En los últimos 10 o 12 años se han ido acumulando irregularidades en el proceso electoral de Estados Unidos que se reafirmaron y agravaron con las medidas "de emergencia" tomadas supuestamente "para facilitar" las elecciones debido a la pandemia, por la cual se justificaron esas y otras medidas autoritarias impuestas a la nación.
En particular, estas "medidas de emergencia" que se proclamaron como transitorias durante la crisis causada por la pandemia, han seguido vigentes en muchos Estados a pesar de que ya no tienen razón de ser.
Todo esto ha dado lugar a numerosas demandas presentadas en los tribunales de diversos Estados con el propósito de sanear las tantas irregularidades que han prevalecido en las elecciones celebradas en los últimos años, sobre todo como resultado de los esfuerzos realizados por los amantes de la democracia para sanear los padrones electorales de diversos Estados de la nación y ciertas normas establecidas en los últimos años que pudieran facilitar el fraude y causar la incertidumbre y la duda en los votantes sobre la limpieza del proceso electoral.
Entre los muchos casos donde la acción legal obligó a depurar los patrones electorales, se incluyen el Estado de Florida donde ese proceso de limpieza borró a más de 50,000 personas que habían fallecido y que permanecían en las listas de votantes (de hecho se han probado algunos casos de personas que votaron identificándose con los nombres de personas fallecidas); o en California, donde la presión de los demandantes logró un acuerdo fuera de corte por el cual se procedió a eliminar de esas listas a más de 1,600,000 votantes "inelegibles". Lo mismo ha sucedido, en mayor o menor medida en Missouri, West Virginia, Ohio e Indiana, y quizás en otros Estados de los que no he recibido información.
En cuanto a la obligación de presentar una identificación apropiada, se ganaron casos en corte en Pennsylvania y Carolina del Sur. En Maryland, una decisión de corte obligó que las autoridades electorales permitieran a los investigadores el escrutinio de los patrones electorales, a lo que se habían negado por mucho tiempo.
Finalmente, hace apenas unos días, Judicial Watch ha obtenido un resonado triunfo en la demanda presentada en Colorado para obligar a las autoridades electorales de ese Estado a depurar los padrones electorales de votantes inelegibles.
Entre otras cosas, el Estado de Colorado había añadido poco más de 250,000 votos a sus padrones electorales en 2020 al permitir que las personas a las que se les daba una licencia de conducir quedaran automáticamente registrados para votar. El resultado del fallo de la corte sobre la demanda de Judicial Watch en ese Estado ha dado lugar a que 306,303 personas que figuraban en esas listas hayan sido depuradas por "inelegibles". Antes de la depuración, los votantes registrados sumaban 4,244,210 ciudadanos. Esto quiere decir que los votantes inelegibles representaban ¡más del 7% de los votantes!
Además, hay una demanda todavía en proceso en Illinois que denuncia el hecho de que las autoridades del Estado hayan permitido el conteo de votos emitidos por correo y recibidos una y hasta dos semanas después del cierre del proceso electoral.
Todas estas batallas legales NO son una estrategia partidista sino de saneamiento destinado a recuperar las normas de limpieza electoral que eran proverbiales en este país. Esas irregularidades son sumamente nocivas porque pueden afectar tanto a un partido como al otro, según tengan uno u otro más o menos control de los funcionarios electorales, ya que pudieran adulterar los resultados, tanto a favor como en contra de cualquier partido, y perjudicar gravemente la confianza de los votantes. Además, facilitan el fraude, aunque pueda argumentarse que no se haya cometido sistemáticamente en ninguna ocasión. Eso hay que probarlo y tarde o temprano se sabrá.
En otras palabras, esas irregularidades debilitan el proceso democrático, adulteran el mecanismo electoral y había que repararlo. Poco a poco se está logrando.
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