En los esfuerzos que realizan para impedir que el ex Presidente Trump pueda participar como candidato presidencial, sus enemigos están enarbolando una de las partes menos estudiadas de la Constitución de los Estados Unidos, abriendo procesos que están a punto de desatar en el país un torbellino de venganza política. Un torbellino que puede perjudicar a ambos partidos según sea el que está en el poder y la interprete a su modo.
La Corte Suprema, sin embargo, tiene la potestad de bloquear esta tendencia desestabilizadora, desestimando la actual interpretación de quienes impulsan esta campaña.
La Sección 3 de la 14ª Enmienda, que es la cláusula que esgrimen para la descalificación del candidato, fue diseñada originalmente para castigar a los rebeldes de la Guerra Civil y generalmente ha quedado marginada por irrelevante de los procedimientos judiciales desde que se regresó a la normalidad tras la contienda que dividió al país. En los últimos meses, sin embargo, ha sido desempolvada por algunos académicos y expertos juristas para ser esgrimida por activistas y funcionarios Demócratas que alegan que prohíbe que el ex Presidente Donald Trump sea uno de los candidatos, debido a su alegado papel en los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. En otras palabras, lo condenan por "insurrección" sin haber sido encontrado culpable de ese delito en ningún tribunal.
No obstante, la Corte Suprema del Estado de Colorado ya ha concluido sin un juicio previo que el ex Presidente Trump participó en una insurrección y, por lo tanto, está descalificado bajo la Sección 3.
La Secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, hizo un "hallazgo" similar y otros esfuerzos encaminados a descalificar al candidato están en marcha en otros Estados, incluidos Nueva York, California y Pensilvania.
Por consiguiente, involucrada en esta campaña, la Corte Suprema de Estados Unidos acordó escuchar el caso estableciendo un inusual cronograma acelerado, fijando una audiencia para el 8 de febrero.
El texto de la Sección 3 es amplio y abierto, y debe interpretarse con cautela, dicen varios expertos constitucionales. Un somero examen de los miles de páginas de textos legales, académicos e históricos sobre el tema demuestra que la enmienda estaba encaminada a castigar una sublevación armada que pretendía la división del país mediante la secesión de varios Estados.
Además, el análisis de los registros históricos sugiere que la cláusula fue escrita prácticamente sin prevenir las posibles consecuencias de interpretaciones marginales de cómo podría aplicarse fuera del contexto de la Guerra Civil, una "bomba sin explotar que quedó latente en la Constitución", según afirma uno de los expertos.
Su aplicación en el contexto electoral abriría una Caja de Pandora de procedimientos legales que frenarían y entorpecerían la libertad de expresión y manifestación que hasta ahora era un derecho reconocido a quienes protesten por hechos que ellos consideren injustos o ilegítimos.
Históricamente, estas manifestaciones son pacíficas, pero ocasionalmente se encienden las pasiones que provocan conatos de violencia. Toca a las autoridades controlar la fogosidad popular y castigar mediante estrictos procedimientos legales a quienes hayan cometido flagrantes delitos de agresión o vandalismo. Estos hechos no son una "insurrección" sino que siempre se han calificado como "disturbios" en los que se castiga el "vandalismo", el "allanamiento de la propiedad" o el "desacato o agresión a la fuerza pública". De lo contrario, la acción de las autoridades se convierte en abuso de poder y venganza política. Peligrosamente, un primer paso hacia una dictadura.
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