, cuya experiencia ha conocido dictaduras, transiciones y periodos democráticos.
En tal sentido debemos destacar que los dos momentos más importantes donde se desarrolló un debate con la participación de todo un país, en primer lugar la Nacionalización del petróleo (1974-1976) y la Apertura Petrolera desarrollada en la década de los 90 con las modalidades de Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas, Asociaciones Estratégicas (Faja del Orinoco) y Convenios Operativos (Campos Maduros), fue un ejemplo de la aprobación de un marco jurídico que implicó en su aprobación divergencias y al mismo tiempo una lección del debate democrático de un país institucionalizado.
En el siglo XXI ya conocemos la historia de aventuras y desventuras, de una apertura petrolera que planificaba una producción de 3.000.000 a 6.000.000 de B/D para el 2005, el nuevo estado instrumentó bajo Hugo Chávez una agresiva política de expropiaciones, de multiplicación de regalías e impuestos que derivó en la ruina de la PDVSA actual, y la comparecencia del estado venezolano en tribunales internacionales, donde se ha sentenciado en múltiples decisiones indemnizaciones astronómicas. El resultado patético una producción actual cercana a 1.000.000 de B/D.
Por tanto, apartar los mitos ayudaría abordar el tema sin prejuicios. A partir de la realidad de la necesidad urgente de extraer esas inmensas reservas petroleras para la reconstrucción del país, a sabiendas que el estado no posee la capacidad financiera y tecnológica de hacerlo producto de una gestión corrupta y negligente.
Ello implica la obligatoria política de negociar con las compañías petroleras no solo de EE UU, de Europa, del Asia, dispuestas a participar en la rehabilitación de la Industria Petrolera Nacional, con los beneficios compartidos derivados de la explotación petrolera, su mercadeo y distribución, respetando el control soberano del estado venezolano.
Ahora bien, sobre el tema de la soberanía nacional ha habido un discurso a lo largo del siglo XXI caracterizado por el silencio cómplice ante el saqueo que se ha perpetrado durante 27 años, demostrado en los negocios leoninos con China al entregar petróleo por 20 años a cambio de préstamos que nunca significaron beneficios para el país, el regalo a Cuba y Nicaragua de 50.000 a 100.000 B/D, la venta a descuento a los países del Caribe a cambio de votaciones favorables en la OEA, ONU. Todo derivado en una orgía de corrupción que alcanzó la cifra aproximada de 800.000 millones de $ destinados a las arcas de la cúpula del régimen. Quienes se desgarran las vestiduras de nacionalismo soberano ayer fueron cómplices del pillaje mas atroz.
En resumen, necesitamos acordar con la principal potencia energética EEUU, en base a acuerdos transparentes, sin opacidad alguna, como las citadas en nuestra historia petrolera, no pueden tolerarse arreglos para mantener un régimen usurpador, quien resulta ser beneficiado al recibir el apoyo irrestricto de la administración Trump. En definitiva, mal comienza un mega acuerdo con una compañía de reputación condenable al estar encabezada por un personaje encausado a nivel internacional por hurtar miles de millones de dólares para recuperar el sistema eléctrico nacional.
Creer que un mega anuncio de acuerdo histórico traerá prosperidad a un país en ruinas, podrá tener efectos en la política interna del país que ejerce el protectorado, por el contrario, significará una frustración mas para una población que ha agravado sus condiciones de vida con los desastres naturales del 2026 y una oportunidad perdida por la desconfianza que genera a nivel nacional.
Froilán Barrios Nieves
Movimiento Laborista
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