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El "dossier Steele" de la campaña de Clinton, publicado a principios de enero de 2017, justo para coincidir con la toma de posesión del Presidente Trump en su primer período, fue una recopilación de historias inventadas y chismes. El "dossier" fue financiado de manera encubierta y afirmaba que Trump estaba conspirando con Rusia contra los Estados Unidos y que Rusia se aprovechaba de determinada, pero no aclarada, información comprometedora que tenía sobre él.
El gobierno ha emprendido diversas acciones relacionadas con el "dossier Steele" a través de varios canales de investigación, legales y ejecutivos. Estas se han centrado principalmente en examinar los orígenes del expediente, su uso en investigaciones federales y los litigios relacionados.
Entre las principales acciones gubernamentales se incluyen:
Investigaciones del Departamento de Justicia (DOJ):
Informe del Inspector General (IG): En diciembre de 2019, el Inspector General del DOJ, Michael Horowitz, publicó un informe que halló "
imprecisiones y omisiones significativas" en las solicitudes del FBI, amparadas en la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), para intervenir las comunicaciones del ex asesor de la campaña de Trump, Carter Page, las cuales se basaron sustancialmente en los informes de Steele. El Inspector General determinó que el FBI no informó al tribunal FISA sobre detalles cruciales relativos a la falta de verificación de las subfuentes del expediente.
Fiscal Especial Durham: El fiscal federal John Durham fue designado Fiscal Especial para investigar los orígenes de la investigación sobre la trama rusa y la injerencia estadounidense ("Crossfire Hurricane"). Su investigación derivó en acusaciones formales contra personas vinculadas a la creación y difusión del expediente, incluyendo a una fuente principal (posteriormente absuelta de mentir al FBI) y a un abogado de la campaña de Clinton (también absuelto). El informe final de Durham, publicado en mayo de 2023, criticó duramente las acciones y la dirección del FBI en relación con el inicio de la investigación y su dependencia de información no corroborada.
Acciones del Congreso:
Diversos comités del Senado y la Cámara de Representantes han llevado a cabo investigaciones y celebrado audiencias sobre este expediente y su uso por parte del FBI, publicando documentos desclasificados e informes que señalan graves irregularidades en el proceso.
Recientemente se informó que el Comité Judicial del Senado está investigando la gestión del Departamento de Justicia en una investigación sobre la financiación del expediente por parte de la campaña de Hillary Clinton.
Multas regulatorias:
La Comisión Federal Electoral (FEC) multó a la campaña de Hillary Clinton y al Comité Nacional Demócrata (DNC) por falsas declaraciones sobre la financiación del expediente como "gastos legales" en lugar de investigación de la oposición.
Acciones ejecutivas:
En marzo de 2025, el Presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para suspender las autorizaciones de seguridad del bufete de abogados Perkins Coie, que participó en la contratación de la firma que elaboró el "dossier Steele". Sorpresivamente, un juez federal bloqueó temporalmente disposiciones clave de esta orden, alegando "animosidad de represalia".
En esencia, las acciones gubernamentales se han centrado principalmente en investigar los orígenes y el uso del expediente, y se han emprendido algunas acciones legales contra personas y entidades involucradas.
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