Fanáticos vs Totalitarios

Estados Unidos y otros países desarrollados han basado su progreso histórico en una cultura judeocristiana que fue moldeando a través de los siglos lo que antaño se calificaba como civilización occidental y que hoy día se ha transformado en una verdadera civilización universal moderna. Estos países están sometidos desde las postrimerías del siglo pasado a una violenta campaña revolucionaria que se apoya en el islamismo extremista y en un reciclado socialismo marxista-leninista que se disfraza de "progresista": 1) para simular, los unos, que son defensores de una libertad religiosa en los países no islámicos; y, 2) los otros, que son los adalides de la libertad y de los derechos humanos según ellos los definen. De hecho, esta alianza impía está teniendo mucho éxito en el desmantelamiento de los procesos democráticos al provocar la reacción violenta de los gobiernos hasta llegar a forzarlos a aplicar sus poderes de emergencia. 

En tales circunstancias es imperativo plantearse esta pregunta: ¿En qué condiciones está autorizado el gobierno para activar estos poderes de emergencia? Los politólogos europeos han dedicado mucho tiempo a analizar esta cuestión estudiando las condiciones en las cuales los gobiernos europeos del pasado han descartado ciertos mandatos constitucionales para declarar emergencias, destacando que tales poderes solían invocarse para enfrentar una amenaza militar o una amenaza al orden público. 

En Estados Unidos, a medida que la forma de gobernar ha evolucionado desde 1964, hemos visto con inquietud que las emergencias se han estado declarando en la mayoría de los casos sobre una base moral, por la cual se plantea que determinado sector de la población está sufriendo porque sus miembros súbitamente perciben que unos derechos recién descubiertos por ellos, les están siendo negados. Esto ha estado dando lugar a que en Estados Unidos, y también en otras partes, no se estén respetando los procesos democráticos ordinarios para analizar, debatir y decidir qué hacer frente a esos desafíos.

Lo que está sucediendo es que las protestas violentas, las agresiones a la propiedad privada, las demandas intransigentes, están logrando doblegar los procesos democráticos que son normales en un Estado de derecho. Claro está que una pretendida base moral para invocar emergencias parece más humana que cualquier otra de carácter militar o de orden público. Pero ¡no lo es! Esto se debe a que, para justificar sus poderes especiales y tomar decisiones que no están amparadas por la Constitución, las autoridades, actuando frecuentemente con velados propósitos electorales, deben reconocer o incluso llegar a crear una clase de "malhechores", así designados oficialmente a través de los medios de comunicación para justificar el uso de poderes de emergencia. Por ejemplo, con la Ley de Derechos Civiles de 1964, la justificación de esa radical medicina era que había una caterva de políticos sureños que eran tan astutos y tortuosos, y una colección de sheriffs sureños tan despiadados y depravados, que todo el país estaba moralmente obligado a aplastarlos sin miramientos y sin una auténtica determinación de responsabilidades. Por tanto, se  elaboraron normas, decretos y leyes que desbordaron los motivos legítimos que motivaron ese movimiento.

Ese patrón se ha perpetuado, incluso cuando el tema de "los derechos civiles" se ha enfocado en otras instituciones estadounidenses que están muy lejos de ser tan objetables como lo era la segregación racial. El problema es que si nos apartamos de los legítimos procesos democráticos, toda intervención de las autoridades supuestamente destinada a defender los derechos mediante la identificación de un "malhechor" deriva en medidas que, de hecho, coaccionan el proceso democrático. Por eso, desde muy temprano en el debate sobre el matrimonio homosexual, por ejemplo, aquellos que creían y defendían el matrimonio tradicional han llegado a ser comparados con los segregacionistas o con aquellos que se habían opuesto al matrimonio interracial. Han sido identificados como "malhechores" y violadores de los derechos humanos.

Hasta un candidato presidencial y ex Vicepresidente del país, Joe Biden, no hace mucho osó afirmar lo siguiente: "Seamos claros: la igualdad transgénero es la cuestión fundamental de los derechos civiles de nuestro tiempo. No hay lugar para compromisos cuando se trata de derechos humanos básicos”. 

"No hay lugar para compromisos", dijo; luego hay que imponerle a toda la población, sin debate ni transacción alguna, todo un sistema moral. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de los estadounidenses, probablemente incluyendo a Joe Biden, saben muy poco sobre el transgénero, sus motivaciones, sus consecuencias, su estilo de vida. Pero el candidato Biden afirma irresponsablemente que a los estadounidenses no se les permitirá avanzar en sus conocimientos ni entender esta práctica mediante abiertos debates públicos en los que se respete democráticamente las opiniones de unos y otros, para eventualmente resolver sus diferencias en el ámbito social o en las urnas. 

Esto está promoviendo una verdadera aberración en las prácticas democráticas. Estamos presenciando que aquellas leyes y normas de derechos civiles, que tenían una auténtica justificación, se están extendiendo por aberrante analogía a otras áreas de la vida en Estados Unidos y otros países, obligando a acatar una relativista no-moralidad a un número creciente de personas que no han cometido ningún pecado ni, mucho menos, ningún delito, más  que creer en sus principios y apoyarse en sus valores éticos para exigir que se respeten sus libertades fundamentales en la misma medida que a los demás que pretenden arrebatárselos para su beneficio y conveniencia. En consecuencia, se les acusa de interponerse a los propósitos del gigante "progresista" que aspira a imponer a todos una cultura amoral y, además, se les silencia con agresivas acusaciones y amenazas.

La segunda característica de esta nueva orientación de los derechos civiles es lo que podemos llamar interseccionalidad. Este es el producto de una verdadera evolución sociológica. Mientras la ley de derechos civiles se limitara a proteger los derechos de los negros del sur, era un sistema estable y legítimo. Estaba justamente respaldada por la lógica de la historia que justificaba y enfocaba su aplicación. Pero si a otros grupos que gozan de los mismos derechos que se aplican al resto de la población se les da también el privilegio de promover sus causas y lograr beneficios al amparo de decretos burocráticos, normas administrativas o decisiones judiciales, lo que se está fomentando es la posibilidad de una acumulación gradual de nuevas y vastas coaliciones, capaces de ejercer poderosa influencia electoral para lograr ventajas sectoriales. Esto está siendo posible porque practicamente cualquier persona que no sea un heterosexual blanco puede ahora invocar y beneficiarse de alguna manera de aquella ley de derechos civiles.

Examinemos dos ejemplos ilustrativos.

Digamos que para soslayar las etiquetas de "socialista", "marxista" o "leninista", has adoptado la de "progresista". De hecho, supongamos que te consideras un homosexual progresista que ha concertado un matrimonio homosexual y tiene dos hijos adoptivos. Ahora sabes que la ley de derechos civiles, promulgada en Estados Unidos con otros propósitos en 1964, te convierte, con sus nuevas interpretaciones, en una "minoría" con derechos especiales. Estimas que todo tu estilo de vida depende de ello. No te conformas con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, que te amparan y te igualan a todos los demás, sino que exiges los derechos especiales que se derivan de estas nuevas interpretaciones de los derechos civiles. Por tanto, ¿cómo podrías respaldar a un partido o a un político que se oponga a que determinados grupos o sectores de la población tengan derechos especiales? Es muy probable que toda la percepción moral que tienes de ti mismo también dependa de ello, porque, en el fondo, quieres tener esos derechos especiales que los demás no tienen. En otras palabras, quieres ser "distinto" y no igualarte a los demás en los derechos que se aplican a todos; no quieres que te limiten a los derechos que se aplican a los demás.

Es posible también que hayas marchado en desfiles del orgullo gay con carteles que decían "Stop the Hate", y estás convencido de que las personas que se opongan a tales campañas que convirtieron en ley tu estilo de vida, tu matrimonio y tus hijos adoptivos, sólo pueden haberlo hecho por terribles razones y porque son tus enemigos irreconciliables. Por tanto, consideras que estás a la altura de los gloriosos manifestantes de Birmingham, y que quienes se oponen a que tales prácticas privadas se conviertan en leyes son de la misma calaña que los esclavistas, segregacionistas o racistas. Por consiguiente, te has convencido de que la otra parte es una turba vociferante de FANÁTICOS. Eso es lo que te han inculcado los "progresistas" con su nueva amoralidad.

Pero supongamos, en un segundo ejemplo, que en la otra parte hay una persona conservadora que va a la iglesia y que está horrorizada porque a su hijo de seis años le están enseñando la "fluidez de género" desde el primer grado en la escuela. Esa persona no puede quejarse de esto ni, mucho menos, exigir que la educación sexual se reserve a los padres o, si acaso, se aplace hasta que sea justificable en la adolescencia al nivel de la segunda enseñanza. Sólo por esas lógicas pretensiones, será llamada intolerante o calificada con epítetos mucho peores. De hecho, esa persona se siente amenazada por sus ideas y por su manera de proteger la educación de sus hijos; tiene la vaga sensación de que podría ser despedida de su trabajo, o multada, o que algo todavía peor podría sucederle. También siente que toda esta situación tiene que ver con los derechos especiales de los homosexuales. "Lo siento", pregunta, "¿cuándo voté por esto?" Empieza a sospechar que quitarle la voz y quitarle el voto es el objetivo principal de esos movimientos por los "derechos" de ciertos sectores o grupos. Para esa persona, la otra parte es una turba de TOTALITARIOS.

Entre el uno y el otro no hay acuerdo posible. Y así podría definirse el actual sistema de partidos políticos: los fanáticos frente a los totalitarios. A eso estamos llegando: "Divide y vencerás". ¡Lo están logrando! El debate civilizado, el respeto por la opinión ajena, la conciliación y ulterior transacción de un acuerdo civilizado están dejando de ser "políticamente correctos".

Se promueve una simple y desastrosa alternativa: "O estás conmigo o estás en contra mía". La enfermedad mortal de la democracia.