La Fiscalía de la República de Cuba miente

En los juicios de los manifestantes del 11J no hay debido proceso, ni respeto de ningún derecho humano, ni legalidad.

Seis meses después del estallido popular en Cuba, la Fiscalía de la República declara todo lo contrario a la realidad. No fueron 790 manifestantes “vandálicos”, ni hay debido proceso, ni respeto de ningún derecho humano, ni legalidad en las actuaciones de los agentes de la dictadura estalinista totalitaria y sus funcionarios públicos.
El problema del sistema judicial cubano es quién interpreta la ley. Un sistema judicial secuestrado por un partido único y por la policía política viola la ley escrita y los derechos de todos los ciudadanos, de modo que es imposible la impartición de justicia en Cuba.

Varias organizaciones de derechos humanos cubanas han monitoreado desde el 11 de julio de 2021 el número de arrestos arbitrarios, las causas falsas imputadas, los presos y presas actuales, la actuación de las autoridades y la violación de todos los derechos ciudadanos. El no reconocimiento de la dictadura cubana de los derechos civiles y políticos genera detenciones arbitrarias, encausamientos falsos, cárcel arbitraria y violación de todos los derechos constitucionales.

La última actualización del grupo Justicia 11J revela que “desde las protestas antigubernamentales en julio último se tiene el registro de 1 377 personas detenidas por salir a manifestarse en esas jornadas cívicas”. El 19 de enero, el mismo grupo reportaba: “Al menos 726 personas continúan en prisión por las protestas de julio, y nueve en relación con la convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre. Hasta el 31 de diciembre, la ONG Prisoners Defenders registraba otros 142 prisioneros políticos por otras causas”.

Por su parte, Proyecto Inventario contabilizó 293 lugares en todo el territorio nacional donde se manifestaron los ciudadanos el 11 y 12 de julio de 2021.

El pasado 11 de enero, el director ejecutivo de la ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el exprisionero político Alejandro González Raga, denunció a 25 fiscales y jueces cubanos que abusan de su autoridad y violan los derechos de los ciudadanos en los juicios sin debido proceso que se han desarrollado en diciembre de 2021 y enero de 2022.

Por otra parte, la ONG Fundación para los Derechos Humanos en Cuba tipificó el delito de prevaricación para las actuaciones de los jueces y fiscales cubanos. Este delito define al juez o funcionario que dicte una resolución consciente de que es contraria al Derecho, es decir, injusta o arbitraria.

Las falsedades de la declaración de la Fiscalía cubana

El medio oficial Cubadebate publicó la declaración de la Fiscalía cubana el 25 de enero de 2022. En ella señala: “La Fiscalía recibió, una vez concluida la investigación, 117 expedientes de fase preparatoria correspondientes a los hechos de mayor connotación, con 790 personas instruidas de cargo por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden”.

Esta aseveración es falsa, porque no han sido probados en ninguno de los juicios realizados hasta el momento los actos vandálicos, el atentado a las autoridades, las personas y los bienes, ni las graves alteraciones del orden. La Fiscalía comete el delito de prevaricación. Los testimonios de los encausados, familiares y testigos de la defensa han demostrado la falsedad de las acusaciones y de la narrativa de los testigos de la Fiscalía.

La declaración de la Fiscalía también señala que su decisión de “sostener la acusación ante los tribunales, en todos los casos estuvo basada en los medios de prueba aportados, entre ellos las declaraciones de testigos y víctimas, peritación de videos publicados en diferentes medios y otros ocupados, que permitieron la identificación de los imputados en hechos que tipifican delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robos con fuerza y violencia, atentado, sabotaje y sedición”.

“La determinación de acusar por el delito de sedición, aunque tiene previstas sanciones severas, se corresponde con el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional”.

Esa es otra aseveración falsa de la Fiscalía de la República.

Según los testimonios de los encausados, de sus familiares y abogados defensores, en ninguno de los juicios ya efectuados se ha podido probar el delito de sedición: un delito político.

Los videos utilizados por los fiscales en cada uno de los juicios o han sido editados a favor de ellos mismos o no se presentaron por presuntos “problemas técnicos”. Por lo tanto, esas argumentaciones de jueces y fiscales son falsas. Los familiares y víctimas de los procesados han denunciado en cada ocasión la fabricación de testigos de la Fiscalía, siempre policías, que mienten en calidad de afectados o de testigos presenciales de los hechos.

Sin embargo, no existe ningún miembro de las autoridades represivas de la PNR, la Seguridad del Estado o las tropas antimotines (Boinas Negras)  encausado por las golpizas propinadas a los manifestantes del 11 y 12 de julio.

La Declaración de la Fiscalía señala también: “En distintas localidades se apedrearon instituciones oficiales, hospitales, casas de cambio (CADECA), establecimientos comerciales y de expendio de combustible; muchos de ellos, como consecuencia de la violencia generada, resultaron saqueados y sustraídos los bienes, provocándose cuantiosos daños; asimismo fueron asediados, volcados y dañados medios de transporte”.

Sin embargo, la información pública no ha recogido más de tres tiendas saqueadas y dos autos volcados en Cárdenas, Matanzas, y en Mayabeque. El único video publicado por la prensa oficial cubana para mostrar la “violencia” corresponde a Cárdenas, donde aparecen tres tiendas saqueadas, un auto volcado y luego un hospital pediátrico en el cual no se observa ningún vandalismo, aunque una voz en off dice que allí se tiraron piedras.

Es decir, la Fiscalía y los medios de información oficiales ocultan las evidencias o mienten abiertamente sobre los supuestos “790 actos vandálicos”. Tampoco los medios han aludido a heridos o muertos de las autoridades policiales. La prensa oficial solo ha reconocido la muerte de Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años de edad, un manifestante baleado por la espalda por un policía. El policía en cuestión aún no ha sido enjuiciado.

La Fiscalía aceptó que 55 menores, de entre 16 y 18 años de edad, han sido encausados. La dictadura cubana es Estado Parte de la Convención del Niño de la ONU; sin embargo, viola la edad establecida en esta Convención. A partir de los 16 años de edad en Cuba se juzga con responsabilidad penal.

La Declaración de la Fiscalía agrega: “La Fiscalía General de la República reitera que actuará de conformidad con el encargo constitucional, en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los intereses del Estado y el respeto al derecho de todos los ciudadanos”.

Otra declaración falsa porque el derecho a manifestarse pacíficamente y la libertad de expresión son derechos constitucionales. Sin embargo, la Fiscalía y los jueces criminalizan estos derechos y los convierten en delitos comunes.

No ha existido debido proceso

Las detenciones del 11 de julio (11J) fueron arbitrarias. La demora en avisar a los familiares y presentar la causa de las detenciones en todos los casos excedió las 24 horas. Las condiciones de encarcelamiento han sido denunciadas por familiares y las propias víctimas: golpizas de las autoridades o de presos comunes enviados a golpear por pequeños privilegios, ausencia de atención médica, ausencia de medicamentos, celdas de castigo arbitrarias, torturas como “las chaquiras”, el potro, la cama turca y el balancín. Celdas de castigo arbitrarias. Amenazas y detenciones a las familias para que no denuncien la injusticia de los arrestos y los maltratos a los manifestantes, la imposibilidad de comunicación de los reclusos con sus familias como forma de castigo contra los manifestantes encarcelados.

No ha existido debido proceso porque los abogados defensores no siempre han estado presentes en los juicios realizados, y tampoco han podido consultar el expediente fiscal con el debido tiempo (en los tribunales está prohibido fotocopiar el expediente fiscal). Por lo tanto, los abogados defensores deben ir a tomar notas en horas laborables.

No ha existido debido proceso porque los juicios públicos han sido “secretos”. Solo se ha permitido la asistencia a un familiar de cada manifestante y los tribunales han sido militarizados dentro y fuera de las salas para evitar que las personas accedan.

No ha existido el debido proceso porque los videos prueba de las imputaciones fiscales no se han mostrado en los juicios orales o se han presentado editados a favor de las imputaciones fiscales y contra los manifestantes. En todos los juicios concluidos no se ha probado el delito de sedición y así los abogados defensores lo han demostrado. El grupo Justicia 11J ha contabilizado 158 manifestantes acusados del delito político de sedición.

No ha existido el debido proceso porque según los testimonios de los familiares y las víctimas, los testigos de la Fiscalía siempre han sido policías con una narrativa contraria a los hechos.

No ha existido debido proceso por la prevaricación de los fiscales y jueces. Las peticiones fiscales han sido de hasta de 30 años, porque en cada caso se ha criminalizado la manifestación pacífica, un derecho constitucional.