La justicia de doble rasero precede a los sistemas totalitarios
- Gerardo E. Martínez-Solanas
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La justicia de doble rasero precede a los sistemas totalitarios
31 Aug 2022 20:36 - 31 Aug 2022 20:38
Cuando un gobierno autoritario es entronizado en el poder como resultado de un proceso centralizador (incluso cuando ocurre a través de un sistema electoral democrático), es muy probable que se desvíe gradualmente hacia una dictadura a través de la aplicación de un doble rasero en el sistema de justicia, así como cuando la gestión legislativa abandone la negociación para imponer decisiones unilaterales por mayoría simple.
Lo peor de la ecuación es caer en una doble moral, aplicando un doble rasero en los procedimientos judiciales, porque esta práctica se convierte en una herramienta ideal para llevar a cabo la venganza política o para sofocar los mecanismos de oposición o protesta. Esto sucede cuando la fiscalía responde a los intereses del partido en el poder y los jueces abandonan su imparcialidad para adoptar posiciones politizadas.
Ningún país es inmune a este insidioso deslizamiento hacia la dictadura. Particularmente si el partido en el poder logra influir o incluso controlar la prensa y los medios de comunicación hasta el punto de dedicarse a ocultar o distorsionar esta erosión continua del Estado de derecho.
Esta es la trágica realidad que estamos viendo actualmente en Estados Unidos.
La bufonada convertida en motín en el Capitolio el 6 de enero de 2021 se está representando en los medios y están presentándola los fiscales en el sistema judicial como evidencia de un movimiento insurreccional de derecha (o incluso fascista). Sin embargo, los fiscales a cargo de traer a juicio a esos alborotadores de un día no pudieron descubrir ningún revolucionario armado o plan de derrocamiento del gobierno, más allá de los delitos de intrusión ilegal y/o daños a la propiedad del gobierno. De hecho, la manifestación fracasó por completo en su objetivo de protestar por lo que consideraban fraude electoral. Lo que los disturbios realmente lograron fue proporcionar un pretexto para que la facción neosocialista –la llamada "progresista"–, que poco a poco está ganando el control del país, tomara duras represalias contra los manifestantes, militarizara la capital de la nación con alambre de púas y movilizara decenas de miles de tropas federales, la mayor cantidad desde la Guerra Civil. ¡Ah, pero no estamos en guerra!
Desafortunadamente, a los cientos de detenidos, la mayoría de ellos arrestados días después de los disturbios, no se les han otorgado los derechos procesales que son comunes en estos casos. Muchos han estado encarcelados durante más de 18 meses sin juicio, y hay múltiples casos de abusos, tanto físicos como mentales, con el supuesto propósito de someterlos a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpables de los cargos sin ir a juicio, como única solución para dar por terminado su calvario.
Un buen ejemplo de lo que está sucediendo lo da Joseph McBride, el abogado de Christopher Quaglin, señalando que ha estado detenido durante más de 18 meses en la cárcel regional de Northern Neck mientras espera el juicio y no está recibiendo una dieta especial o atención médica adecuada para su enfermedad celíaca, una condición autoinmune que puede causar grave daño al intestino delgado si se consumen alimentos que contienen gluten.
Hay muchas acusaciones de abuso de los derechos humanos de los acusados del 6 de enero, y este informe es solo uno de cientos de casos semejantes. En otros casos se revela que los presos bajo custodia federal han sido agredidos físicamente por los guardias de la prisión, se les niega comida saludable y/o se les niega atención médica esencial. En realidad, el abogado McBride comparó las condiciones de los prisioneros del 6 de enero con las de los musulmanes acusados de terrorismo y recluidos en las cárceles militares de la Base de Guantánamo, alegando que los reclusos son detenidos en confinamiento solitario hasta 24 horas al día y tratados con extrema dureza por los funcionarios y guardias de la cárcel como "terroristas domésticos".
En notable contraste, los alborotadores de Antifa y Black Lives Matter no eran bufones de un solo día. De hecho, en el verano de 2020, durante la campaña electoral presidencial que desembocó en la victoria de Joe Biden, planearon una serie de disturbios violentos y mortales en todo el país durante un período de más de cuatro meses. Más de 35 personas murieron como resultado de sus prácticas terroristas, se perdieron $2 mil millones en robos y daños a la propiedad y numerosos oficiales de policía resultaron heridos, algunos graves.
Sin embargo, la gran mayoría de los detenidos por estos actos de terrorismo criminal probado fueron sumariamente puestos en libertad. Muchos más en los que menores estaban involucrados, finalmente fueron liberados de la corte de familia y enviados a casa, mientras que otros recibieron sentencias por delitos menores como allanamiento de morada, que no redundan en una condena de prisión. Además, los tribunales y los fiscales en cada uno de estos casos actuaron con rapidez; ningún detenido permaneció bajo custodia durante meses ni, mucho menos, durante más de 18 meses.
¿Qué otra interpretación puede darse que no sea el uso flagrante de un doble rasero por parte del sistema jurídico?
Si todo esto no fuera suficiente para condenar lo que está sucediendo, también hay que tener en cuenta el hecho de que, entre otras cosas, tales manifestantes violentos incendiaron la icónica Iglesia Episcopal de San Juan y otros intentaron abrirse paso e irrumpir violentamente en los terrenos de la Casa Blanca. Su violenta agresión obligó al Servicio Secreto a evacuar al Presidente Trump a un búnker seguro por temor a su vida.
Sin lugar a dudas, hay un doble rasero en este juego Se están violando los derechos humanos y se está erosionando la equidad en el sistema judicial.
Lo peor de la ecuación es caer en una doble moral, aplicando un doble rasero en los procedimientos judiciales, porque esta práctica se convierte en una herramienta ideal para llevar a cabo la venganza política o para sofocar los mecanismos de oposición o protesta. Esto sucede cuando la fiscalía responde a los intereses del partido en el poder y los jueces abandonan su imparcialidad para adoptar posiciones politizadas.
Ningún país es inmune a este insidioso deslizamiento hacia la dictadura. Particularmente si el partido en el poder logra influir o incluso controlar la prensa y los medios de comunicación hasta el punto de dedicarse a ocultar o distorsionar esta erosión continua del Estado de derecho.
Esta es la trágica realidad que estamos viendo actualmente en Estados Unidos.
La bufonada convertida en motín en el Capitolio el 6 de enero de 2021 se está representando en los medios y están presentándola los fiscales en el sistema judicial como evidencia de un movimiento insurreccional de derecha (o incluso fascista). Sin embargo, los fiscales a cargo de traer a juicio a esos alborotadores de un día no pudieron descubrir ningún revolucionario armado o plan de derrocamiento del gobierno, más allá de los delitos de intrusión ilegal y/o daños a la propiedad del gobierno. De hecho, la manifestación fracasó por completo en su objetivo de protestar por lo que consideraban fraude electoral. Lo que los disturbios realmente lograron fue proporcionar un pretexto para que la facción neosocialista –la llamada "progresista"–, que poco a poco está ganando el control del país, tomara duras represalias contra los manifestantes, militarizara la capital de la nación con alambre de púas y movilizara decenas de miles de tropas federales, la mayor cantidad desde la Guerra Civil. ¡Ah, pero no estamos en guerra!
Desafortunadamente, a los cientos de detenidos, la mayoría de ellos arrestados días después de los disturbios, no se les han otorgado los derechos procesales que son comunes en estos casos. Muchos han estado encarcelados durante más de 18 meses sin juicio, y hay múltiples casos de abusos, tanto físicos como mentales, con el supuesto propósito de someterlos a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpables de los cargos sin ir a juicio, como única solución para dar por terminado su calvario.
Un buen ejemplo de lo que está sucediendo lo da Joseph McBride, el abogado de Christopher Quaglin, señalando que ha estado detenido durante más de 18 meses en la cárcel regional de Northern Neck mientras espera el juicio y no está recibiendo una dieta especial o atención médica adecuada para su enfermedad celíaca, una condición autoinmune que puede causar grave daño al intestino delgado si se consumen alimentos que contienen gluten.
Hay muchas acusaciones de abuso de los derechos humanos de los acusados del 6 de enero, y este informe es solo uno de cientos de casos semejantes. En otros casos se revela que los presos bajo custodia federal han sido agredidos físicamente por los guardias de la prisión, se les niega comida saludable y/o se les niega atención médica esencial. En realidad, el abogado McBride comparó las condiciones de los prisioneros del 6 de enero con las de los musulmanes acusados de terrorismo y recluidos en las cárceles militares de la Base de Guantánamo, alegando que los reclusos son detenidos en confinamiento solitario hasta 24 horas al día y tratados con extrema dureza por los funcionarios y guardias de la cárcel como "terroristas domésticos".
En notable contraste, los alborotadores de Antifa y Black Lives Matter no eran bufones de un solo día. De hecho, en el verano de 2020, durante la campaña electoral presidencial que desembocó en la victoria de Joe Biden, planearon una serie de disturbios violentos y mortales en todo el país durante un período de más de cuatro meses. Más de 35 personas murieron como resultado de sus prácticas terroristas, se perdieron $2 mil millones en robos y daños a la propiedad y numerosos oficiales de policía resultaron heridos, algunos graves.
Sin embargo, la gran mayoría de los detenidos por estos actos de terrorismo criminal probado fueron sumariamente puestos en libertad. Muchos más en los que menores estaban involucrados, finalmente fueron liberados de la corte de familia y enviados a casa, mientras que otros recibieron sentencias por delitos menores como allanamiento de morada, que no redundan en una condena de prisión. Además, los tribunales y los fiscales en cada uno de estos casos actuaron con rapidez; ningún detenido permaneció bajo custodia durante meses ni, mucho menos, durante más de 18 meses.
¿Qué otra interpretación puede darse que no sea el uso flagrante de un doble rasero por parte del sistema jurídico?
Si todo esto no fuera suficiente para condenar lo que está sucediendo, también hay que tener en cuenta el hecho de que, entre otras cosas, tales manifestantes violentos incendiaron la icónica Iglesia Episcopal de San Juan y otros intentaron abrirse paso e irrumpir violentamente en los terrenos de la Casa Blanca. Su violenta agresión obligó al Servicio Secreto a evacuar al Presidente Trump a un búnker seguro por temor a su vida.
No es sorprendente que la prensa comprometida se encogiera de hombros. Era de esperarse que The New York Times elogiara alegremente los graves disturbios en los terrenos de la Casa Blanca con este titular sarcástico: "Trump se encoge" (“Trump Shrinks Back”).
Sin lugar a dudas, hay un doble rasero en este juego Se están violando los derechos humanos y se está erosionando la equidad en el sistema judicial.
Last edit: 31 Aug 2022 20:38 by Gerardo E. Martínez-Solanas.
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