La inmigración ilegal y el robo de identidad

Es evidente que el tema de las "Migraciones y la Legalidad", tanto en Estados Unidos como en Europa, además de tener mucha actualidad provoca un alto grado de controversia, como lo demuestra la enorme participación que estamos experimentado en ese debate que tiene lugar en la Sección de " Otras Regiones y Temas " en este mismo FORO.

Como ese tema tiene muchas facetas, quiero referirme también a una de ellas que, por aplicarse más bien a Estados Unidos, la publico ahora en esta otra Sección del FORO.

En Estados Unidos, el requisito para poder trabajar es tener un número de Seguro Social con el cual poder hacer la declaración anual al Departamento de Rentas Internas (IRS).

No se puede cuantificar el número de inmigrantes ilegales que utilizan un número de Seguro Social falso para obtener trabajo porque el hecho no suele descubrirse hasta que el inmigrante no paga lo que le corresponde de impuestos o deja de pagar cualquier tarjeta de crédito u otros préstamos obtenidos con la identificación falsa.

En estos casos, la víctima, cuyo número de seguro social ha sido falsificado, se entera del problema cuando le empiezan a llegar solicitudes de pago y demandas. A la víctima le cuesta mucho tiempo y dinero aclarar la situación y demostrar su inocencia.

Aun cuando el inmigrante con identificación falsificada pague sus impuestos, suele hacerlo con un nombre y/o dirección distintos al ciudadano o residente que legítimamente tiene ese número. La administración del Seguro Social calcula que casi 9 millones de personas pagan sus impuestos utilizando un número "equivocado" del Seguro Social. Como muchos de estos casos pueden ser errores inadvertidos (cambio de dirección, cambio de estado marital, etc.) que no implican fraude ni falsificación, el gobierno no toma otra medida que clasificar el caso como irregular (no match), se guarda el dinero, pero no aplica la contribución recibida al dueño legítimo de ese número. Todo queda en el limbo burocrático. De hecho, el Seguro Social no avisa sobre estas irregularidades ni responde a los ciudadanos que tratan de indagar si alguien más está usando su número de identidad. El Seguro Social alega que no cuenta con personal suficiente para enfrentar la lluvia de indagaciones que se produciría si accediera a esto.

La administración del Seguro Social calcula que ha colectado cerca de 500 mil millones de dólares desde 1984 que, por estas razones, no han sido asignados a nadie. No obstante es revelador que en sus informes señalan que la mayoría de los pagos recibidos de forma "irregular" provienen de la industrias agropecuaria, hotelera y gastronómica. Precisamente las industrias que contratan y explotan a muchos inmigrantes que han ingresado o permanecido ilegalmente en el país.

Negar estas realidades y los efectos terribles que causan en las vidas de las víctimas de robo de identidad es una negligencia imperdonable.

Es muy lamentable que las opiniones expresadas en junio de 2010 que los participantes en este FORO pueden leer en el aporte anterior a éste, sigan vigentes 9 años después en una situación de crisis inmigratoria prolongada, con un abrumador flujo de migrantes que, en el caso de Estados Unidos, el actual gobierno trata de restañar frente a innumerables obstáculos que le interponen los intereses creados y las ambiciones políticas, y en el caso de Europa, algunos gobiernos se ven acusados de xenófobos y racistas por tratar de poner barreras ante una situación que ya les resulta insostenible.

Ya sea en Europa y / o en Estados Unidos, vivimos en países fundados en la moral y los principios cristianos. Esta base es buena porque se basa en un concepto de dignidad y derechos humanos. Aunque no depende su aplicación en la religión o el dogma, encuentra sus cimientos en una creencia muy firme de que todas las personas, independientemente de su ciudadanía o estatus, están "hechas a imagen de Dios", lo que significa que todos tenemos un valor intrínseco que merece respeto. Además, estos valores morales promueven la compasión por el extraño con problemas o por las personas necesitadas o desamparadas, y estimulan el amor y la misericordia por todos nuestros hermanos humanos. Dado que estos conceptos colocan a los seres humanos en la cima de cualquier escala de valores, el orden social resultante debe esforzarse por equilibrar el Estado de derecho con el llamado a oponerse a las leyes y sistemas injustos que violan la dignidad humana.

Ya desde 2010, bajo el primer período del Presidente Obama, algunos consideraban que la Ley de Inmigración de Arizona, recien promulgada bajo su gobierno, era injusta porque alegaban que podía promover métodos de perfilado discriminatorio (profiling) y exacerbar el racismo. De hecho, las personas y, sobre todo las autoridades, deben tener mucho cuidado de no promover medidas que puedan tener connotaciones raciales. Sin embargo, quienes defendían esta ley y defienden hoy medidas semejantes, argumentan que el perfil racial está estrictamente prohibido y leyes como ésta no lo promueven sino que se requiere una "sospecha razonable" para detener a alguien y solicitar su identificación. En realidad, el perfilado es un método que aprenden los detectives de los órganos de mantenimiento del orden que facilita su labor para combatir la delincuencia y el crimen.

De hecho, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito de California sostuvo hace ya una década que hay tantos inmigrantes legales o visitantes y ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana que no se puede usar la apariencia racial. Por tanto, la "Sospecha razonable" se usa ampliamente para referirse a una acción de aplicación de la ley basada en un perfilado inicial corroborado por la totalidad de las circunstancias según lo entendido por aquellos versados ​​y capacitados en el campo de la aplicación de la ley.

En Europa, la policía británica aplica lo que llaman "detener y registrar" (stop and search), lo que permite a los agentes de policía buscar armas, drogas, bienes robados, evidencia relacionada con el terrorismo o evidencia de otros delitos relacionados con el público, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó la legalidad del uso de la fuerza para detener y registrar solo en casos de "sospecha razonable" (Sección 44: Terrorism Act 2000). Por lo tanto, lo que significa "sospecha razonable" y cuáles son sus límites queda claro en los protocolos que deben seguir para evitar abusos y es inaceptable que una persona desafíe a los agentes del orden negándose a cooperar en esos casos.

La crisis de inmigración en Europa y América del Norte y la ilegalidad de la situación así creada es consecuencia de políticas corruptas y prácticas abusivas en los países de origen que promovieron la inmigración descontrolada en el pasado y la están llevando a situaciones de verdadera violencia en nuestros días. Es también consecuencia del enorme y jugoso negocio que representa para los traficantes de personas. Los inmigrantes ilegales han sido una presa fácil durante muchos años. Su miedo a las represalias los obligó a aceptar condiciones de trabajo y salarios miserables, y muchas industrias e intereses agropecuarios ganaron mucho dinero con su mano de obra extremadamente barata. Además, y para colmo, estas mismas industrias e intereses promovieron subrepticiamente en los cuerpos legislativos numerosas restricciones que redujeron la inmigración legal de trabajadores a un mero goteo en la mayoría de los países.

La reforma migratoria debe tener en cuenta estos hechos y penalizar fuertemente a las corporaciones y otras empresas que contratan a sabiendas a inmigrantes que carecen de un estatus legal. Además, dicha legislación debe ser coherente con los valores humanitarios y apoyar a las familias y proporcionar un camino hacia la residencia legal y la ciudadanía para los inmigrantes trabajadores y respetuosos de la ley. También debe facilitar la contratación legal de inmigrantes con visas de trabajo solicitadas por sus empleadores de acuerdo con las necesidades de los mercados laborales. Por lo tanto, las vías legales deberían estar fácilmente disponibles para que los trabajadores ingresen al país interesado en contratarlos, y sus derechos y el debido proceso deberían estar completamente protegidos para todos ellos. De hecho, con tal sistema, muchos trabajadores inmigrantes estarían felices de obtener visas transitorias si estuvieran seguros de que pueden ingresar y salir periódicamente del país contratante. Pero, ¿qué ha hecho la legislatura de Estados Unidos para promover una inmigración legal coherente desde 2008 hasta nuestros días? ¡Nada!

Por otro lado, la ilegalidad no se puede tolerar porque los gobiernos tienen el deber de proteger a sus ciudadanos. En los Estados Unidos, por ejemplo, muchos inmigrantes obtienen documentación falsa para trabajar, obtener una licencia de conducir y obtener crédito. El robo de identidad es el aspecto feo de esta práctica. Los falsificadores venden los números de la Seguridad Social a inmigrantes ilegales. Y estos números a menudo pertenecen a otra persona. Algunos usan esos números para pagar sus impuestos, otros no. Un estudio de la Seguridad Social indica que los pagos sin contrapartida legal provienen con mayor frecuencia de las industrias agrícolas, de restaurantes y la industria hotelera y turística. Precisamente aquellas industrias que emplean a la mayoría de los inmigrantes.

Cientos de miles de estadounidenses y residentes estadounidenses están compartiendo sus identidades con inmigrantes ilegales y no lo saben. Al no lidiar directamente con la situación de los trabajadores indocumentados y presionar a los empleadores con severas sanciones por sus políticas de contratación, el gobierno de los Estados Unidos está alentando el robo de identidad. Debemos ser compasivos y comprensivos, pero todos tenemos el deber primordial como sociedad de proteger a los ciudadanos respetuosos de la ley. El robo de identidad es una de las peores pesadillas que alguien pueda experimentar. Muchas personas han visto sus vidas arruinadas por tal práctica. Además, el estado ilegal provoca muchos actos fraudulentos y estafas de crédito que no pueden tolerarse bajo la falsa pretensión de motivos "humanitarios".

También es un hecho que muchos inmigrantes que tienen un estatus ilegal ingresan al oscuro mundo del narcotráfico, mientras que otros podrían ser terroristas. Remontándonos otra vez a 2010, encontramos en las noticias que Anthony J. Tracy, nativo de Virginia, un converso islámico, confesó sus tratos con agentes cubanos en África, para introducir a unos 268 musulmanes de Somalia a través de la frontera mexicana, después de una breve escala en La Habana. ¿Por qué el interés del gobierno totalitario cubano? ¿Lo saben la congresista Ilhan Omar, también de origen somalí, o la congresista musulmana Rashida Tlaib? Cabe preguntarse también cuántos más habrán entrado ilegalmente en estos 9 años. Y cuántos entre ellos odian a Estados Unidos y van con el propósito de hacer daño.

Además, no es una exageración que los inmigrantes que ingresan ilegalmente a cualquier país lo hagan en detrimento de que otros sigan el camino legal. Los inmigrantes legales ven sus perspectivas retrasadas por períodos más largos, se les da su trabajo a quienes aceptan salarios más bajos y peores condiciones laborales, y muchas de las oportunidades de "hacer el sueño americano" se pierden para aquellos que se han visto relegados descaradamente por quienes emplean medios ilegales.

Nuestra compasión e incluso nuestro propio interés económico dictan un trato justo a todos los inmigrantes y oportunidades adecuadas para aquellos que tienen algo que ofrecer a los países que los reciben. Por otro lado, incluso aquellos inmigrantes culpables de haber cometido delitos deben ser tratados con el máximo respeto por sus derechos humanos. Eso es lo mínimo que cabe esperar de una sociedad respetuosa de la ley.

De hecho, es un error promover campañas para bloquear sistemáticamente cualquier tipo de leyes diseñadas para prevenir la ilegalidad de las prácticas de inmigración. No obstante, también es correcto oponerse a las leyes abusivas. En síntesis, debemos estar a favor de leyes que promuevan a los inmigrantes legales, así como el trato humano a quienes han cometido actos ilegales. Pero la legalidad es imprescindible en cualquier sociedad civilizada para prosperar.

Estados Unidos ha reaccionado, como otros países, a la epidemia del Covid-19 cerrando sus fronteras a todo inmigrante o visitante extranjero. Evidentemente, esto detendrá el fenómeno de los extranjeros que ingresaban ilegalmente al país y lo mismo sucederá con la oleada migratoria ilegal que azotaba Europa. Por tanto, el Covid-19 se ha convertido en un trágico elemento que ha logrado imponer el orden del flujo migratorio.

Pero el problema de la ilegalidad migratoria persiste porque tanto en Estados Unidos como en Europa hay millones de personas que radican en esos países sin ser residentes ni ciudadanos. La actual epidemia los coloca ahora en una situación insostenible porque su condición de inmigrantes ilegales no les favorece para recibir ayuda del Estado en una situación donde la mayoría de los centros de trabajo están cerrando y hay una cuarentena impuesta a todos los servicios que no sean indispensables. En Estados Unidos y en algunos paíes europeos, por ejemplo, se están aprobando medidas de emergencia para subsidiar a los asalariados cuyos centros de trabajo hayan cerrado y a las empresas que han tenido que suspender sus operaciones. Pero es necesario contar con documentos de identidad que justifiquen la reclamación de ayuda o asistencia.

Esto plantea un problema a las organismos migratorios de Estados Unidos, cuya autoridad depende del gobierno federal pero es desafiada por los gobiernos de algunos Estados y municipios. Sobre todo porque en la actual situación de crisis el robo de identidad no se limitará sólo a los maleantes y delincuentes sino que puede tentar a muchos que en su desesperación no vean otro recurso posible para enfrentar esta crisis que el comercio ilegal de licencias de conducir y de otros instrumentos de identidad, incluyendo la apropiación de un número de Seguro Social que no les pertenece.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia investigativa más grande del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) están a cargo de proteger la seguridad nacional al hacer cumplir las leyes de inmigración y aduana de la nación. Una de las prioridades primordiales de HSI en dicha misión es luchar contra el fraude de documentos de identificación, incluyendo el comercio ilegal en el mercado negro de licencias de conducir emitidas fraudulentamente y de números de Seguro Social que pertenecen a otras personas.

El fraude de documentos es un grave delito que suele perjudicar a personas decentes y respetuosas de la ley, a la vez que abre el camino para crímenes más graves, incluyendo los siguientes:

• Robo de identidad;
• Contrabando y tráfico de personas;
• Actividad de pandillas;
• Fraude financiero;
• Fraude hipotecario y de crédito;
• Terrorismo y otras amenazas a la seguridad nacional.

De hecho, todo esto ha estado sucediendo a niveles crecientes de delincuencia, a medida que el flujo migratorio ilegal iba creciendo exponencialmente. La Unidad de Fraude de Identidad y Beneficios de HSI es responsable de identificar, desestabilizar y desmantelar operaciones de fraude de documentos y merece la cooperación de todos los ciudadanos y de las autoridades estatales y municipales para que puedan poner freno a esta tendencia delictiva.

Entre otros motivos de alarma, ICE subraya la conexión que existe entre estas actividades fraudulentas y los DMVs: «HSI ha identificado un número de ocasiones en las cuales empleados de los departamentos de vehículos motorizados estatales (DMVs) explotaron sus posiciones para vender documentos de identificación emitidos por el DMV por ganancias financieras. Estos empleados tienen acceso a las herramientas y tecnología—computadoras, cámaras, laminadoras, sellos gubernamentales y fichas oficiales—que le permiten crear documentos impecables que pueden pasar fácilmente como documentos legítimamente emitidos. Organizaciones criminales y terroristas valoran estos documentos fraudulentamente emitidos de alta calidad.»

Esta situación se complica porque existen más de 200 tipos de licencias de conducir en Estados Unidos. Esto ha facilitado actividades terroristas en el pasado, entre la cuales destaca, en particular, el caso del grupo islámico responsable de los espantosos ataques del 9/11. La Comisión encargada de investigarlos reportó que los 19 secuestradores involucrados en los ataques del 9/11 pudieron obtener un total de 26 documentos de identificación emitidos por DMVs estatales, casi todos por medios fraudulentos. Por consiguiente, los terroristas pudieron moverse libremente entre la población estadounidense, evadir sospechas y esconder sus motivos y lugares de residencia.

Hay infinidad de ejemplos de robo de identidad responsable de actos delictivos y, en la mayoría de los casos, se trata de personas que no cuentan con documentación legal en el país. Según reporta ICE, limitándonos aquí a citar sólo los casos de New York y Massachusetts como ejemplos: «HSI ha investigado muchos casos de fraude de identidad y documentos involucrando organizaciones criminales, clientes y empleados de DMVs, resultando en enjuiciamientos penales.

Éxitos recientes incluyen los siguientes:

• En Nueva York, HSI y el DMV de Nueva York utilizaron un programa de reconocimiento facial para identificar a individuos que utilizaron identidades múltiples para obtener licencias de conducir del estado de Nueva York. El esfuerzo continúa, resultando en 388 arrestos hasta la fecha.
• En Massachusetts, un empleado del Registro y Vehículos Motorizados y un criminal previamente convicto y deportado fueron condenados por conspirar para emitir licencias de conducir de Massachusetts a individuos no cualificados. Los clientes, los cuales incluyeron criminales que cometieron delitos graves e individuos previamente deportados, pagaron USD $4,000 por las licencias de conducir obtenidas fraudulentamente.»

La legítima reacción de las autoridades frente a este desorden como fuente de actividades delictivas no es una novedad de la actual administración sino que se remonta al siglo pasado, aunque con amplios períodos de permisividad como el que se experimentó durante la anterior administración, durante la cual el flujo de inmigrantes que ingresaban al país ilegalmente aumentó considerablemente. No obstante, en febrero de 2008, un año antes de tomar posesión el Presidente Obama, el Secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, afirmó que:

«... el robo de identidad no solo es un delito según las leyes de inmigración, sino que es un delito que daña a personas reales.

Permítanme darles algunos ejemplos específicos de la vida real de lo que hemos hecho en el último año respecto de medidas de coacción de empleadores y en los lugares de trabajo de empleados. El 7 de febrero de este año, 57 inmigrantes ilegales fueron arrestados durante una operación de coacción en el lugar de trabajo realizada en Universal Industrial Sales en Lindon, Utah. El ICE envió aproximadamente 30 casos a la Fiscalía del Condado de Utah para su enjuiciamiento penal por delitos como robo de identidad, falsificación y fraude de documentos. Y el Fiscal Federal también reveló dos acusaciones formales que acusaban a una empresa y a su director de recursos humanos de alojar a extranjeros ilegales o alentarlos a permanecer ilegalmente en los Estados Unidos.

En enero de este año, un tribunal federal condenó a un ex director de recursos humanos de una planta avícola en Butterfield, Missouri por alojar a un extranjero ilegal e inducir a un extranjero ilegal a ingresar y residir en los Estados Unidos. Bajo estatutos federales, esta persona enfrenta un máximo de 10 años de prisión sin libertad condicional. Otro empleador formal recientemente se declaró culpable de robo de identidad agravado. Un total de 136 inmigrantes ilegales fueron arrestados como parte de esta investigación sobre robo de identidad, fraude a la seguridad social y violaciones relacionadas con la inmigración en la planta.»

Y así siguió dando datos alarmantes que involucran a miles de personas que permanecen ilegalmente en el país.

Baste para terminar, citar lo que dijo el Secretario de Justicia Michael B. Mukassey en esa misma conferencia de prensa:

«La seguridad de nuestras fronteras plantea problemas que son integrales para nosotros como nación. La capacidad de controlar quién y qué entra y sale de un país es uno de los atributos más importantes de un gobierno soberano, y el poder hacerlo es vital para la seguridad de nuestra nación.»

Esta es una realidad que no sólo se aplicaba en aquellos días sino que el país está obligado a reafirmarla en tiempo presente.