¿A qué nos enfrentamos en Venezuela?
Venezuela es un estado fallido controlado por un grupo criminal vinculado al narcotráfico y al terrorismo transnacional. Ese grupo ha usurpado las instituciones, desmantelado la democracia, arrebatado la soberanía al pueblo, e instaurado un régimen de terror. Comete de forma continuada crímenes de lesa humanidad, como son la tortura y el genocidio por la actual hambruna y desastre humanitario que azota a la población. La inseguridad ciudadana sumada a la represión política ha dejado en 2018 más de 24.000 muertes violentas
Ha entregado la independencia nacional a Cuba que ha establecido allí un modelo moderno de dominación colonial. También ha cedido territorios a grupos criminales extranjeros (FARC, ELN, Hezbollah) en los que se han instalado laboratorios para la producción de drogas. Desde Venezuela el ELN dirige su lucha armada contra el estado colombiano y planifica acciones terroristas como el reciente atentado contra la academia de policía en Bogotá. Las drogas producidas de forma masiva en esos territorios son luego traficadas a países, como Estados Unidos y algunos miembros de la Unión Europea, donde cada año mueren personas por su uso y donde las bandas distribuidoras contribuyen a elevar los índices de criminalidad. El narco estado es también responsable del éxodo masivo de más de tres millones de personas que hoy desestabiliza la región económica y socialmente, y genera el peligro de una pandemia. 
La situación en Venezuela, por lo tanto, no tiene precedentes. No estamos en presencia de un estado independiente y soberano que controla el territorio nacional, protege el bienestar y seguridad de sus ciudadanos y vive en paz con sus vecinos. Las instituciones del estado han sido transformadas en ejecutoras de una empresa criminal.
¿Qué instrumentos tiene la comunidad internacional frente a esa situación?
El caso de Venezuela no puede ser analizado desde la perspectiva tradicional de los derechos que asisten a un estado independiente y soberano.
Las normas internacionales que corresponde aplicar en este caso son:
- las de la Convención de Palermo contra el crimen transnacional organizado de Naciones Unidas,
- la resolución adoptada por la Cumbre Mundial de esa organización en 2005: la Responsabilidad de Pro- teger,
- lo estipulado en el Artículo 51 (Capítulo VII) de la Carta de Naciones Unidas sobre el derecho de todo estado a la defensa individual o colectiva frente a agresiones armadas de otro país.
Frente a ese narco estado en manos de una banda criminal es legítima la defensa armada, individual o colectiva, por parte de los estados agredidos. Como establece el Artículo 51 (Capítulo VII) de la Carta de Naciones Unidas: Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las acciones individuales y colectivas de defensa no requieren la autorización previa del Consejo de Seguridad.
En lo inmediato debe priorizarse por la comunidad internacional todas aquellas operaciones que se dirijan a
¿Se corre el riesgo de internacionalizar el conflicto?
El conflicto venezolano se internacionalizó desde hace décadas cuando este grupo criminal permitió la presencia no solo de los citados grupos irregulares narcoterroristas, sino también la de una fuerza injerencista e intervencionista cubana. La invasión cubana ha fluctuado entre 25.000 y 50.000 asesores militares, de inteligencia, contra inteligencia, seguridad personal y represión policial, así como un nutrido grupo de civiles en funciones de proselitismo político, influencia ideológica y reserva militar. Dichos civiles tienen entrenamiento militar suficiente para reagruparse como unidades armadas de apoyo en caso de que de que así se les ordene. Esta fuerza invasora supervisa los sistemas de inteligencia, los brutales grupos paramilitares (como los Colectivos y las FAES), los centros de interrogatorios y torturas, los sistemas de espionaje electrónico, así como instituciones dedicadas a labores de influencia ideológica.
Al intervencionismo militar cubano se ha sumado recientemente la presencia militar rusa con los anuncios de que Moscú establecerá una base militar, los envíos de armas, la visita de bombarderos nucleares y la presencia de algunas tropas y altos oficiales.
¿Debe excluirse el uso de la fuerza e incluso la amenaza de uso de la fuerza para limitarse a trabajar en una solución política negociada?
Para obtener éxito en una negociación es necesario que la otra parte se convenza de que no tiene a su alcance una “Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado”. Las promesas de amnistía y desbloqueo de cuentas bancarias no son tan persuasivas como preservar la vida. Retirar de la mesa el uso de la fuerza
a) No es posible llegar a un acuerdo negociado con el régimen venezolano sin hacerles sentir miedo creíble a las consecuencias de su rechazo. Tanto Caracas como La Habana (que no puede ser parte de la solución porque es una parte importante del problema) creen que todavía tienen una mejor alternativa: resistir hasta extenuar las presiones externas mientras dividen y finalmente aplastan la oposición.
b) El uso exclusivo de sanciones económicas no resolverá el fin de la usurpación. Las sanciones económicas están hasta ahora dirigidas a afectar la economía formal (petróleo y transacciones finan- cieras). Sin embargo, el régimen puede seguir la estrategia de caotización y desgaste seguida por Bashar
Las principales fuentes de ingreso de la economía criminal solo pueden ser diezmadas de manera eficiente si se realizan operaciones militares y policiales para neutralizar y erradicar los laboratorios, así como interceptar las rutas aéreas y navales del narcotráfico. Solo este tipo de medidas podrá poner fin a la permanente agresión contra otros países que hasta hoy presenta el narcotráfico y la planificación de atentados terroristas desde territorio venezolano. Es una responsabilidad regional colectiva actuar en esas circunstancias, aun cuando un país o una coalición limitada de ellos tienen el derecho de tomar la iniciativa y lanzar una defensa colectiva frente a las agresiones del régimen criminal venezolano.
c) La realpolitik democrática no es igual a la realpolitik de los criminales. La lógica de los criminales no es la de los políticos En circunstancias como estas siempre hay voces que aconsejan prudencia política y apuestan honradamente por apaciguar los instintos agresivos del enemigo. Eso fue lo que intentó hacer Chamberlain, solo para luego descubrir que los nazis eran delincuentes, no estadistas. Venezuela es un test case en la actual confrontación geopolítica global. No solo Cuba, Rusia, Irán, Corea del Norte y otros están muy atentos. La posible caída de Cubazuela representa un game changer entre regímenes autocráticos y las fuerzas de la democracia a escala mundial solo comparable al provocado por la caída del muro de Berlín.
La gravedad de tomar hoy la decisión correcta recuerda un viejo adagio: “Todo lo que hagas puede matarte, incluido no hacer nada”.
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