- El alcalde de Iguala, elegido por el PRD, y su esposa, Consejera Estatal del PRD, son prófugos de la justicia, acusados del asesinato de 43 normalistas y sospechosos de otros crímenes
- El alcalde dio la orden de asesinato a la policía, instigado por su esposa, María de los Angeles Pineda, reconocida cabecilla del cartel Guerreros Unidos
- Angel Aguirre, Gobernador de Guerrero por la boleta del PRD, ha renunciado bajo sospechas de contubernio
- La alcaldía de Iguala recibía entre $148.000 y $222.000 mensuales del grupo de narcotráfico Guerreros Unidos
México, Oct.23.─ La primera reconstrucción oficial muestra el papel determinante del alcalde y su esposa en la desaparición de los 43 normalistas. 
Él dirigía la policía, ella reinaba sobre los sicarios; él era el alcalde, ella su esposa. José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda Villa formaban una pareja letal. Ambos pusieron en marcha la noche del 26 de septiembre el mecanismo infernal que dejó seis muertos sobre el asfalto de Iguala, hizo desaparecer a 43 estudiantes y sumió a México en un túnel del que aún no ha salido. Ahora, casi un mes después, la Procuraduría General de la Republica ha ofrecido la primera reconstrucción oficial de lo ocurrido en aquellas horas salvajes. El relato, fruto de 17 días de intensas investigaciones, 52 detenciones y un extraordinario despliegue policial, muestra un escenario convulso, de poder, sangre y corrupción, en el que la pareja Abarca-Pineda juega un papel clave.
La mujer, hija y hermana de narcos, dirigía, según los investigadores, el cartel de Guerreros Unidos en Iguala, en complicidad con su esposo. Pero había decidido dar un paso más: quería la alcaldía. Con este objetivo había logrado ser elegida consejera estatal del PRD y se había hecho cargo de un organismo municipal, que le tenía que servir como catapulta. Su primer gran acto se celebraba ese viernes en el zócalo. Ahí iba a empezar su carrera para las elecciones de 2015. Contaba con el apoyo de su marido, el respaldo del principal partido del estado y, sobre todo, tenía el poder de las tinieblas de su parte. Guerreros Unidos se había infiltrado hasta tal punto en el Ayuntamiento que, según la procuraduría, era quien elegía los policías. Su marido, además, mantenía la armonía entregando fuertes sumas a la organización (hasta 240.000 euros a la semana; 300.000 dólares), de los que un buen pellizco iba al bolsillo de los sicarios reconvertidos en agentes. Con estas alianzas y en un clima de impunidad absoluta, nada parecía poder frenarla. Pero justo ese día llegaron a Iguala dos autobuses cargados de estudiantes de magisterio de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa.
Los jóvenes, como recordó ayer el procurador general, Jesús Murillo Karam, mantenían un viejo pulso contra el alcalde. Le culpaban de la tortura y asesinato de un líder campesino, el ingeniero Arturo Hernández Cardona. Y ya en junio de 2013, habían atacado la sede municipal y llenado sus paredes de pintadas acusando del crimen al regidor.
Cuando esa tarde entraron en Iguala, los sicarios que controlan la ciudad alertaron inmediatamente a la sede de la Policía Municipal. Todos creyeron que los estudiantes iban a reventar el acto de María de los Ángeles Pineda. Nada más lo supo el alcalde, exigió a sus agentes que lo impidiesen a toda costa. La orden devino en locura ...
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