La aguda crisis desatada por miles de menores centroamericanos que han cruzado ilegalmente las fronteras de Estados Unidos, no solo supone un escollo para la aprobación de una ley que regule el estatus de millones de indocumentados que viven en esta nación. El flujo de cubanos que desembarcan en países como Honduras y Guatemala para desde allí llegar a tierras norteamericanas encuentra nuevos tropiezos a la luz del drama de aquellos niños inmersos en la polémica y un futuro más que incierto.
La más reciente cifra de este fenómeno hasta ahora inédito por su tipo y magnitud, indica que 57 000 niños y adolescentes se encuentran detenidos tras cruzar ilegalmente la línea fronteriza entre México y Texas, El éxodo infantil se revierte en un grave problema para la administración demócrata del presidente Obama y sobre todo para los estados afectados por una avalancha ante la que carecen de respuesta económica y jurídica. La administración demócrata se encuentra en una difícil encrucijada, bajo intensa presión de organizaciones de derechos civiles, grupos hispanos que exigen un traro adecuado a los detenidos y la oposición republicana que piden la pronta deportación pero se niega a aprobar financiamiento que ayude a resolver el problema garantizando la atención “humana” a los menores, el refugio, comida y atención sanitaria; así como la devolución de los casos que no califiquen para asilo.
Precisamente una ley aprobada durante la administración de Jorge W. Bush en el 2008 prohíbe la deportación automática de inmigrantes indocumentados menores de edad que lleguen a territorio norteamericano desde países no fronterizos, como es el caso de los niños centroamericanos que por miles ahora cruzan la frontera mexicano-estadounidense. Como si fuera poco el propio partido demócrata tampoco parece estar en completo acuerdo en cuanto a la solución primaria ante este problema.
Muchos critican al presidente Obama la falta a su promesa de una reforma migratoria que resuelva de una vez la situación irregular de doce millones de indocumentados radicados en Estados Unidos, pero lo cierto es que sus oponentes de partido han hecho todo lo posible por frenar la salida de dicho proyecto. Los que esperaban la aprobación confiando en la promesa del presidente demócrata ahora ven alejarse esa posibilidad ante esta oleada migratoria cuya situación significa un peligro mayor para la continuidad del viejo problema aún por resolver.
La crisis provocada por la llegada masiva de los menores de edad es explicada entre varias motivaciones por el ansía de reunificación familiar y el sufrimiento que significa la ausencia total de los padres alejados del hogar. Pero existen muchas otras razones de peso para explicar el éxodo, entre ellas el alto nivel de pobreza en la región y la violencia desatada por agrupaciones delincuentes que utilizan a estos niños o simplemente les matan. Dos realidades que no pueden ser obviadas y que ponen en dificultad a las autoridades del país norteño ante una eventual negativa de asilo a los solicitantes irregulares o la disyuntiva (criticada por agrupaciones humanitarias y jurídicas) de deportarles masivamente a sus lugares de origen.
Aunque la ACNUR ofreció el dato del incremento de solicitudes de asilo en otros países de la región desde el 2009 resalta que sea precisamente en estos momentos en que la administración Obama parecía dispuesta a resolver de una vez el problema de los indocumentados cuando explota este conflicto en cuyo origen no se descarta la complicidad de entidades ajenas a Estados Unidos que también pudieran buscar una salida a sus crisis internas mediante una política que desde hace mucho resolvió con salida similar el gobierno de Cuba.
La otra cara de la moneda de esta crisis migratoria es sus efectos sobre la corriente de cubanos que pisan suelo centroamericano o que pasan por esos territorios desde terceros países buscando el mismo objetivo que los migrantes de la zona. Por estos días se observa un notable aumento en la notificación de isleños detenidos y deportados tras ser sorprendidos en su arribo o paso por tierras centroamericanas hacia el Norte. Solamente por citar una noticia en la primera mitad de julio las autoridades hondureñas devolvieron a Cuba 75 de sus nacionales capturados en diferentes intentos de entrada o desembarques ilícitos.
Es indudable que cualquier medida extrema tomada contra los ilegales de Centro América tendrá una repercusión negativa sobre los cubanos que tratan de llegar a Estados Unidos, haciendo más difícil reclamar que se les mantenga un trato deferencial hacia su situación. Para guatemaltecos, salvadoreños u hondureños la problemática que ellos afrontan en sus países no es más cruda que la soportada por los de la vecina isla caribeña. El hecho de que los antillanos reciban un trato diferente cuando llegan a fronteras norteamericanas por el solo alegato de huir del régimen castrista se hace una razón cada vez menos estimable en las actuales y futuras circunstancias.
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