La última oleada migratoria en la frontera sudoccidental de Estados Unidos a la que el gobierno ha respondido con la normativa de “tolerancia cero” y la subsecuente separación de los menores que vienen con familias ha causado innumerables reacciones adversas dentro y fuera del país: marchas, declaraciones, demandas, incluso por autoridades de 17 estados, críticas de líderes religiosos e intelectuales. Lo menos que algunos dicen de la más reciente política migratoria del presidente Trump es que se trata de medidas crueles y despiadadas.
Sin embargo, no creo que el Presidente haya podido hacer otra cosa, no sólo en cumplimiento de sus promesas electorales con aquellos que le votaron, sino como máximo custodio y responsable de la seguridad de nuestras fronteras y del orden interno de esta sociedad a la que una inmigración descontrolada ya ha causado serios estragos y que terminaría por sucumbir, tal como la hemos conocido por más de dos siglos, si todos los que desean venir a vivir aquí lo consiguieran. Es igual que si a todos los inmediatos sobrevivientes de un naufragio les dejaran, por lástima, subirse al último bote salvavidas. Este terminaría por hundirse y todos perecerían. Luego, para que unos cuantos puedan salvarse, otros se han de ahogar, es ley de vida si es que no hay botes para todos.
Esta crisis que la sociedad norteamericana no puede eludir, coloca a todos, individuos e instituciones por igual, en una encrucijada: entre la conciencia cristiana, ingrediente esencial de esta nación, que impone, por principio, la solidaridad y la acogida a los que huyen de la persecución y la miseria, y la razón de Estado que obliga a las autoridades a cerrar las puertas a la horda desarrapada que trae consigo, a su pesar, las taras del subdesarrollo que, cada día que pasa, el país tiene menos capacidad de asimilar. El crisol que, en otro tiempo, fundía a inmigrantes y refugiados para convertirlos en auténticos norteamericanos a la vuelta de una generación, hace mucho que funciona a cuarto de máquina para dejar intactos grandes bolsones foráneos donde prosperan hábitos y maneras de convivir que subvierten necesariamente las tradiciones de una cultura, al tiempo que provocan, como reacción, la xenofobia y el racismo. Ese recelo del “otro” y el temor de que lo propio se adultera o peligra, son responsables de que Donald Trump haya salido electo e incluso de que lleguen a reelegirlo en 2020. ¡Cómo pedirle que no le ponga un dique a la avalancha!
Henos, pues, ante una grave crisis que la izquierda se dispone a aprovechar pintándose como defensora de la inmigración irrestricta, al tiempo que culpa al gobierno de acciones inhumanas, como puede ser la separación de los menores de sus padres, lo cual ha provocado una ola de indignación que ha obligado al gobierno a rescindir una medida que, paradójicamente, obedece a un prurito de humanidad, porque ¿cómo recluir a menores en centros de detención con sus familias sin que esto no pueda juzgarse como una censurable enormidad? La segregación que las autoridades le impusieron en un principio a los niños era una manera de despenalizar a los que, por razón de su edad, no podían tener la misma responsabilidad que los adultos. El que ahora pasen a los centros de detención junto a sus mayores generará, sin duda alguna, nuevas y acervas críticas.
Pero más que social o política, esta crisis puede definirse como de identidad: enfrenta a Estados Unidos a dos opciones, cual de las dos más costosa y terrible: o abre las puertas a estos nuevos “bárbaros”, que tienen fundadas razones para huir de sus países de origen, pero que afectarán adversamente la naturaleza de esta sociedad, o cierran las puertas y se hacen oídos sordos al clamor de estas víctimas y a los dictados de la cristiana caridad. Acaso nunca antes se ha visto este país ante una disyuntiva tan difícil.
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