El lado oscuro de las acusaciones y juicios contra Donald Trump

Me resulta contradictorio dedicar tiempo a escribir un artículo de opinión sobre Donald Trump y que el espíritu de este afán lejos de ser crítico pueda ser más bien considerado en defensa del exmandatario republicano.  Una contradicción puesto que durante la legislatura del expresidente no fui favorable a la mayoría de sus posiciones y posturas. Aunque en ocasiones reconocí algunas de sus decisiones de atinadas y correctas, en otras mi punto de vista fue discrepante, como ocurrió con la política asumida por su administración hacia el caso específico de Cuba, si se compara con la que dispuso de diálogo abierto hacia Pyongyang. Los sucesos del Capitolio y la terquedad en reconocer la victoria electoral de su contrincante en las elecciones del 2020 resultaron el punto culmen de mi rechazo a su figura. Pero a la luz de lo ocurrido posteriormente y tal como se vislumbra el desarrollo de los acontecimientos actuales, con una mirada más reposada de hechos pasados desde la distancia del tiempo, las cosas adquieren otro color y sentido. La cadena de acusaciones, fallos jurídicos y causas abiertas contra Trump suceden en un entorno viciado en el que las intencionalidades de justicia quedan empañadas por las dudas y procedimientos discutibles. Analizarlos sin prejuicios, sobre todo por el peligro que entrañan esos manejos, no solo se convierte en cuestión de justicia, sino de responsabilidad ciudadana.  

Siguiendo el orden cronológico de esta cadena legal, el primer acto concreto se inicia en abril con el arresto de Trump en Nueva York para declarar sobre 34 casos de falsificación de registros mercantiles, de los cuales el acusado se declaró inocente. Una ocasión aprovechada por el imputado para reclamar asuntos similares atribuidos a otras personalidades de la bancada demócrata y sus afines, pero que no han contado con la misma repercusión ni seguimiento. Se refería Trump a 33 mil correos electrónicos acusados a Hillary Clinton y centenares de documentos ocupados en residencias de la familia Biden que habrían sido retirados de los archivos en tiempos en que el actual mandatario desempeñaba la vicepresidencia durante el gobierno de Obama. 

No había terminado de apagarse en los medios el revuelo de aquella audiencia neoyorkina cuando los focos saltaron al caso de asalto sexual contra Donald Trump, demanda dirigida contra el hombre de negocio por la escritora E. Jean Carroll. Un hecho ocurrido en los albores de 1996 y que según la demandante ocurrió en el probador de una lujosa tienda de New York (Bergdorf Goodman), donde ella había entrado con Trump para darle una opinión solicitada por este sobre cierta pieza de lencería que estaba por comprar. Sin aclarar el grado de confianza para acceder a tan rara petición, la señora afirma que se produjo el violento acto del que mantuvo silencio por casi dos décadas debido al temor que le inspiraba el “poderío” del agresor. La oportuna irrupción del movimiento #Me Too# le dio el impulso para contar el hecho en 2019 a través de un libro de memorias cuyo título, "¿Para qué necesitamos a los hombres? Una propuesta modesta", da una idea de las conexiones con la ideología de género de aquella corriente feminista que le inspiró valor. Sin embargo, Carroll no recuerda fecha exacta del suceso. Tampoco dos amigas a las que ella comunicó en aquel entonces lo ocurrido vía telefónica y que ahora salen a la palestra como testigos. Una de estas, la también escritora Lisa Birnbach, declaró ante un jurado federal que recordaba aquella noche primaveral del 96 en que Carroll la llamara para decirle que Trump la acababa de atacar en el probador del lujoso almacén. 

A inicios de mayo, la demandante recibe el apoyo inapreciable de un testimonio que debería corroborar los instintos depredadores del expresidente, ahora acusado. En este caso los hechos se remiten a la década del 70 sin especificar año exacto. Según la testificante, Jessica Leeds, ocurrió durante un “vuelo diurno de Dallas, o Atlanta, a Nueva York.” Cuenta la señora Leeds en sus declaraciones que una azafata le invitó a sentarse en el único asiento vacante del pasillo de la primera clase. A su lado estaba nada más y nada menos que un caballero que se presentó como Donald Trump y que sin mediar muchas palabras ni ceremonias le “metió mano”.  

Finalmente, el 9 de mayo Trump fue declarado culpable de abuso sexual y difamación por un jurado que desestimó el caso de violación al determinar que, si bien había pruebas suficientes para decretar el acto abusivo, estas no existían para el más grave de violación. De acuerdo con la ley estadounidense un manoseo o toqueteo sin consentimiento constituye ya una agresión o abuso sexual. En ese caso la demandante solo debía probar el hecho por “preponderancia de las pruebas”, lo que se traduce como que el jurado solamente tenía que creer que la versión contada por Carroll tenía más probabilidades de ser cierta que no serlo. Por tanto, el jurado concluyó creer que Trump abusó de su víctima. 

Lo anterior me trae al recuerdo aquella figura legal que se aplicaba en Cuba (no sé si se continuará aplicando) conocida como “convicción moral de los hechos”. Se podía aplicar incluso si reclamabas por haber sido expulsado de tu trabajo porque desde alguna parte te afeaban por falta de confiabilidad, la mayoría de las veces por motivos políticos. Y sin mayores pruebas tu reclamo quedaba anulado ante la parte mediadora por el convencimiento que esta tenía sobre la credibilidad de la parte acusadora. Algo que hacía innecesario siquiera pruebas o la verificación de los hechos. Que esto lo implemente un organismo partidista o una dependencia policial en un país donde no existe debida separación de la Ley, es hasta comprensible. Pero que un jurado independiente en un país donde impera la Ley acuda a este tipo de mecanismos legales para ratificar una condena que se basa en creer que la palabra de una persona tiene más crédito que la de otra y por tanto su testimonio es suficiente porque simplemente lo dice e incluso lo ha escrito en un libro, a mi juicio resulta preocupante. 

Y mientras el plato fuerte de este affaire concluye con el pago de una multa millonaria, y cuando Trump se ha declarado en campaña en su intento por recuperar el cargo presidencial en el 2024, llega lo que parece ser el plato fuerte del espectáculo que augura extenderse hasta bien entrado el próximo año. Tuvo su primera escena el pasado 13 de junio en Miami. Pero curiosamente entre agosto y septiembre del 2022 ya salían a la luz ciertas notas de prensa rebelando un extraño episodio relacionado con toda esta trama y que de alguna manera pueden incidir en su desarrollo. Se trató de una joven de origen ucraniano que había falsificado su identidad asumiendo el apellido de la adinerada familia Rothschild. La estafadora, que realmente se nombraba Inna Yashchyshyn, residente en Estados Unidos y al parecer vinculada con operaciones de crimen organizado en Miami Beach, se había infiltrado en numerosas ocasiones en Mar a Lago, como reza el titular del artículo que refiere el hecho.

A pesar de sus declaraciones a la prensa sobre encuentros con agentes del FBI, el Servicio Secreto no confirmó a los medios si en verdad investigaban a la mujer. Un ex supervisor de la agencia dijo al periódico que era necesario determinar si se trataba de un fraude o una amenaza a la inteligencia. Estas declaraciones, la estancia en el resort Mar a Lago, descrita en el reportaje como “infiltración”, así como una foto tomada junto al expresidente en el terreno de golf, daban pie a los criterios sobre los peligros en que Trump puso a la nación cuando esta persona relacionada a su entorno pudo acceder al contenido de los papeles que mantenía en su residencia. En los artículos se menciona incluso posibles accesos de personas de origen chino, iraníes y hasta cubanos. Un perfecto redil de espionaje que increíblemente hasta entonces había pasado indetectable para los servicios de inteligencia. En este caso de papeles secuestrados sobre el atribulado expresidente pesan 37 cargos que pudieran significarle cientos de años de cárcel si su culpabilidad fuera ratificada por un juez. Un caso legal que recién comienza, pero cuya trama tendrá su progreso en los próximos meses, justo en tiempo electoral con todos los contratiempos y obstáculos que ello supondrá para el que ya es candidato presidencial.  

Todo lo anterior confirma de alguna manera el estado de credibilidad en que se encuentra la salud democrática en Estados Unidos. Algo que ya se puso en evidencia con los hechos producidos el 6 de enero en el Capitolio, pero que venía anunciándose en otros eventos anteriores. Una realidad que se cierne de manera amenazante sobre la mayoría de aquellos países que asumen los valores occidentales de democracia, derechos y libertades, haciendo temer sobre su futuro. Amenazas y zozobras ante las que vale tener en cuenta a Dios, no para que Salve a la Reina (¿o al Rey?), o incluso al propio Trump, sino para que su protección Divina se extienda sobre una Humanidad cuyos destinos dependen de la nociva influencia de malos políticos, corruptos de todo tipo, megaempresas, emporios industriales, tecnológicas desorbitadas y banqueros inescrupulosos, para quienes lo que más cuenta son sus ganancias. Farsantes todos que hablan en nombre valores en los que no creen y que asumen bajo la identidad de falsos profetas o filántropos con oscuros proyectos salvadores.