Dime de cuánto poder dispones y te diré dónde están tus límites

MIAMI, Estados Unidos.- El asesinato y desaparición del periodista Jamal Khashoggi en la sede consular de Arabia Saudita en Estambul levanta profundo malestar y protestas. No es el único caso que se documenta sobre terrenos diplomáticos convertidos en anexos represivos fuera de las fronteras de estados totalitarios. Lo sucedido hace recordar la denuncia sobre la sede neoyorquina de Irak, donde el régimen de Sadam Hussein mandó a instalar una cámara de tortura y ejecución en el sótano de su oficina diplomática, al parecer desde una época tan temprana como 1979. Según testimonios de funcionarios iraquíes revelados a New York Post, numerosos civiles del país árabe residentes en Estados Unidos fueron secuestrados, llevados a ese tenebroso antro y obligados a colaborar con su retorno “voluntario”. No pocos lo hicieron en pedazos dentro de valijas diplomáticas. Algo que nunca pudo documentarse más allá de los testimonios, tras la entrada de tropas norteamericanas al recinto diplomático en 2003 a la caída del dictador Hussein. Nada más se habló de aquellas denuncias. Pero lo ocurrido por estos días en Estambul parece reafirmar que la propensión a ejercer estos actos al amparo de la inmunidad diplomática es un asunto para no extrañarse.

La diferencia en esta evaporación humana es que la misma tuvo lugar ante los ojos de occidente, sufrido por un periodista asentado en Estados Unidos que trabajaba para una reconocida agencia internacional de prensa. Después de numerosas negativas el príncipe saudita terminó por reconocer lo ocurrido, calificándolo como un error. Así la horrenda pifia terminó sobre los hombros de sus agentes inexpertos que deben estar rezando al Más Grande para no pagar las consecuencias. De hecho, uno de ellos, el oficial Mishal Saad al-Bostani, feneció en un oportuno accidente. Pero ni las reiteradas alegaciones negativas sobre la conexión y hasta las condolencias recibidas por unos de los hijos de Khashoggi, de manos del príncipe heredero, disminuyen la responsabilidad oficial de Riad en el crimen.

El caso Khashoggi ha puesto en evidencia una serie de aspectos preocupantes de la incompatibilidad con el alegato de libertades y derechos que prima en nuestro mundo. El primero de ellos es la desprotección que viven aquellos que se dedican a la peligrosa faena del periodismo, sobre todo cuando su labor se enfoca en los graves problemas que significan corruptelas, violaciones de derechos humanos, crímenes de estado o de organizaciones mafiosas, genocidios o destrucción del medio ambiente en beneficio de intereses financieros poderosos, entre tantos conflictos.

Pero sin dudas la mayor particularidad que evidencia esta tenebrosa noticia no es otra que el nivel de doble moral e hipocresía, solapado por las cortinas de denuncias y condenas, en las relaciones con regímenes de los que se conoce sobre sus records en violaciones de todo tipo, internas y externas. Es la situación de Riad, envuelto en una cruenta campaña bélica en Yemen, donde cometen un descalabro humano comparable al de Siria en cuanto a número de muertes, y una hambruna de cuyas consecuencias catastróficas la ONU apunta al bloqueo sostenido por la coalición encabezada por las fuerzas sauditas. Sin embrago, no es este dantesco cuadro el que ha provocado condenas rotundas contra el aliado productor de petróleo, y prolijo comprador de armas, sino el suceso, condenable por igual, del periodista Khashoggi. El colmo llega cuando países que nutren de armas a su cliente VIP del medio oriente, proponen embargos de armas por el asesinato individual pero no lo hacen por el colectivo. La pregunta entonces es sobre si una muerte, por cruel e injustificable que resulte, pueda pesar más para levantar censuras y amenazas de sanciones.

La trascendencia del hecho fue revelada tempranamente por el gobierno de Turquía en una particular campaña encabezada por el presidente Erdogan. Es de destacar que la voz cantante de esta cruzada sea llevada por el mandatario turco. Si desde un punto de vista resulta lógica su actitud, ante lo inaudito de que se haya producido un acto de tamaña brutalidad en la sede diplomática asentada en su territorio, es llamativo que el denunciante se convierta en adalid contra el acto protagonizado por los servicios de inteligencias saudíes tomando en cuenta su currículo represivo, casi parejo con los violadores árabes, sobre periodistas e informadores. Y que esto ocurra a pocos días del lanzamiento, voluntario o post mortem, de un detenido en un centro de investigación en Caracas, nos lleva ante la oportuna ocurrencia que de alguna manera hace inmoral condenar un hecho y justificar, acallar o simplemente suavizar el otro. Coincidencias que terminan por beneficiar a los victimarios implicados en ambos actos de violencia cruel.

Quizás la mejor explicación para ilustrar la razón de esta actitud venga de las palabras espontáneas (crudamente sinceras) del presidente norteamericano Donald Trump, remiso en un principio a una postura condenatoria hacia su aliado. Lo explicaba así: “Hablé con el príncipe heredero. Me dijo que él y su padre no sabían nada. Y eso fue muy importante”. Esto cuando todavía en Riad mantenían desconocer la desaparición del ciudadano. “No vamos a darle la espalda a Arabia Saudita. No quiero hacer eso”, añadió entonces. “No quiero impedir que enormes cantidades de dinero lleguen a nuestro país. Sé que hablan de distintos tipos de sanciones, pero (los saudíes) están gastando 110.000 millones de dólares en equipo militar y en cosas que generan empleos en este país. No me gusta la idea de frenar una inversión de 110.000 millones de dólares en Estados Unidos.” Es el mismo Trump que días antes en una reacción molesta por la decisión saudita de subir los precios del petróleo, había expresado que el rey de aquel país podría no estar en el cargo en dos semanas sin el apoyo militar de Estados Unidos: “Y yo quiero al rey, al rey Salman, pero le dije: Rey, le estamos protegiendo. Podría no ocupar el cargo en dos semanas sin nosotros.”

Se refería Trump a un gobierno en el que la crítica al monarca puede acabar en acusaciones de blasfemia, insulto a la religión, incitación al caos, hacer peligrar la unidad nacional. Acciones castigadas con arrestos arbitrarios, sin procesos justos, y torturas bárbaras. Un ejemplo es el bloguero Raif Badawi. El Premio Sajarov fue condenado a 10 años de prisión, mil latigazos y una multa por apostasía, entre varios cargos.

Pero el asunto no atañe solo a Trump. Ni el gobierno socialista del PSOE en Madrid queda al margen cuando declara la imposibilidad de unirse al boicot proclamado por socios alemanes y de otros países contra su socio árabe. Se lo impide la presión de los obreros de Navantia, quienes serían afectados por el contrato de fragatas con el reino saudí. Tampoco se lo admiten los que producen las bombas guiadas por rayo láser que muy posiblemente terminarán cayendo en territorio yemení. Y es que los intereses económicos no solo reflejan la actitud de los que perciben las ganancias del negocio, sino hasta de los que dependen de un contrato de trabajo para salir adelante unos pocos años más en sus precarias economías domésticas. La insolidaridad destaca en una carrera que parece ganada por quienes aplauden un modo de liberalismo desquiciado donde el dinero lo determina todo.

Resulta ilustrativo el cálculo hecho por el Instituto por la Paz de Estocolmo sobre la cantidad de armas entregadas por diferentes países al régimen de Riad. Estados Unidos salta como el principal abastecedor de armas del país árabe con 6 980 millones de unidades. Le siguen en el orden Reino Unido (2 029), Francia (291), España (254), Italia (226), Suiza (186), Canadá (129), Alemania (120), Turquía (104) y China (28 millones). Los remilgos por la muerte de un periodista quedan como gesto muerto ante esta realidad. Lo prueban los resultados del foro económico celebrado en Riad en pleno furor condenatorio. Pese a ciertas ausencias en protesta, el saldo final dejó 24 acuerdos por un monto cercano a los 60 mil millones en ganancias para las empresas y gobiernos participantes.

Lamentable todo. Pero lo más penoso es que quienes poseen el poder de los recursos, del dinero, buenos consumidores de armas, aliados declarados sin importar lo reprochable de sus actos, terminen siendo indultados, sin mayor castigo que el escándalo temporal y sin límites para evitar futuras repeticiones. El poder les ofrece la inmunidad para seguir actuando a su arbitrio.