Lamentables tropiezos del tercer Poder en Venezuela y Estados Unidos

Los jueces de la Corte Suprema (o Tribunal Supremo) de cualquier país no deben guiarse por preferencias políticas ni deben demostrar sus propias preferencias, sino analizar desapasionadamente la Constitución y las leyes para poner freno a los excesos y abusos de los otros dos poderes republicanos, el Ejecutivo y el Legislativo.
En América Latina vemos una tendencia lastimosa, sobre todo entre los gobiernos que se proclaman promotores del Socialismo del Siglo XXI, a parcializar a este tercer Poder republicano a favor del gobernante de turno o de las posiciones de su partido. En Venezuela contemplamos el caso más lamentable de esta tendencia cuyo Tribunal Supremo de Justicia está constituido por 32 magistrados distribuidos en seis salas, con siete de ellos asignados a la Sala Constitucional, tres de los cuales fueron escogidos a las carreras antes de la toma de posesión de la nueva legislatura en la que el pueblo había elegido una mayoría abrumadora de candidatos de la oposición. Para las otras cinco Salas fueron nominados y aprobados, también a las carreras, otros 10 jueces a fines de diciembre de 2015 (antes de la toma de posesión de la nueva Asamblea). Todos estos jueces fueron propuestos por Nicolás Maduro y aprobados por la legislatura saliente pocos días antes del término de su mandato.

Trece de un total de 32 magistrados fueron nominados por el Pres. Maduro y aprobados por una Asamblea Nacional saliente en las últimas horas de su mandato para lograr una mayoría absoluta de magistrados nombrados previamente por Hugo Chávez y ahora por el Presidente Maduro. La politización del Poder Judicial es evidente en el sesgo político pro chavista de un Tribunal Supremo venezolano que se dedica principalmente a anular todas las decisiones y resoluciones de la nueva Asamblea Nacional, que cuenta con amplia mayoría opositora, hasta dejarla prácticamente inoperante. El argumento constitucionalista de todas las recientes disposiciones del Tribunal Supremo venezolano no se sostiene ante ningún análisis jurídico, sino que responden exclusivamente a las exigencias del Poder Ejecutivo.
En Estados Unidos se está produciendo cada vez con mayor agudeza desde el gobierno de Clinton hasta nuestros días una situación que muestra a los jueces de la Corte Suprema votando en bloques opuestos que responden más a lineamientos políticos que al análisis constitucional jurídico. Esa polarización de la Corte Suprema hace que cada vez con mayor frecuencia, el Presidente de turno presente candidatos a las vacantes que respondan a sus lineamientos políticos y no a sus méritos judiciales, lo que provoca el rechazo en masa del bloque opositor.

Esto ha dado lugar a decisiones que con demasiada frecuencia son avaladas por una mayoría de 5 a 4 de los jueces. Con la muerte de Scalia hace algunas semanas, se están produciendo votaciones 4 a 4 que entorpecen la vida constitucional y dejan en manos de Cortes inferiores de los Estados decisiones trascendentales. Así las cosas, unas Cortes de determinados Estados pueden declarar la constitucionalidad de leyes que en otros Estados son rechazadas.

Esta innegable y lamentable realidad está produciendo un impasse en el que un Congreso de amplia mayoría Republicana y un Presidente Demócrata se enfrentan desde polos opuestos en el proceso de nominación y aprobación de un nuevo juez que reemplace al difunto Scalia.

El Presidente Obama ha presentado la candidatura de Merrick Garland en los últimos meses de su mandato presidencial, afirmando que no está dispuesto a cambiar su selección. La oposición Republicana se basa en que Garland se ha manifestado abiertamente a favor de posiciones políticas que desafían profundamente la plataforma política de ese partido.

Evidentemente, el Juez Garland no ha mostrado la discreción que exige ese máximo cargo al Poder Judicial, que lo distinga o al menos demuestre su intención de contribuir a las decisiones de la Corte de forma jurídicamente imparcial. Es oportuno recordar que en estos días se celebra el centenario de la aprobación por el Congreso de EEUU del juez Louis Brandeis, nominado por el Presidente Wilson en 1916. Esa nominación contrasta, al igual que muchas de esa época y posteriores, con la de juez Garland en el hecho de que Brandeis no satisfacía a ninguno de los dos partidos por un historial judicial que no se ajustaba a las pretensiones políticas sino a la objetividad jurídica. El partido opositor en el Congreso lo criticó duramente, pero acabó por aceptarlo. De ese modo, los políticos de entonces le regalaron al país 23 años de servicios distinguidos del juez Brandeis en la máxima magistratura judicial del país.

Dado a los antecedentes acumulados durante los dos gobiernos del Presidente Obama sobre los candidatos a la Corte Suprema que él ha nominado, los cuales han contribuido a formar ese monolítico bloque que favorece las iniciativas del Partido Demócrata, el actual Congreso, ampliamente dominado por el Partido Repúblicano, se niega a considerar a cualquier candidato que sea nominado por el Pres. Obama durante los últimos meses de su segundo y último mandato. Quieren que sea un nuevo Presidente electo en noviembre de 2016 el que nomine al nuevo candidato a la Corte.

El argumento es válido y puede considerarse legítimo por cuanto los Republicanos no pueden anticipar cuál de los candidatos será elegido Presidente en noviembre y bien podría ser la candidata Demócrata Hillary Clinton la que entonces proponga candidatos a la Corte Suprema. Un nuevo Presidente(a) con por lo menos cuatro años por delante de gobierno, puede ser más flexible en sus negociaciones con el Congreso y más objetivo en una selección meritoria que uno que ya no tiene nada que perder en su camino a la jubilación.