Argumentos sobre la decisión de la Corte Suprema de EEUU que otorga la ciudadanía por nacimiento sin restricciones

Encuentro muy interesante la opinión que nos ofrece Ken Blackwell en inglés  hace pocas horas en una nota que publicó en Facebook, comentando la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. que permite la ciudadanía automática por nacimiento (ius soli) sin restricciones. Blackwell es un destacado columnista, diplomático, exalcalde de Cincinnati y exfuncionario estatal de Ohio. Es investigador principal del Family Research Council, vicepresidente del comité ejecutivo del Council for National Policy y miembro del Council on Foreign Relations.Traduzco el texto de Blackwell para beneficio de todos porque esclarece detalladamente y con argumentos muy claros la opción que tiene el Congreso de EEUU de regimentar el derecho a la ciudadanía por nacimiento (ius soli) dentro de un orden migratorio. Dice así: 

El martes, la Corte Suprema anuló la orden ejecutiva del presidente Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento en el caso *Trump vs Barbara*. El juez Kavanaugh votó en contra de la administración y coincidió en que la orden no podía mantenerse. Sin embargo, su opinión separada podría resultar más valiosa para esta causa que una victoria judicial directa.

Kavanaugh escribió que la orden no violaba en absoluto la Enmienda XIV a la Consstitución de Estados Unidos. A su juicio, la orden fracasó por una sola razón: entraba en conflicto con una ley federal —la Sección 1401 del código de inmigración— que fue aprobada por el Congreso y que el propio Congreso puede modificar.

Acto seguido, detalló la vía a seguir. Kavanaugh señaló que el Congreso podría enmendar dicha ley o aprobar una nueva legislación. Los legisladores podrían establecer excepciones a la ciudadanía automática para los hijos de padres que se encuentren en el país de forma ilegal o meramente temporal. Por tanto, un magistrado en ejercicio de la Corte Suprema plasmó esta hoja de ruta en una opinión publicada para que todo el mundo pudiera leerla.

Es importante comprender por qué la ley es relevante en este contexto. El Congreso incorporó a la legislación federal el texto de la Enmienda XIV relativo a la ciudadanía en 1940 y lo mantuvo en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. La norma que los políticos califican de intocable ha estado contenida en una ley ordinaria durante más de ochenta años. Y las leyes ordinarias pueden ser reformadas por mayorías ordinarias.

Durante treinta años, la clase política vendió a los estadounidenses una versión distinta de la realidad. Sostenían que la ciudadanía por derecho de nacimiento estaba blindada en la Constitución y que nada menos que una enmienda constitucional podría modificarla. Dado que las enmiendas requieren el apoyo de dos tercios del Congreso y de tres cuartas partes de los estados, la excusa resultó eficaz. Así, los políticos podían lamentarse y enviar cartas para recaudar fondos sin tener que emitir nunca un voto difícil.

Kavanaugh desmanteló esa excusa. Señaló incluso que, a lo largo de tres décadas, el Congreso ha estudiado proyectos de ley para modificar la ciudadanía por derecho de nacimiento sin haber aprobado ninguno. El obstáculo nunca fue la Constitución. Año tras año, el Congreso prefirió aferrarse a la excusa antes que ponerse manos a la obra, mientras el abuso iba en aumento.

Y el abuso es real. Ciudadanos extranjeros viajan en avión con visados ​​de turista con el único propósito de dar a luz. Obtienen un pasaporte estadounidense para el niño y regresan a su país con un «billete de oro». Existe toda una industria del turismo de parto que promociona abiertamente esta práctica, y los traficantes de personas ofrecen cruces fronterizos ilegales prometiendo la ciudadanía para el futuro hijo como parte de su oferta. Casi ninguna otra nación desarrollada concede la ciudadanía de esta manera.

La Decimocuarta Enmienda cumplía un objetivo concreto. El Congreso la redactó en 1868 para anular el fallo del caso *Dred Scott* y garantizar que a ningún estadounidense se le negara la ciudadanía por motivos raciales. Ese propósito sigue vigente, y cerrar un vacío legal actual no lo altera en absoluto.

Quienes redactaron la enmienda jamás imaginaron situaciones como la permanencia más allá del plazo permitido del visado, los paquetes de turismo de parto o una frontera abierta utilizada como una máquina de generar ciudadanía. Kavanaugh planteó precisamente este argumento: sostuvo que la inmigración ilegal a gran escala y los viajes modernos han creado condiciones que el Congreso de la era de la Reconstrucción nunca previó, y que es posible establecer nuevas excepciones que convivan con las históricas, como las aplicables a diplomáticos y a fuerzas de ocupación enemigas.

Analicemos ahora las cifras en el Tribunal, ya que la prensa restó importancia a este detalle. Los titulares calificaron el fallo como una decisión de 6 votos contra 3. Sin embargo, en lo que respecta a la cuestión constitucional, la votación fue realmente de 5 contra 4. Los magistrados Thomas, Alito y Gorsuch expresaron su disconformidad total, y Kavanaugh se unió a ellos al rechazar el razonamiento constitucional de la mayoría, a pesar de haber votado a favor de anular la orden basándose en fundamentos legales (estatutarios).

Esto significa que cuatro magistrados en activo han señalado que la concesión automática de la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados es una decisión de política pública, y que tales decisiones corresponden al Congreso. Cuando el Congreso aprueba una ley y esta llega al Tribunal, el escenario ya ha cambiado. Esta es la posición jurídica más sólida que ha tenido el sector reformista en un siglo.

Washington captó el mensaje en cuestión de horas. El presidente Trump declaró que «¡no hace falta ninguna enmienda constitucional larga y compleja!» e instó al Congreso a ponerse manos a la obra. El senador Tom Cotton ya cuenta con un proyecto de ley, y los senadores Cornyn y Scott han presentado propuestas dirigidas a combatir el turismo de nacimiento. Esa misma semana, el Departamento de Justicia anunció medidas enérgicas contra el fraude de visados ​​relacionado con esta práctica.

Algunos republicanos, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Johnson, y los senadores Paul y Lee, siguen defendiendo la necesidad de una enmienda constitucional. Una enmienda requiere años de tramitación, mientras que una ley ordinaria puede aprobarse en meses; además, el propio magistrado cuyo voto fue decisivo acaba de afirmar que una ley es suficiente para lograr el objetivo. Aprueben la ley ahora y permitan que quienes deseen una enmienda sigan adelante con ella por una vía paralela.

Este es, pues, mi mensaje para todos los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado: ya no hay excusas. Dejen de escudarse en una barrera constitucional que un magistrado del Tribunal Supremo acaba de decirles que no existe. Redacten el proyecto de ley, modifiquen la Sección 1401 incluyendo excepciones claras, celebren las audiencias pertinentes y hagan que cada legislador deje constancia pública de su postura ante el pueblo estadounidense.

Algunos miembros votarán en contra, y los votantes merecen saber exactamente quiénes son. Todo político que haya pasado décadas prometiendo solucionar este problema debe demostrar ahora si su promesa era sincera. Ya no queda dónde esconderse.

La ciudadanía estadounidense es el bien más valioso que otorga esta nación. Jamás debería concederse automáticamente para recompensar una infracción de la ley ni venderse a través de paquetes de turismo de nacimiento. Corresponde a los representantes electos del pueblo establecer las normas, y al pueblo exigirles responsabilidades.

El martes, el magistrado Kavanaugh falló en contra de la Casa Blanca, pero al mismo tiempo puso la pluma en manos del Congreso. Nuestra labor como ciudadanos es asegurarnos de que la tomen.