VENEZUELA: No a un golpe, sí a la desobediencia civil

La conferencia que tuvo lugar en Florida International University el lunes 30 de abril entabló serias discusiones sobre Venezuela y otros regímenes que representan una peligrosa amenaza para la seguridad hemisférica. El grupo de oradores fue diverso. Hablaron académicos de todo tipo de orientaciones, así como funcionarios de la Administración actual y administraciones anteriores, demócratas y republicanas.

Parecía haber consenso en cuanto a que Venezuela es un narco estado y una dictadura que nunca estará dispuesta a renunciar al poder por vías legales. Se reconoció que el gobierno tiene conexiones con elementos dudosos y estados canallas. También se expresó preocupación de que China y Rusia pudieran aumentar su presencia en el hemisferio occidental aliándose con Venezuela.

Nunca antes había habido un reconocimiento de estos problemas por ambos lados del espectro político. Si bien la conferencia fue pacífica y civilizada, hubo diferencias de opiniones y enfoques.

Uno de estos desacuerdos se centró en la idea de un golpe de estado militar como una posible solución a la crisis venezolana. Esta opción fue mencionada por Juan Cruz, quien es director de la Casa Blanca para América Latina y asistente especial del presidente. Cruz cree en la legitimidad de un golpe militar dada una clausula en la constitución venezolana (artículo 350) que establece que “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”.

Roger Pardo Maurer, ex subsecretario de Defensa de la administración del ex presidente George W. Bush, apoyó el argumento de Cruz al afirmar que él siempre estuvo opuesto a un golpe de Estado, pero en las circunstancias actuales, tal golpe se llevaría a cabo con el objetivo de devolver la libertad y la democracia al pueblo venezolano. Frank Mora, subsecretario de defensa bajo la administración del ex presidente Barack Obama, rechazó la opción de golpe militar al afirmar que el ejército no es un agente de cambio democrático. El profesor Eduardo Gamarra de FIU también desechó esta ruta porque envía un mensaje equivocado y sienta un peligroso precedente para el futuro.

Pardo Maurer esta en lo correcto en el sentido de que la situación actual en Venezuela es tal que la democracia no existe. Sin embargo, Mora y Gamarra también tienen razón cuando afirman que un golpe militar puede llevar a una violencia indefinida y eventualmente podría legitimar el uso del golpe en situaciones futuras.

En este momento, las Fuerzas Armadas constituyen el pilar que sostiene al régimen de Nicolás Maduro. Altos oficiales de las Fuerzas Armadas ocupan la mitad de los puestos del gabinete y controlan una buena parte de la economía venezolana, incluidas unas 20 empresas estatales. Según informes, los sueldos de los altos oficiales militares son muy altos, pero los que tienen un rango de coronel o inferior ganan aproximadamente lo mismo que el resto de la población.

Por lo tanto, los oficiales de rango medio y abajo están sufriendo las mismas dificultades e inanición que el resto de la población, particularmente aquellos que tienen bajos rangos. Un sargento venezolano apuntólo siguiente: “En este país nadie está bien, excepto la cúpula chavista. Quien piense que estamos mejor por ser militares, está equivocado. No tenemos qué comer. Y todos pagamos por el error de un sistema que no ha sabido reconocer a quienes disienten, a quienes piensan diferente, y eso es discriminatorio”

Esta es la razón por la cual los oficiales de las fuerzas armadas recientemente comenzaron a hablar más abiertamente sobre su descontento y hasta ha habido rumores de que podría haber una insurrección militar. Por lo tanto, el régimen de Maduro ha recurrido a una táctica que se venido practicando en Cuba desde hace mucho tiempo: arrestó al azar a oficiales con el objetivo de infundir miedo entre las fuerzas armadas. En marzo, el régimen de Maduro arrestó a un general retirado, un ex ministro del Interior (Miguel Rodríguez Torres) y unos 20 comandantes del ejército. Algunos de los arrestados han sido incluso partidarios incondicionales del régimen.Por la misma razón, cientos de oficiales y otros han ya solicitado retirarse del ejército. Este fenómeno está creando preocupación entre las élites políticas y militares venezolanas que temen perder importantes recursos humanos. Cruz cree que estos desarrollos son muy alentadores. Sin embargo, estas expresiones de descontento no han sido suficientes para quebrantar a los militares como la principal fuerza de sostén del régimen. De hecho, la rebelión encabezada por el Capitán Juan Caguaripano en agosto pasado fue efectivamente sofocada. Del mismo modo, Oscar Pérez, un ex piloto de policía forense que atacó el Ministerio del Interior venezolano desde un helicóptero en junio pasado, fue asesinado por las fuerzas de seguridad venezolanas en enero pasado. Si esas rebeliones fallaron y si aun un sustancial número de oficiales de rango medio y bajo obedecen las órdenes de sus superiores, esto significa que la disidencia es insuficiente. Si el gobierno aun dispone del control del grueso del ejército, el golpe no es una opción viable. La Administración de los Estados Unidos ha impuesto sanciones a individuos venezolanos responsables de violaciones de derechos humanos y otros delitos. Estas sanciones han afectado a políticos, jueces, funcionarios del consejo electoral y algunos oficiales del ejército. Hasta ahora, 44 individuos han sido sancionados, incluido el mismo Maduro. A las sanciones de Estados Unidos se le sumaron las de otros países, particularmente de la Unión Europea. Sin embargo, estas sanciones están lejos de ser suficientes. Las sanciones deberían aplicarse a toda la dirección política del partido gobernante y a todos los oficiales que están por encima del rango de coronel. El objetivo debe ser expandir aún más el descontento entre las Fuerzas Armadas y obligar a los oficiales a darse cuenta de que el barco del régimen está zozobrando. Si aumentamos las sanciones hasta el punto de quebrantar al ejército venezolano, no será necesario un golpe de estado. Si los oficiales leales a Maduro se percatan de que continuar apoyando al régimen ya no sirve sus intereses, buscaran formas de abandonar la nave chavista. Es en esta situación donde incluso se les podría ofrecer incentivos mediante perdones, amnistías u otros tipos de estímulos.

Si se apoya un golpe de estado, es probable que este termine en el fracaso o en un gran baño de sangre.

El objetivo debería ser que las Fuerzas Armadas abandonen a Maduro y esto debería continuarse mediante la instalación de un gobierno civil de transición, no militar.

El ejemplo que se me viene a la mente es la destitución en 1986 del dictador filipino, Ferdinand Marcos. En aquel caso, a medida que el levantamiento popular se intensificó, generales de alto poder en el ejército desertaron, incluyendo al vice-comandante en jefe del ejército (Fidel Ramos), así como al propio ministro de defensa de Marcos (Juan Ponce Enrile).

En Filipinas, la rebelión militar se unió y siguió la corriente general de desobediencia civil. La disidencia del ejército se sujetó a la rebelión popular y no al revés. Los militares no actuaron como un cuerpo separado que buscaba su propio interés. La deserción de altos oficiales militares persuadió al gobierno de que no podría continuar en el poder. No hubo un golpe militar en las Filipinas sino un movimiento social al cual los militares se adhirieron. Esto es el escenario que debe fomentarse en Venezuela.

Es por eso que no debemos perder más tiempo con sanciones graduales. Debemos aplicar ya sanciones demoledoras contra el aparato de poder venezolano.