Retrato de la Asamblea Nacional del Poder Popular
Afirmar que en Cuba existe un Parlamento es una burla a los principios del constitucionalismo clásico.
Los parlamentos, primeramente, fueron las reuniones de los representantes de la nobleza, el clero y de las ciudades con derecho a ello, que los monarcas europeos convocaban para aprobar la imposición de gravámenes y otros asuntos. En dichas reuniones se partía del principio aceptado por las partes de que el soberano sólo podía exigir tributos con el consentimiento de sus súbditos.
Los parlamentos que hoy se conocen son los órganos supremos del poder del Estado, con poderes legislativos. Son integrados por representantes elegidos por el pueblo. Pero en el caso de Cuba esto no se cumple, dado que la Ley No. 72 de 1992, le da potestad a la Comisión Electoral Nacional para elegir el 50% de los diputados, sin el voto directo y secreto de la población.
Con este proceder, la Comisión Electoral Nacional aplica un dedazo que le permite al Partido Comunista, amparado en una ley inconstitucional, colocar a sus cuadros políticos y gubernamentales como diputados en el seno del Parlamento.
Es falso que la Asamblea Nacional del Poder Popular se ocupe de elaborar y aprobar las diferentes normas jurídicas, garantizar el funcionamiento de las instituciones del Estado, así como velar y someter a escrutinio cuando los casos lo requieran a los dirigentes del Estado y del Gobierno. Esto no es posible aunque lo diputados lo deseen, debido a que tienen que limitarse a apoyar y votar unánimemente los temas sometidos a debate que previamente les impuso el Partido Comunista en el orden del día.
El Parlamento es la instancia legislativa donde los diputados, que representan al pueblo, tienen la libertad de expresarse de manera libre, discursar, discutir y resolver los asuntos más acuciantes de la nación. Pero eso está vedado para los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Cuando habla el presidente de la República, que es un diputado más, los integrantes de la ANPP se limitan a aplaudir.
No se discute: los diputados votan unánimemente, sin un debate previo.
La Asamblea Nacional del Poder Popular, según sus funciones y facultades en la Constitución de la República de Cuba, no se desempeña como un verdadero órgano legislativo. Tal es así que en el pasado año solo aprobó dos leyes; todo los decretos y decretos-leyes, en su mayoría violatorios de la Constitución, fueron promulgados y puestos en vigor por el Consejo de Estado.
Estas violaciones ocurren porque los diputados nunca han cumplido con el artículo 75 de la Constitución de la República, que en su inciso (c) los faculta para "decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes y decretos-leyes y decretos" y el inciso (ch) el cual refrenda su derecho a "revocar en todo o en parte los decretos-leyes que haya dictado el Consejo de Estado".
El Parlamento cubano, desde el momento en que acata el artículo 5 de la Constitución que plantea que "el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado que organiza y orienta los esfuerzos hacia los altos fines de la construcción del socialismo", pierde totalmente su naturaleza de Poder Legislativo independiente.
El Partido Comunista encarna los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, es por ello que el Parlamento cubano no elabora ni aprueba la mayoría de los instrumentos legales vigentes, sino que esto lo asume el Consejo de Estado. Tampoco participa en la aprobación o rechazo de los integrantes del Poder Ejecutivo. Incumple el artículo 75 en su inciso (p) que plantea "ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno", y el inciso (q), "evaluar y acordar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de cuenta que presenta el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros".
El 31 de julio de 2006 Fidel Castro renunció como jefe de Estado y Gobierno por razones de enfermedad. Desde ese entonces y hasta la fecha, no se han sometido a escrutinio en el seno del parlamento los daños ocasionados a la economía nacional por la "Batalla de Ideas". El Partido Comunista impuso el silencio definitivo sobre este asunto, y los diputados callaron y lo aceptaron, como si aquella locura no hubiera ocurrido.
Un elemento que diferencia los parlamentos de los países en que está vigente el estado de derecho con el que existe en Cuba es que en éste se hallan ausentes sistemas democráticos como la inviolabilidad y las autonomías reglamentaria, presupuestaria y funcional.
La sede de los diputados cubanos, en los hechos, carece de inmunidad. Transcurridos 39 años del surgimiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, esta no tiene un local propio, en que pueda realizar de manera normal sus labores legislativas.
Los diputados se reúnen dos veces al año, cuando más tres días, en el Palacio de las Convenciones, previamente habilitado, de manera provisoria, sin las condiciones para cumplir con sus fines.
La carencia de una sede permanente del Parlamento cubano se debe a que al Partido Comunista y al Gobierno nunca les ha interesado que esto ocurra, porque no han tenido en cuenta y mucho menos respetado la labor de los diputados, quienes no gozan de ninguna garantía, algo que es propio de un régimen militar dictatorial.
Los diputados conocen los límites impuestos por el Partido Comunista y el Gobierno al libre ejercicio de la libertad de opinión, así como las normas no escritas de sus funciones parlamentarias, caracterizadas por el perenne silenciamiento de las opiniones y los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, que la prensa oficial no refleja.
El artículo 80 de la Constitución plantea que "las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular son públicas", pero eso nunca ha ocurrido.
Los diputados cubanos no gozan de un verdadero mandato. No tienen libertad alguna de indagar y cuestionar porque determinados asuntos de interés nacional no son sometidos a debate en el pleno de la Asamblea. Sus actuaciones tienen que ajustarse a las instrucciones que les imparte el Partido Comunista, sin tener derecho a exponer de manera libre las inquietudes sobre los asuntos que afectan a sus electores.
El Parlamento cubano es de naturaleza antidemocrática. No se puede calificar de Poder Legislativo dado que la actividad de los parlamentarios está sujeta a una obediencia cuasi religiosa a las directrices del PCC.
Para permanecer en el parlamento los diputados deben sumarse al juego de la simulación y la obediencia. Hacer lo contrario significaría ser despedidos y perder sus sustanciosos privilegios
La manera en que se redactó la Constitución, en su esencia desnaturaliza el real desempeño del Poder Legislativo en Cuba y le otorga todo el poder al Consejo de Estado, en el que se conjugan los poderes de la Asamblea Nacional, del Estado y el Gobierno, todos concentrados en manos del Primer Secretario del Partido Comunista y Jefe de Estado y de Gobierno, Raúl Castro.
La permanencia en sus cargos de los funcionarios del Estado y del Gobierno no depende de la aprobación de los diputados. Estos nunca han aplicado el voto de censura, ya que implicaría su automática sustitución.
La preocupación de la camarilla, de burócratas y militares ahora con uniforme de civil, no son los diputados, sino que los llame a rendir cuentas el Buro Político o un alto dirigente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista, que son los que realmente mandan en Cuba.
Los mecanismos constitucionales de Cuba hacen totalmente inocuo el poder de los diputados. Hasta hoy no se han atrevido a consensuar la sustitución del actual Gobierno, ni siquiera la desaprobación de cualquier planteamiento del Poder Ejecutivo que consideren improcedente. Eso, en 39 años no ha ocurrido, porque ninguno de los diputados tiene vocación de suicida.