Tanto para una familia como para un país, una deuda desmedida que pueda poner en peligro una catastrófica insolvencia, demanda un esfuerzo intenso por disminuir los gastos, mientras se busca incrementar los ingresos. Esto es complicado y choca con la resistencia de los afectados ya que conlleva renunciar, al menos temporalmente, a un modo de vida falsamente opulento que se sustentaba del crédito, a un nivel que finalmente alcanza un límite que resulta impagable y termina en la ruina, tanto en el plano familiar como en el nacional.
Esto es lo que estamos contemplando en Estados Unidos. Se ha llegado demasiado lejos en las políticas populistas que dibujan un falso crecimiento basado en una creciente deuda pública que ya supera los 36 trillones=36 billones en español=$107,000 por cada ciudadano y residente legal, agravada por la carga abrumadora de los intereses que hay que pagar por esa deuda, la cual se ha agudizado desde 2021 con una notable alza de la tasa de interés, hasta el punto que el servicio de la deuda ya sobrepasa ampliamente el presupuesto de defensa, obligando al Estado a pagar un interés anual de más de un trillón de dólares (un billón en español), una cifra que, además, sigue creciendo aceleradamente. Esta es la onerosa situación que heredará la nueva Administración en enero, enfrentando un déficit presupuestario de más de 2.2 trillones (2.2 billones en español) anuales, que se suman a la ya espantosa deuda y sus respectivos intereses.
La única solución posible es apretarse el cinturón renunciando a la falsa opulencia de vivir a costa de un creciente endeudamiento que tarde o temprano provocaría un desastre económico sin precedentes. En definitiva, exige un firme recorte presupuestario. Esta solución va a ser dolorosa y le costará al país unos cuantos años reponerse de los efectos de un radical recorte presupuestario, como el que está anunciando la nueva administración. Habrá un período de mayor desempleo que provocará un descenso en la demanda, provocando notables pérdidas a las pequeñas y medianas empresas, y resultando en muchas cesantías, cierres y casos de bancarrota.
No obstante, la proyectada reducción de impuestos a las corporaciones logrará el regreso de muchas empresas que se alojaron en otros países en busca de mejores condiciones económicas. Este regreso acabará compensando el desempleo provocado inicialmente por estas medidas. Pero es un proceso que puede tomar entre 2 y 5 años para arrojar resultados claramente positivos, aumentando la competitividad de los productos y servicios, provocando así no sólo la eventual reducción del desempleo sino también la reducción y eventual eliminación del déficit comercial y un saludable equilibrio de la balanza de pagos, todo lo cual fortalecerá al dólar y afectará la inflación, reduciéndola al mínimo.
Para que una nueva Administración sea capaz de enderezar la economía con estas medidas, requerirá un espíritu de sacrificio que permita llegar lo más pronto posible a las metas deseadas sin tropezar con el vigoroso entorpecimiento de los adversarios políticos más inclinados a defender sus intereses creados que a colaborar por el bien del país con quienes califican de enemigos irreconciliables. Esta reconstrucción de una economía excesivamente endeudada exige un espíritu de diálogo, reconciliación y concertación. En resumen, se trata de aplicar el sentido común a la escena política.