El pecado extendido en América del irrespeto a los derechos humanos

 La Cumbre del CELAC celebrada en Ciudad México el pasado 18 de septiembre logró reactivar un encuentro regional que tiene entre sus objetivos principales las relaciones comerciales justas, integradoras y libres del tutelaje de los monstruos financieros internacionales. Pero el hambre, la pobreza, desigualdad social, los retos del cambio climático y estrategias contra el coronavirus, puntos principales de su agenda para esta cita, quedaron relegados a un segundo plano noticioso por los enfrentamientos verbales entre los mandatarios de cuatro delegaciones asistentes. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou señaló durante su intervención que en determinados países de América no existe democracia plena, ni se respetan los derechos humanos, se menosprecia la separación de poderes y se utiliza el aparato represivo para acallar protestas y encarcelar opositores. Lacalle Pou citó expresamente los nombres considerados causa de preocupación señalando a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Un rifirrafe breve pero intenso, capaz de desviar la atención de los grandes problemas que afronta el continente.

Las críticas de los presidentes de Uruguay y Paraguay a los gobernantes de Cuba y Venezuela, así como las respuestas de estos en alusiones directas sobre el estado de la democracia y el respeto a los derechos humanos en sus respectivos países, puso sobre la mesa cuestiones punzantes ante las que cierta manera pocos quedan incólumes en la zona. A diferencia de su homólogo cubano, que basó su refutación en el gusto musical del presidente Lacalle por recitar un fragmento de la canción Patria Y Vida, Nicolás Maduro reaccionó emplazando a los críticos de su régimen para que pusieran lugar y fecha a un debate sobre una temática en la que su gobierno parece llevar la peor parte. Aunque osado, teniendo en cuenta los índices negativos que señalan al gobierno chavista en materia de derechos y libertades, el reto no resulta del todo disparatado. 

Tomando como base el informe de la sección española de Amnistía Internacional para el 2020 las perspectivas de la situación de los derechos y la solidez de la democracia se aprecia bastante frágil en la mayoría de los países del continente americano. En los ya conocidos por mantener sistemas de corte totalitario, pero también en los que practican la democracia y suscriben el reconocimiento de los derechos humanos en su vida institucional. Solo Costa Rica y Uruguay, con algún señalamiento este último, salen bien parados en este resumen que se adentra en los primeros meses del 2021. Un período marcado por el paso nefasto del Covid-19, que contribuyó al aumento de desigualdades, pobreza y problemas sociales. Las muertes certificadas a causa del coronavirus colocaron al territorio continental a la cabeza del mundo con el 49 por ciento de mortalidad registrada. A esto se añade las afectaciones en derechos económicos, sociales, culturales y de salud, temas centrales del encuentro regional.  

De acuerdo con los datos reflejados en la recopilación referida, y que han encabezado las noticias de reconocidos medios de prensa, el derecho a la libertad de expresión cuenta con una penosa saga en el área. La lista de agresiones, vigilancia ilegitima, amenazas o detenciones arbitrarias suceden en Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero también en Brasil, México, Colombia, considerado por Global Witness como el más letal para los activistas enfocados en materia de derechos humanos.  Guatemala, Honduras, Estados Unidos o El Salvador no quedan fuera de lista. Solamente en México se registraron más de veinte periodistas asesinados en el período que abarca el documento de Amnistía. 

También resultan preocupantes las denuncias de desapariciones forzadas El caso de los 43 maestros normalistas de Ayotzinapa no ha sido resuelto a siete años de ocurrir el macabro hecho que involucra elementos de la policía. El uso excesivo de la fuerza pudo ser documentado en protestas escenificadas en Chile, Colombia o Estados Unidos en el 2020. Al menos mil demandas judiciales fueron lanzadas contra manifestantes bajo el amparo de una Ley de Seguridad de Estado chilena. Otra legislación conocida como anti-barricadas, que penaliza con mayores sanciones la obstrucción de la vía pública durante actos de protestas, ha sido señalada por la amplitud y ambigüedad del texto como una amenaza contra acciones de reclamos legítimos.  Paralelo a estas acciones legales ocurren otras fuera de toda legalidad que derivan en ejecuciones extrajudiciales y la aplicación de la fórmula conocida como “falsos positivos” para justificar asesinatos. Dos ejemplos ilustrativos de esta situación pueden ser el del estudiante de Derecho Jonny Rodríguez Rodríguez, muerto durante protestas en la ciudad colombiana de Cali. El reporte presentado por las autoridades apunta la responsabilidad de la muerte a la propia víctima por manipulación de explosivos. Pero testigos aseguran que el artefacto que lo mató fue lanzado contra los estudiantes por los uniformados. Al menos 78 individuos entre 17 y 26 años fueron asesinados entre abril y junio en ese país sudamericano. Otro caso proviene de Paraguay donde dos niñas de 11 años fueron muertas durante un operativo militar de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el departamento de Concepción. La FTC afirmó al principio que habían “abatido” a combatientes del grupo armado de oposición Ejército del Pueblo Paraguayo. Las menores fueron incluidas en la lista de las bajas insurgentes. 

La cuestión indígena es otra de las grandes asignaturas por resolver en gran parte del continente. En días recientes la desaparición de Gabby Petito conmovió a la sociedad norteamericana. Los medios de comunicación y las redes sociales se volcaron en la localización del cuerpo de la joven que fue encontrado en una reserva natural de Wyoming. El despliegue, que terminó con el hallazgo del cadáver, disparó una polémica aparentemente sorpresiva cuando centenares de indígenas de ese estado alzaron sus voces pidiendo la misma dedicación y efectividad para más de 700 miembros de su comunidad desaparecidos desde el 2011, cuyos casos nunca han tenido respuesta, ni han centrado el interés de las noticias o siquiera han sido tratados con rigurosidad por parte de los investigadores, según denuncian activistas en defensa de los derechos de estos pueblos. Pero las amenazas contra pobladores indígenas se extienden por todo el continente. Desde Canadá, cuyo gobierno se comprometió a garantizar justicia para mujeres y niñas de etnias originarias que han sufrido esterilización forzada. Apenas quedan lugares en los confines americanos que no reporten las violaciones y crímenes contra activistas que se enfrentan al latrocinio de la explotación minera, forestal y agrícola, en zonas protegidas o reservas naturales haciendo que quienes las pueblen se conviertan en un objetivo a aniquilar. El asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres es uno de los ejemplos más emblemáticos de esta realidad.
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Otro aspecto contemplado con amplitud en el informe de Amnistía es el uso excesivo de la fuerza aplicada por los agentes del orden que se llevó la vida de 3281 personas en Brasil, 1324 en Venezuela y cerca de 1000 en Estados Unidos. No lo tiene fácil los defensores de los derechos humanos, pero tampoco los del colectivo LGTB en Colombia, Estados Unidos, Honduras, Paraguay y Puerto Rico. Los abusos de género, cometidos contra mujeres y miembros de la comunidad homosexual y trans alcanzaron cifras altas en República Dominica, que tiene una de las tasas más altas a nivel mundial en incidencias de este tipo. Otros como México (3752 homicidios de mujeres), Brasil (120 mil reportes de violencia doméstica) o Argentina (298 feminicidios reportados) sirven para dar una idea de la situación de derechos de mujeres y niñas en esta parte del mundo.  

El pasaje evangélico de Juan 8, 1-11 presenta a Jesús enfrentado por escribas y fariseos sobre la condena que debe recibir una mujer acusada de adulterio. Un pecado que suponía la lapidación, castigo que hoy continúa vigente en ciertos modelos radicales del islamismo. Jesús resuelve la situación pidiendo que aquel que esté limpio de toda culpa sea quien lance la primera piedra. Al parecer aquellos religiosos leguleyos eran conscientes de sus problemas y tenían cierto nivel de moderación. No sé como hubieran reaccionado los extremistas de estos tiempos ante una respuesta similar. Y es que, al margen del ejemplo evangélico, no se trata de justificar y guardar silencio ante los abusos y violaciones de derechos cometidos por regímenes y gobiernos específicos, sino que muchas veces la problemática queda constreñida por el perfil ideológico del sistema que reprime o aplica procedimientos injustos y condenables, mientras que aquellos que los confrontan desde la presunción modélica del respeto a la ley y la justicia por ellos asumida, terminan presentando situaciones similares y aún peores. Algo parecido a lo que nos presenta el pasaje de Jesús y la pecadora, acusada por quienes apenas tenían moral para pedir su condena.