Algunos medios de prensa presuntamente investigan para determinar si un determinado alegato en cierto o falso ("fact check" o verificación de datos). En realidad enmascaran la verdad. Disfrazan así su propósito de manipular la opinión pública a favor de una tendencia cultural o política.
Por ejemplo, USA Today declara que el alegato de algunos críticos que señalan que ninguno de los revoltosos el 6 de enero de 2021 portaba armas de fuego es un esfuerzo por ocultar parte de la verdad y es falso. Por tanto, en un "fact check" del 6 de enero de 2024, según USA Today: «Jill Sanborn, subdirectora de la división antiterrorista del FBI, dijo que el FBI no recuperó ninguna arma de fuego en los disturbios en el Capitolio. Pero también señaló que no puede hablar en nombre de otras agencias de aplicación de la ley.» Y añade USA Today para declarar falso el alegato que: «El Departamento de Justicia acusó a los alborotadores de llevar armas de fuego a los terrenos del Capitolio.»
Lo que no dice USA Today es que aunque el Dept. de Justicia "acusó" a los alborotadores de ese delito, no ha probado el alegato sino que lo ha matizado. El único caso en que se sancionó a una persona por ese delito fue a Ahmir Lavon Merrell, al que la policía arrestó a más de 250 metros de distancia del Capitolio porque observaron que portaba un arma TASER en el cinto (no es un arma de fuego y no estaba en los terrenos del Capitolio).
Todos los otros casos de manifestantes "armados" se refieren a los que portaban astas de banderas o carteles sostenidos por palos de madera. Los que llegaron a juicio no portaban armas de fuego, pero el jurado los castigó como si las portaban. Por tanto, muchos otros aceptaron "confesar" un delito menor para salir del pantano que ya se prolongaba para ellos por casi dos años a cambio de unos pocos meses de prisión o alguna multa que les ofrecieron por su "confesión".
En otro escenario, tres acusados fueron detenidos la noche antes de los disturbios y en el proceso del arresto encontraron armas de fuego. Fueron acusados de conspiración terrorista. No se les ha probado que intentaban portarlas en la manifestación. La mayoría de los ciudadanos del país poseen armas de fuego legalmente. En estos tres casos, los acusados no las portaban sino que las poseían y fueron encontradas en el registro.
Lo más lamentable es que a raíz de los trágicos ataques terroristas a las torres gemelas y al Pentágono, se pasaron leyes draconianas que han dado poder de procesamiento a las autoridades por sospechas de terrorismo. Este poder descansa en motivos de "seguridad nacional" que se superponen a las garantías constitucionales de los sospechosos según las cuales debe haber un límite de tiempo para presentar pruebas, debe considerarse inocente al acusado mientras no se le demuestre lo contrario y debe concedéresele libertad bajo palabra hasta que pueda celebrarse un juicio con las debidas garantías constitucionales. Este debido proceso no se ha aplicado a los detenidos por los hechos del 6 de enero de 2021 sino que se les ha tratado como a los terroristas islámicos del 9/11 negándoles todas sus garantías constitucionales.
Se ha procedido a anteponer una supuesta garantía de seguridad a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos en democracia. En estos casos se están aplicando a los manifestantes del 6 de enero unas leyes que fueron aprobadas para combatir el desalmado terrorismo islámico.
No cabe duda de que algunos revoltosos realizaron actos de vandalismo y violencia personal y otros pueden ser acusados de allanamiento, todos los cuales deben ser debidamente castigados. Lo que es condenable son las exageradas medidas represivas que se han tomado y se siguen tomando contra TODOS los manifestantes detenidos del 6 de enero. Son medidas dictatoriales que no pueden justificarse en ningún país que respete los derechos y libertades de sus ciudadanos.
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